(Libertad Digital) A las irregularidades en el operativo de vigilancia de la casa de Morata de Tajuña se unen muchos documentos remitidos ahora al Congreso y que se centran en la relación ETA-islamistas como solicitó el Partido Popular. Estos son algunos de los informes requeridos que han sido registrados para su estudio en la comisión. Algunos, como el cerco a El Tunecino, están fechados el 22 de septiembre, es decir hace tan sólo una semana.
1. LA RELACIÓN ENTRE PRESOS ETARRAS E ISLAMISTAS. Ahora se niega en parte. Los informes de Instituciones Penitenciarias remitidos al Congreso sostienen que ningún encarcelado por el 11-M ha tenido relación con internos de ETA. Señala este documento que los cuatro imputados por los atentados del 11-M que coinciden en prisión con reclusos de ETA no han mantenido "ninguna relación" con estos últimos, según "observación directa y constante por los funcionarios". Se precisa que los imputados por estos hechos que coinciden con presos etarras en los centros penitenciarios en los que están ingresados son Abdelilah El Faoual, Saed El Harrak, Fouad El Morabit y Raúl González Peláez.
Los tres primeros están internados en el centro penitenciario Madrid II (Alcalá Meco), mientras que el último fue ingresado en la prisión de Madrid V (Soto del Real). Los otros doce imputados que permanecen en no han coincidido con presos de ETA, según el informe.
Eso sí, un segundo documento señala que Antonio Toro Castro, cuñado del ex minero José Emilio Suárez Trashorras, en prisión por facilitar presuntamente los explosivos al grupo autor del 11-M, coincidió con dos miembros de ETA durante su estancia en la prisión de Villabona (Asturias) entre el 27 de enero y el 20 de diciembre de 2001. Toro Castro, detenido en relación con los atentados de Madrid e imputado en la causa, pero que quedó en libertad después de declarar en la Audiencia Nacional, compartió módulo en el citado centro penitenciario con los miembros de ETA Asier Uribarri Benito y Aratz Gómez Larrañaga. El primero fue condenado en junio de 2000 a siete años y medio de cárcel por haber facilitado la información atentar contra la Compañía Petronor en Muskiz (Vizcaya) en 1997. El segundo fue sentenciado a 18 años de cárcel por el intento de robo de una máquina troqueladora en Irún en 1999.
Los tres primeros están internados en el centro penitenciario Madrid II (Alcalá Meco), mientras que el último fue ingresado en la prisión de Madrid V (Soto del Real). Los otros doce imputados que permanecen en no han coincidido con presos de ETA, según el informe.
Eso sí, un segundo documento señala que Antonio Toro Castro, cuñado del ex minero José Emilio Suárez Trashorras, en prisión por facilitar presuntamente los explosivos al grupo autor del 11-M, coincidió con dos miembros de ETA durante su estancia en la prisión de Villabona (Asturias) entre el 27 de enero y el 20 de diciembre de 2001. Toro Castro, detenido en relación con los atentados de Madrid e imputado en la causa, pero que quedó en libertad después de declarar en la Audiencia Nacional, compartió módulo en el citado centro penitenciario con los miembros de ETA Asier Uribarri Benito y Aratz Gómez Larrañaga. El primero fue condenado en junio de 2000 a siete años y medio de cárcel por haber facilitado la información atentar contra la Compañía Petronor en Muskiz (Vizcaya) en 1997. El segundo fue sentenciado a 18 años de cárcel por el intento de robo de una máquina troqueladora en Irún en 1999.
2. LA CARTA DEL ETARRA IÑAKI DE JUANA CHAOS BUSCANDO INTÉRPRETE. Como ya publicó El Mundo, el etarra Iñaki de Juana Chaos, ex jefe del grupo “Madrid” remitió una carta en 1998 desde la prisión de Melilla en la que pedía a una amiga que se enterase de si en San Sebastián había algún traductor de árabe.
Pedía también direcciones de medios de comunicación marroquíes y argelinos. "Sobre todo me interesan los más integristas". Tal y como detalló el 1 de junio el diario El Mundo, el ex jefe etarra le decía a su amiga que "Marruecos alguna vez dice algo, pero de una forma muy tenue" pero "si los integristas quisieran, los españoles echaban a correr de aquí en una semana, igual que echaron a correr del Sahara".
Pedía también direcciones de medios de comunicación marroquíes y argelinos. "Sobre todo me interesan los más integristas". Tal y como detalló el 1 de junio el diario El Mundo, el ex jefe etarra le decía a su amiga que "Marruecos alguna vez dice algo, pero de una forma muy tenue" pero "si los integristas quisieran, los españoles echaban a correr de aquí en una semana, igual que echaron a correr del Sahara".
3. LOS PROETARRAS EN IRAK Y LA RELACIÓN CON GRUPOS ISLAMISTAS. Tampoco en esto hay novedades. Lo dijo el diario “Corriere de la Sera”. Pero hay muchas matizaciones. En otro de los documentos, la Comisaría General de Información de la Policía asegura que "se conoce" el viaje a Bagdad de 25 personas de organizaciones próximas al denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) el día 16 de marzo de 2003, en vísperas del inicio de la guerra de Irak. Pese a que el MLNV es lo mismo que ETA –es la base del entramado etarra hasta en los sumarios de Garzón– el informe explica que esas personas formaban parte de la denominada "brigada solidaria desde Euskal Herria”.
El resto de informes sobre la relación ETA-islamistas está repleto de contradicciones. Se dice que del estudio de la documentación incautada a ETA en los últimos años "no se ha encontrado la mínima referencia a una hipotética relación de la banda terrorista con grupos radicales islamistas”. Según recoge la agencia EFE, tanto la Policía como la Guardia Civil, en sendos informes, no tienen constancia de la posible veracidad de la información del diario italiano "Corriere della Sera" sobre la participación de militantes de ETA en Bagdad ni en el asesinato en la capital iraquí de siete agentes del CNI.
El artículo del diario italiano fue citado en los debates de la comisión 11-M por el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, quien hizo otras referencias al entrenamiento de miembros de ETA en campos de Afganistán o a su posible participación en la Intifada palestina. En el caso del supuesto entrenamiento en Afganistán, las Fuerzas de Seguridad del Estado afirman que no tienen constancia de esos hechos, ni tampoco de la participación de militantes de ETA en la Intifada palestina.
Pero llegan los detalles: La Policía señala que en los últimos años responsables del área internacional de la extinguida Batasuna han mantenido contactos con representantes del Movimiento de Liberación Nacional Palestino contactos "que se enmarcan en el apoyo que tradicionalmente ha brindado la izquierda 'abertzale' en pro de la independencia del pueblo palestino".
4. LA PISTA DE LOS EXPLOSIVOS Y EL NARCOTRÁFICO. En este punto, o el fiscal general del Estado o la Guardia Civil no dicen toda la verdad. Si este lunes, Conde Pumpido dijo que no se investigó a fondo al clan de Avilés porque los informes de la Guardia Civil eran genéricos e inconcretos y la Policía no pidió actuación, los documentos remitidos al Congreso vienen a decir justo lo contrario. Eso sí, con matices: como lo del tráfico de explosivos no funcionaba, probaron con el narcotráfico. Esa es la explicación. La Guardia Civil no consiguió que la fiscalía pidiera escuchas telefónicas ni registros domiciliarios de Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras por su posible implicación con el contrabando de explosivos, por lo que trató de conseguir esos permisos –al parecer es más fácil– investigando la relación de éstos con el tráfico de drogas.
Se acordó entonces que el confidente Rafá Zohuier avisara a los agentes cuando tuviera noticia de algún próximo viaje de los sospechosos con drogas a Asturias, "pasando varias semanas sin novedades porque al parecer el confidente había dejado de informar sobre dicho asunto". Aún así, en uno de los controles montados al efecto, fue detenido Antonio Toro, procediéndose al registro de sus propiedades con resultado negativo. Dice el informe que se siguió investigando hasta octubre, "no aportando datos de interés para el asunto que nos ocupa quedando, para dinamizarlas, a la espera de nuevas actividades que pudieran encaminarlas hacia la vía judicial".
Por otra parte, otro informe de la Guardia Civil detalla que no se pudo practicar ningún análisis pericial de la muestra de explosivo facilitada por Antonio Toro a Rafá Zohuier y que éste entregó a su controlador de la UCO. Según este informe, sólo se realizó un estudio visual de la misma por los servicios especializados en explosivos de la Comandancia de Madrid, "dado su mal estado de conservación y escaso valor identificativo, procediéndose posteriormente a su destrucción". Además, la Guardia Civil y la Policía dicen que nunca recibieron ninguna denuncia del abogado Carlos Alberto Tejera en relación con la existencia de un depósito de dinamita destinada a ETA.
El artículo del diario italiano fue citado en los debates de la comisión 11-M por el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, quien hizo otras referencias al entrenamiento de miembros de ETA en campos de Afganistán o a su posible participación en la Intifada palestina. En el caso del supuesto entrenamiento en Afganistán, las Fuerzas de Seguridad del Estado afirman que no tienen constancia de esos hechos, ni tampoco de la participación de militantes de ETA en la Intifada palestina.
Pero llegan los detalles: La Policía señala que en los últimos años responsables del área internacional de la extinguida Batasuna han mantenido contactos con representantes del Movimiento de Liberación Nacional Palestino contactos "que se enmarcan en el apoyo que tradicionalmente ha brindado la izquierda 'abertzale' en pro de la independencia del pueblo palestino".
4. LA PISTA DE LOS EXPLOSIVOS Y EL NARCOTRÁFICO. En este punto, o el fiscal general del Estado o la Guardia Civil no dicen toda la verdad. Si este lunes, Conde Pumpido dijo que no se investigó a fondo al clan de Avilés porque los informes de la Guardia Civil eran genéricos e inconcretos y la Policía no pidió actuación, los documentos remitidos al Congreso vienen a decir justo lo contrario. Eso sí, con matices: como lo del tráfico de explosivos no funcionaba, probaron con el narcotráfico. Esa es la explicación. La Guardia Civil no consiguió que la fiscalía pidiera escuchas telefónicas ni registros domiciliarios de Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras por su posible implicación con el contrabando de explosivos, por lo que trató de conseguir esos permisos –al parecer es más fácil– investigando la relación de éstos con el tráfico de drogas.
Se acordó entonces que el confidente Rafá Zohuier avisara a los agentes cuando tuviera noticia de algún próximo viaje de los sospechosos con drogas a Asturias, "pasando varias semanas sin novedades porque al parecer el confidente había dejado de informar sobre dicho asunto". Aún así, en uno de los controles montados al efecto, fue detenido Antonio Toro, procediéndose al registro de sus propiedades con resultado negativo. Dice el informe que se siguió investigando hasta octubre, "no aportando datos de interés para el asunto que nos ocupa quedando, para dinamizarlas, a la espera de nuevas actividades que pudieran encaminarlas hacia la vía judicial".
Por otra parte, otro informe de la Guardia Civil detalla que no se pudo practicar ningún análisis pericial de la muestra de explosivo facilitada por Antonio Toro a Rafá Zohuier y que éste entregó a su controlador de la UCO. Según este informe, sólo se realizó un estudio visual de la misma por los servicios especializados en explosivos de la Comandancia de Madrid, "dado su mal estado de conservación y escaso valor identificativo, procediéndose posteriormente a su destrucción". Además, la Guardia Civil y la Policía dicen que nunca recibieron ninguna denuncia del abogado Carlos Alberto Tejera en relación con la existencia de un depósito de dinamita destinada a ETA.
Esta supuesta célula, se añade en el documento, tendría entre otros fines "la captación de nuevos miembros y financiación de fondos económicos para organizaciones fundamentalistas islámicas y de ámbito internacional" por lo que se estableció "el oportuno dispositivo de vigilancias y seguimientos que se hacían de forma esporádica y breve, dadas las extremas medidas de seguridad que adoptaban los vigilados". El informe reconoce "observaciones telefónicas" autorizadas por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que ordenó su finalización el pasado 16 de abril a instancia de la Brigada Provincial de Información.
La Policía sostiene en el escrito que ni de la investigación policial, ni de las observaciones telefónicas, "en ningún momento se pudo establecer el carácter de las actividades delictivas de la supuesta célula terrorista y mucho menos de la génesis de un atentado terrorista". Pese a ello, según el documento, "siempre persistió" el interés policial no sólo de "El Tunecino", sino del resto del grupo y, en consecuencia, "nunca se levantó el operativo policial".