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De la Vega confirma que se anulará también el delito de subvencionar a partidos ilegalizados

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, dijo que la posición del PSOE a la reforma del Código Penal que impulsó el anterior gobierno "es un hecho conocido y no tiene porque tener incidencia en ningún tipo de acuerdo". Se refiere al Pacto Antiterrorista. La mención está justificada ya que la proposición de Ley orgánica anunciada por Zapatero incluirá acabar también con el delito de subvencionar a los partidos ilegalizados por pertenecer a ETA. Ello afectará a la eficacia en la aplicación de la Ley de Partidos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, dijo que la posición del PSOE a la reforma del Código Penal que impulsó el anterior gobierno "es un hecho conocido y no tiene porque tener incidencia en ningún tipo de acuerdo". Se refiere al Pacto Antiterrorista. La mención está justificada ya que la proposición de Ley orgánica anunciada por Zapatero incluirá acabar también con el delito de subvencionar a los partidos ilegalizados por pertenecer a ETA. Ello afectará a la eficacia en la aplicación de la Ley de Partidos.
(Libertad Digital) De la Vega recordó que la postura del Partido Socialista sobre la reforma del Código Penal, que entró en vigor a finales de 2003 y tipifica como delito la convocatoria ilegal de referendos y la financiación pública a partidos ilegalizados por su relación con el terrorismo, "es un hecho conocido y no tiene porque tener incidencia en ningún tipo de acuerdo".
 
La citada reforma entró en vigor el pasado 27 de diciembre de 2003 introduciendo los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis. Los dos primeros se refieren a las consultas populares ilegales y a los que participen como interventores o faciliten de alguna manera un proceso electoral fruto de una consulta ilegal. Pero el tercero, el 576 bis, estaba orientado claramente a impedir la acción de partidos ilegalizados, problema que subsiste con la presencia en el Parlamento de Vitoria del grupo de Batasuna. Ahora se sabe ya que tamabién en este punto se dará marcha atrás.

De la Vega subrayó que "el PSOE en la oposición ya anunció que si ganaba las elecciones procedería a derogar esta reforma", que fue impulsada por el grupo parlamentario del PP en el Senado. Parece que el hecho de que se aprovechara la tramitación en el Senado de la Ley de Arbitraje para introducir vía enmienda esta modificación, es la causa de que el Gobierno ahora decida anularla, sin atender a los efectos que perseguía y que están contemplados en el Pacto Antiterrorista.
 
La ley de Partidos, sin eficacia
 
En declaraciones a Libertad Digital , el portavoz del CGPJ Enrique López explicó que lo discutible no es si se deroga una ley o no: “el problema –dice el portavoz–es que no se busque una alternativa”. En referencia a la convocatoria ilegal de referendos, la reforma del anterior gobierno venía a paliar ese y otros vacíos. La vuelta a la situación anterior con los problemas abiertos –principalmente el Plan Ibarrretxe– deja abierta la puerta a ataques contra la democracia.
 
Enrique López resume la preocupación ante la decisión del Gobierno en una pregunta: “Y si se hace un referéndum ilegal ¿cuál es la consecuencia?”.
 
En cuanto a la eliminación del delito de subvencionar a formaciones políticas o plataformas ilegalizadas por su relación con organizaciones terroristas, el primer efecto es, explica López, “que resta eficacia a otra norma, la Ley de Partidos”, que se queda sin un instrumento necesario para su correcta aplicación. Lo cierto es que jurídicamente no se puede hablar de un conflicto ya que se trata de una norma penal frente a otra civil pero prácticamente viene a anular su propósito: evitar que el dinero público termine en manos de organizaciones terroristas.

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