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Noticia publicada el 25-10-2004
L D (EFE) La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha tomado diversas medidas organizativas y disciplinarias en orden a extremar el control sobre los internos imputados en delitos de terrorismo islamista y sobre otros en cuya conducta pueda haber indicios de fundamentalismo o radicalismo. Antes de la realización de las medidas acordadas, que se han puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional, esta Dirección General manifiesta a través de un comunicado que todos los estudios y actuaciones respetarán los derechos constitucionales, legales y penitenciarios, salvo las limitaciones legítimas con arreglo a la Ley y doctrina del Tribunal Constitucional.
Las medidas incluyen aislamientos, cambios de destino, informe de incidentes y más control de comunicaciones, entre otras. Así, desde la Dirección General se ha ordenado la aplicación del artículo 75 del Reglamento Penitenciario a todos los detenidos por su implicación en la última operación contra este tipo de terrorismo. Este artículo supone que estos internos están en situación de aislamiento, con restricción de movimientos, control de comunicaciones y contacto con otros reclusos.
Además, como acusados de pertenencia o colaboración con banda armada, se les aplica un régimen diferente al resto de los reclusos y se les controlan las comunicaciones y las visitas. Asimismo, se ha propuesto el cambio de destino de los internos relacionados con el terrorismo islamista, vinculados al 11-M.
Las medidas incluyen aislamientos, cambios de destino, informe de incidentes y más control de comunicaciones, entre otras. Así, desde la Dirección General se ha ordenado la aplicación del artículo 75 del Reglamento Penitenciario a todos los detenidos por su implicación en la última operación contra este tipo de terrorismo. Este artículo supone que estos internos están en situación de aislamiento, con restricción de movimientos, control de comunicaciones y contacto con otros reclusos.
Además, como acusados de pertenencia o colaboración con banda armada, se les aplica un régimen diferente al resto de los reclusos y se les controlan las comunicaciones y las visitas. Asimismo, se ha propuesto el cambio de destino de los internos relacionados con el terrorismo islamista, vinculados al 11-M.
Entrevistas a directores
También se ha ordenado a la Subdirección General de Inspección Penitenciaria un informe minucioso en el que se analicen los incidentes protagonizados por internos musulmanes radicales en todos los centros penitenciarios en los últimos años, al objeto de tener una perspectiva histórica de la evolución de los mismos. La Dirección General está desarrollando rondas de entrevistas con directores de centros en los que hay mayor presencia de internos extranjeros para recabar una información directa y permanente sobre la situación de los mismos. Aunque se da la circunstancia de que Gallizo hizo una depuración de cargos en las cárceles este mismo mes y podría darse el caso de que los nuevos directores no tengan esa información al acabar de incorporarse.
Prisiones ha ordenado a los directores que se controle cualquier posición de liderazgo que se produzca dentro de estos grupos y que se intensifiquen las medidas de control y observación. En la Dirección General se ha formado un grupo de coordinación, integrado por la Inspección Penitenciaria, la Subdirección General de Seguridad y la Subdirección General de Gestión que, bajo la supervisión de la directora general, propondrá en su caso diversas medidas entre las que no se descarta una reubicación de estos internos.
El PSOE culpa al PP de la situación en las cárceles
En estos términos se expresó el diputado del PSOE Alvaro Cuesta, miembro de la comisión de investigación de los atentados del 11-M, quien compareció ante los periodistas para respaldar las medidas que la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha adoptado para reforzar el control sobre los internos islamistas en las cárceles españolas.
Según explicó, con esta iniciativa Gallizo está tratando de solucionar el "desaguisado" de la "nefasta" gestión del PP en las prisiones, por falta de medios e inversiones y carencia de nuevos centros pese al hacinamiento en las actuales instalaciones. Alvaro Cuesta hizo hincapié en que fue el Gobierno del PP quien concentró en la prisión salmantina de Topas a reclusos islamistas, el que no investigó la "permanente reunión" de islamistas en algunos centros penitenciarios y el que tampoco profundizó en la investigación de los motines ocurridos entre 2002 y 2003.
