Menú

Educación pagará 220.000 euros por 22 informes voluntarios sobre la reforma

El Ministerio que dirige María Jesús San Segundo ha prometido a las asociaciones y sindicatos que componen el Consejo Escolar del Estado agradecer con 10.000 euros sus informes no remunerados con las propuestas para la próxima reforma educativa. El Gobierno no ha hecho ningún contrato y pagará sin facturas, circunstancia que puede vulnerar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

(Libertad Digital) La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, ha prometido a cada una de las 22 asociaciones y sindicatos que componen el Consejo Escolar del Estado una retribución de 10.000 euros, como pago por sus informes y propuestas para la próxima reforma educativa.
 
El Ministerio acordó verbalmente las remuneración de estos 220.000 euros, ya que, según publica el diario El Mundo en la edición de este domingo, no hubo entre las partes ningún tipo de contrato, ni hay facturas con las que justificar esta cantidad que genera pago de impuestos.
 
La ex ministra de Educación, Pilar del Castillo, en declaraciones a La Mañana de la COPE no ocultó su sorpresa y aseguró que “es un caso para nota, veremos como lo justifica”.
 
Después de que muchas de estas asociaciones y casi todos los sindicatos hicieran oposición al Gobierno PP por la aprobación de la polémica Ley de Calidad de la Educación, la política de "diálogo y buen talante" promulgada por José Luis Rodríguez Zapatero llevó a la ministra de Educación a solicitar, a cambio de gratificaciones, a las 22 organizaciones que componen el Consejo Escolar de Estado otros tantos informes con propuestas para la nueva reforma educativa.
 
Esta petición de la ministra es a todas luces sospechosa, ya que el trabajo de estas organizaciones se presupone voluntario y todas sus aportaciones en materia de enseñanza no universitaria deben hacerse al Ejecutivo sin que medie ningún tipo de remuneración.
 
Esta promesa económica del Ministerio de Educación puede vulnerar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según la cual la elaboración de este tipo de informes debe estar regulada por un contrato de consultoría y asistencia y que, además, debe adjudicarse mediante un concurso público. La mayoría de organizaciones ya tiene terminado su estudio y esperan que el Gobierno formalice el pago en las próximas semanas.

Temas

En Sociedad

    0
    comentarios