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La querella había sido presentada por la fiscalía, por un delito de desobediencia a una orden del Tribunal Supremo, ante la negativa de Atutxa a disolver el grupo de la antigua Batasuna. Además de Atutxa y los miembros de la Mesa Gorka Knorr (EA) y Kontxi Bilbao (EB/IU), la querella se amplió a los miembros de la Junta de Portavoces del Parlamento vasco Joseba Egibar(PNV), Rafael Larreina(EA) y Anttón Morcillo (SA).
Los parlamentarios basaron su defensa en que el Reglamento del Parlamento no permitía disolver SA sin modificar este texto, cambios que son competencia de la Cámara.
La fiscalía puede recurrir en el Supremo el archivo de la causa.
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