LD (Europa Press) En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Teresa Fernández de la Vega recordó que la proposición de ley aprobada en el Parlamento sólo permite a las comunidades autónomas complementar las pensiones no contributivas mediante ayudas al transporte, a la vivienda, etc., en tanto que se mantiene la unidad de las pensiones contributivas en todo el Estado. Esto, dijo, es lo que estaba vigente antes de que el Gobierno del PP modificara la ley en la pasada legislatura, y lo que defiende el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia.
"Vamos a abordar el tema con la Generalidad de Cataluña bilateralmente y al más alto nivel para que esas ayudas se puedan reconducir a la parte asistencial", insistió la vicepresidenta, que añadió que las ayudas del Gobierno catalán son equivalentes al importe de la pensión nacional después de la subida aplicada por el Ejecutivo socialista.
Después de escuchar estas palabras, la consellera de Bienestar y Familia, Anna Simó, ha defendido, en declaraciones a Europa Press, el derecho de la Generalitat a ofrecer ayudas "asistenciales" a las pensiones de viudedad porque el Gobierno catalán "tiene competencias exclusivas" en materia de asistencia social, puntualizó. La titular catalana de Bienestar ha negado que con la oferta de estas ayudas "estemos vulnerando la legalidad" y ha señalado que la Generalidad "no invade competencias propias del Gobierno".
El Gobierno catalán abrió el jueves la convocatoria para el nuevo complemento de viudedad que pueden solicitar las personas viudas con pensiones más bajas, con un límite de ingresos de 7.600 euros al año, 200 más que el año pasado Los beneficiarios de esta prestación, que se prevé que sean 120.000 personas, pasarán a cobrar 432 euros anuales, lo que representa un incremento de 72 euros respecto a 2004.