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Noticia publicada el 13-02-2005
L D (Agencias) El Gobierno quiere limitar algunas de las propuestas de competencias que recoge el borrador del Estatuto de Cataluña, sobre todo a las que se refieren a una nueva financiación autonómica o a un mayor control del poder judicial.
El Gobierno, según publica El País, ha puesto condiciones a la reforma del Estatuto y ha exigido a la Generalidad que el nuevo texto no sirva como instrumento para modificar leyes orgánicas que deben materializarse a través de leyes generales y, en el caso del Senado, de la reforma constitucional.
El Gobierno, según publica El País, ha puesto condiciones a la reforma del Estatuto y ha exigido a la Generalidad que el nuevo texto no sirva como instrumento para modificar leyes orgánicas que deben materializarse a través de leyes generales y, en el caso del Senado, de la reforma constitucional.
Ni cupo a la vasca ni más competencias
Según la noticia, el Ejecutivo ha utilizado la visita del ministro de Administraciones Públicas a Barcelona el pasado martes para precisar, por vez primera, las condiciones de su apoyo a la reforma estatutaria.
En este sentido, ha trasladado a Maragall que leyes orgánicas como la del Poder judicial, la del Régimen Electoral o la Financiación de las Comunidades Autónomas no podrían modificarse a través del Estatuto, tal y como pretende el grupo de trabajo integrado por todos los partidos catalanes.
En el ámbito de la financiación, el Gobierno sostiene que no aceptará vincular los ingresos de la Generalidad a la capacidad fiscal de Cataluña, que supondría crear un "cupo a la vasca", según la versión del rotativo.
También se opone a la pretensión del Gobierno autonómico de asumir todas las competencias compartidas hasta ahora con el Estado y que no le han sido atribuidas específicamente por la ley.
El Ejecutivo recurre a El País para dar a conocer sus condiciones
Todas estas reservas que se han hecho públicas tras la filtración a El País, se plantean después de conocerse el borrador del Estatuto en el que está trabajando el Instituto de Estudios Catalanes, que fue enviado a Madrid para consultar su constitucionalidad. Hasta ahora, Zapatero se había limitado a señalar que la reforma de los Estatutos deberá contar con un amplio consenso e inscribirse en el marco de la Constitución.
Donde sí que está dipuesto a ceder el Gobierno y rebasar los planes iniciales del PSOE sería en la inclusión en la Constitución del término "nacionalidad" para referirse a Cataluña.
