L D (Agencias) Fuentes de la Fiscalía han explicado a la agencia EFE que, al mismo tiempo, han elevado al fiscal General del Estado un informe sobre el organismo competente para investigar la presunta destrucción y robo de material informático en el distrito Macarena, de la capital sevillana, que constituía la segunda denuncia presentada la semana pasada por el PP andaluz.
Las presuntas irregularidades en Sanlúcar se refieren a la resolución de diciembre de 2004 realizada por el Ayuntamiento presidido por Juan Escámez (PSOE), al recalificar unos terrenos que posteriormente fueron comprados por una empresa participada por dos sobrinos del ex presidente del Gobierno Felipe González. Según la denuncia del PP ante el Fiscal General, la operación para aumentar la edificabilidad de la parcela supuso un beneficio de 1.350.000 euros para la empresa propietaria, que inicialmente adquirió el terreno por 780.000 euros.
Esta denuncia, que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos, ha sido encomendada a uno de los tres fiscales especialistas en Diligencias de Investigación, frente a la decisión de la fiscal jefe, María José Segarra, de dirigir personalmente dos de las otras tres diligencias abiertas por las facturas falsas en el Ayuntamiento de Sevilla.
Las presuntas irregularidades en Sanlúcar se refieren a la resolución de diciembre de 2004 realizada por el Ayuntamiento presidido por Juan Escámez (PSOE), al recalificar unos terrenos que posteriormente fueron comprados por una empresa participada por dos sobrinos del ex presidente del Gobierno Felipe González. Según la denuncia del PP ante el Fiscal General, la operación para aumentar la edificabilidad de la parcela supuso un beneficio de 1.350.000 euros para la empresa propietaria, que inicialmente adquirió el terreno por 780.000 euros.
Esta denuncia, que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos, ha sido encomendada a uno de los tres fiscales especialistas en Diligencias de Investigación, frente a la decisión de la fiscal jefe, María José Segarra, de dirigir personalmente dos de las otras tres diligencias abiertas por las facturas falsas en el Ayuntamiento de Sevilla.
En cuanto a la destrucción de material informático, fue denunciada por el ex secretario del distrito Macarena José Marín en su comparecencia ante la fiscal jefe como imputado, cuando aseguró que presenció personalmente esos hechos tras abandonar Carmelo Gómez (PSOE) el cargo de delegado del distrito. Marín, que dimitió en marzo pasado al conocerse el caso de las facturas falsas, manifestó que presenció en marzo de 2002, a su llegada al distrito, que "funcionarios eventuales" destruían "toda clase de documentos y facturas".
Un segundo robo de datos, según el PP, ocurrió en marzo de 2004 y afectó a material relativo al libramiento de 600.000 euros por el distrito Macarena en vísperas de las elecciones municipales de ese mes. Las fuentes de la Fiscalía no quisieron precisar cuál es el sentido de su informe al Fiscal General, que había pedido una valoración sobre el órgano competente para investigar estos hechos: la Fiscalía Anticorrupción, como solicitó el PP, o la propia Fiscalía hispalense.
Por otra parte, el juzgado de instrucción 15, a quien ha correspondido la primera denuncia de la Fiscalía por las facturas falsas contra el ex concejal José Antonio Marín y otras cuatro personas, aún no se ha pronunciado oficialmente sobre su admisión a trámite, pero los funcionarios han comenzado a numerar sus 320 folios y a separar las declaraciones y las pruebas documentales, según dijeron a Efe fuentes judiciales.