L D (Agencias) En declaraciones a los medios de comunicación, Rumí expresó su deseo y su convicción de que el PP se sumará al Pacto porque "debe abandonar la línea de confrontación" y trabajar junto al resto de los agentes políticos y sociales para conseguir un acuerdo que garantice que la inmigración sea espacio de convivencia y que "la xenofobia y el racismo no tengan lugar en nuestro país".
En el mismo sentido, una decena de asociaciones de inmigrantes ofrecieron una rueda de prensa conjunta y reclamaron que ese Pacto de Estado se alcance "cuanto antes" para facilitar la integración y evitar "la utilización partidista de la emigración tanto en España como en los países de origen". Estas asociaciones calificaron de éxito el proceso de regularización y calcularon que quedarán unos 400.000 extranjeros sin papeles, por lo que pidieron que se dé aplicación inmediata a la reagrupación familiar contemplada en el reglamento de extranjería, así como a las vías de arraigo social y laboral. Según el reglamento, el arraigo laboral no empezará a aplicarse hasta el 7 de agosto y los inmigrantes regularizados no podrán pedir la reagrupación de sus familiares hasta el momento en que renueven su permiso, dentro de un año.
En el mismo sentido, una decena de asociaciones de inmigrantes ofrecieron una rueda de prensa conjunta y reclamaron que ese Pacto de Estado se alcance "cuanto antes" para facilitar la integración y evitar "la utilización partidista de la emigración tanto en España como en los países de origen". Estas asociaciones calificaron de éxito el proceso de regularización y calcularon que quedarán unos 400.000 extranjeros sin papeles, por lo que pidieron que se dé aplicación inmediata a la reagrupación familiar contemplada en el reglamento de extranjería, así como a las vías de arraigo social y laboral. Según el reglamento, el arraigo laboral no empezará a aplicarse hasta el 7 de agosto y los inmigrantes regularizados no podrán pedir la reagrupación de sus familiares hasta el momento en que renueven su permiso, dentro de un año.
Zaplana denuncia un "efecto llamada evidente"
El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, volvió a arremeter en rueda de prensa en el Congreso contra el proceso de regularización de trabajadores inmigrantes al considerar que "se le va a volver en contra" al Gobierno socialista y generará "muchos problemas en el futuro". A su juicio, "los resultados son los que son" porque el Ejecutivo entró en el proceso "sin ningún tipo de cálculo previo, a ciegas", con lo que se ha provocado "un efecto llamada evidente".
El portavoz parlamentario de CiU, Josep Antonio Durán i Lleída, se mostró también convencido de que Europa no está de acuerdo con el proceso y consideró que si algún país está satisfecho con la regularización es porque "en la medida en que pudiera tener un contingente de personas sin papeles, hoy ya no están en su país" por "el efecto llamada" hacia España.
Sin embargo, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, volvió a insistir en Granada en el éxito de un proceso tras el cual ha quedado sólo "una parte pequeña de economía sumergida" y reiteró que esta semana se presentará a los agentes sociales el plan específico de inspecciones laborales. Caldera subrayó que la "pequeña minoría" de empresarios que no ha regularizado a sus trabajadores "debe ser tajantemente perseguida" e insistió en que los inmigrantes que no hayan podido acogerse al proceso "podrán legalizar su situación en el país acogiéndose a los criterios de arraigo social, laboral o razones humanitarias", aunque quien quede fuera de esos supuestos "deberá ser repatriado".
Por su parte, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, recordó que por el momento sólo 21.000 peticiones de las casi 700.000 presentadas no han sido admitidas a trámite y destacó que el ritmo de afiliaciones en mayo ronda las 3.500 diarias.
El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, volvió a arremeter en rueda de prensa en el Congreso contra el proceso de regularización de trabajadores inmigrantes al considerar que "se le va a volver en contra" al Gobierno socialista y generará "muchos problemas en el futuro". A su juicio, "los resultados son los que son" porque el Ejecutivo entró en el proceso "sin ningún tipo de cálculo previo, a ciegas", con lo que se ha provocado "un efecto llamada evidente".
El portavoz parlamentario de CiU, Josep Antonio Durán i Lleída, se mostró también convencido de que Europa no está de acuerdo con el proceso y consideró que si algún país está satisfecho con la regularización es porque "en la medida en que pudiera tener un contingente de personas sin papeles, hoy ya no están en su país" por "el efecto llamada" hacia España.
Sin embargo, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, volvió a insistir en Granada en el éxito de un proceso tras el cual ha quedado sólo "una parte pequeña de economía sumergida" y reiteró que esta semana se presentará a los agentes sociales el plan específico de inspecciones laborales. Caldera subrayó que la "pequeña minoría" de empresarios que no ha regularizado a sus trabajadores "debe ser tajantemente perseguida" e insistió en que los inmigrantes que no hayan podido acogerse al proceso "podrán legalizar su situación en el país acogiéndose a los criterios de arraigo social, laboral o razones humanitarias", aunque quien quede fuera de esos supuestos "deberá ser repatriado".
Por su parte, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, recordó que por el momento sólo 21.000 peticiones de las casi 700.000 presentadas no han sido admitidas a trámite y destacó que el ritmo de afiliaciones en mayo ronda las 3.500 diarias.