LD (Europa Press) Así se pone de manifiesto en el borrador del Plan de Vivienda 2005-2008 que el Departamento de María Antonia Trujillo presentó este martes a los directores generales de las comunidades autónomas, en un encuentro que da inicio a un periodo de consultas y debate entre la Administración Central y los Gobiernos regionales.
El Plan de Vivienda 2005-2008 tiene como objetivo invertir más dinero en fomentar la política del alquiler que en el de compra de casas, y se espera que el próximo mes de junio el Consejo de Ministros autorice los objetivos y los gastos.
Vivienda de precio concertado
En concreto, Vivienda propone en el nuevo plan la creación de la vivienda de precio concertado, cuya superficie será similar a la que cuenta una VPO (90 metros cuadrados útiles), pero con un precio y unos requisitos salariales de acceso diferentes a las de la vivienda de protección. Asimismo, aboga por la edificación de este tipo de casas en régimen de alquiler y de compra.
El Gobierno financiará este tipo de vivienda desde la urbanización del suelo y se destinará a aquellas familias españolas que por sus rentas anuales no pueden acceder a una VPO, pero tampoco pueden comprar una casa en el mercado libre. Según datos del Ministerio de Vivienda, el 80 por ciento de las VPO's van a parar a manos de los ciudadanos con ingresos cercanos a 2,5 veces el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (IPREM), el antiguo salario mínimo.
La VPO se podrá vender pero no elegir su precio ni el comprador
Otra de las novedades que incluye el borrador es la clasificación de la VPO durante toda su vida útil. Así, el Gobierno plantea flexibilizar las condiciones de transmisión de la vivienda, de manera que el propietario pueda venderla al cambiar sus necesidades habitacionales, pero endurece los requisitos del proceso de venta de la casa.
En concreto, propone que la VPO no se pueda vender en un periodo de 10 años posterior a su concesión, frente a los 15 años de media que regulan todas las comunidades autónomas, excepto por motivos justificados como movilidad laboral, víctimas de violencia de género o terrorismo o la modificación del número de miembros de la familia.
A partir de la primera década, la venta de pisos protegidos será posible si las políticas de vivienda de las comunidades autónomas cumplen con un requisito para evitar el fraude en ese proceso. Los gobiernos regionales deberán crear registros en donde se incluyan los datos de los ciudadanos que deseen acceder a una vivienda de protección, de manera que el propietario de la VPO no podrá elegir ni el precio de venta ni el comprador.
En el caso de que las comunidades autónomas no creen esos registros, el Gobierno no financiará ninguna de las actuaciones que en materia de vivienda lleve a cabo el ejecutivo regional, con el fin de no invadir las competencias autonómicas. No obstante, esta medida no tendrá carácter retroactivo.