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Noticia publicada el 22-06-2005
(LIbertad Digital) La comisión votará las recomendaciones de la comisión, a las que se incorporarán más de una treintena de las presentadas en solitario por el PP, ya que la mayoría de los grupos les darán su apoyo en virtud del principio de acuerdo. Las recomendaciones en las que están de acuerdo todos los grupos se refieren a medidas de atención a las víctimas, más medios policiales y judiciales, así como el refuerzo de la cooperación entre las instituciones para la lucha contra el terrorismo.
Respecto a las conclusiones políticas no hay posibilidad de entendimiento. Y es que los portavoces del PSOE y sus socios en la comisión 11-M han censurado la actuación del Gobierno anterior presidido por Jose María Aznar antes y después de los atentados durante el turno de presentación de sus conclusiones. Así, el portavoz del grupo socialista, Álvaro Cuesta, criticó la actuación del Gobierno del PP previa al 11-M, aunque matizó que "los únicos que pudieron evitar la barbarie fueron sus propios autores".
Cuesta quiso responder a la queja del PP sobre el fin de los trabajos de la comisión y aseguró que ésta "no se cierra en falso" y que sostener lo contrario es "una inmensa falsedad y un insulto a la inteligencia". A su juicio, formular "falsas insidias" sobre el 11-M es querer mantenerse en "el engaño masivo, en una estrategia de desprestigio de las instituciones, en una grave irresponsabilidad política y en un intento de manipular a la sociedad".
Vicente Martínez Pujalte, portavoz del PP, denunció que "no se debería haber cerrado la comisión", pues "desafortunadamente muchas preguntas" que se hacen las víctimas sobre los acontecimientos "han quedado sin respuesta, porque el PSOE y otros grupos de la Cámara no han querido investigarlas". "El atentado, además de producir víctimas, tenía una directa intencionalidad política en el Estado, pretendía que se produjese un cambio en el Gobierno que provocase un giro en la política interior y exterior", sostuvo Pujalte.
Lo que no se sabe, dijo, es "quién puso en marcha la operación, quién creó y organizó la masacre, quién puso la fecha". "Nadie puede creerse a estas alturas que unos traficantes de hachís pudieran hacerlo sin la coordinación de alguien", agregó. Pujalte también denunció que "no se han permitido" algunas comparecencias que podrían aclarar, por ejemplo, las movilizaciones ante las sedes del PP el día de la jornada de reflexión. El PP considera que tampoco ha quedado claro si el militante del PSOE de Gijón Fernando Huarte tuvo conocimiento previo de los planes de los terroristas por medio de su relación con Abdelkrim Benesmail, lugarteniente de Allekema Lamari, ni qué datos permiten "excluir por completo la colaboración en atentados y la relación personal entre terroristas de ETA y terroristas islámicos".
Cuesta quiso responder a la queja del PP sobre el fin de los trabajos de la comisión y aseguró que ésta "no se cierra en falso" y que sostener lo contrario es "una inmensa falsedad y un insulto a la inteligencia". A su juicio, formular "falsas insidias" sobre el 11-M es querer mantenerse en "el engaño masivo, en una estrategia de desprestigio de las instituciones, en una grave irresponsabilidad política y en un intento de manipular a la sociedad".
Vicente Martínez Pujalte, portavoz del PP, denunció que "no se debería haber cerrado la comisión", pues "desafortunadamente muchas preguntas" que se hacen las víctimas sobre los acontecimientos "han quedado sin respuesta, porque el PSOE y otros grupos de la Cámara no han querido investigarlas". "El atentado, además de producir víctimas, tenía una directa intencionalidad política en el Estado, pretendía que se produjese un cambio en el Gobierno que provocase un giro en la política interior y exterior", sostuvo Pujalte.
Lo que no se sabe, dijo, es "quién puso en marcha la operación, quién creó y organizó la masacre, quién puso la fecha". "Nadie puede creerse a estas alturas que unos traficantes de hachís pudieran hacerlo sin la coordinación de alguien", agregó. Pujalte también denunció que "no se han permitido" algunas comparecencias que podrían aclarar, por ejemplo, las movilizaciones ante las sedes del PP el día de la jornada de reflexión. El PP considera que tampoco ha quedado claro si el militante del PSOE de Gijón Fernando Huarte tuvo conocimiento previo de los planes de los terroristas por medio de su relación con Abdelkrim Benesmail, lugarteniente de Allekema Lamari, ni qué datos permiten "excluir por completo la colaboración en atentados y la relación personal entre terroristas de ETA y terroristas islámicos".
El portavoz de ERC en la comisión de investigación sobre los atentados del 11 de marzo, Joan Puig, ha acusado al Gobierno de José María Aznar de "manipular" la información los días posteriores a la masacre y de actuar con "negligencia", "prevaricación" y "alevosía". Sin embargo, en esta primera comparecencia ante el órgano investigador no hizo una mención explícita a su petición de reprobaciones políticas, como recoge en su documento de conclusiones. En el cierre de la comisión de investigación, el diputado de ERC destacó asimismo "la descoordinación" policial, "con casos sorprendentes" como el traslado a Madrid de los explosivos de la masacre a través de un coche con matrículas dobladas. "¿Fue dejadez o negligencia? ¿Es creíble tanta incompetencia?", se preguntó, tras recordar la "lamentable" trama de explosivos asturiana y los episodios con los confidentes policiales.
Tras hablar de la "criminalización" que Aznar llevó a cabo desde 1999 contra "todo nacionalismo no español", Puig enmarcó su "obsesión" por ETA en el hecho de ser víctima del atentado que sufrió en 1995, algo que, a su juicio, "le incapacitaba para tomar decisiones políticas" en esta materia. Por último aseguró que el 11-M también ha afectado a ETA y añadió que "hay que tener en cuenta la consecuencias del 11 de marzo en positivo".El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, ha presentado las conclusiones del grupo parlamentario de Izquierda Verde (IU-ICV) para la comisión de investigación sobre los atentados del 11-M, en las que achaca "imprevisión política" al Gobierno de José María Aznar por no haber tomado medidas para dificultar la organización de la masacre. Al mismo tiempo, habló de "mentiras y presiones" de los ministros de José María Aznar con fines electorales, para evitar la derrota del PP en los comicios del 14 de marzo de 2004. A su juicio, no cabe duda de que el atentado del 11 de marzo fue obra del terrorismo yihadista, en el que participó un grupo neosalafista conectado con unos delincuentes marroquíes.
Llamazares cree que a lo largo de estos meses el PP ha sembrado "distintas teorías" sobre el 11-M, desde una "imaginaria confabulación" entre ETA y el terrorismo islamista, hasta la participación de los servicios secretos marroquíes o incluso un "contubernio de la izquierda" en su contra. Según dijo, las tesis del juez "han derribado" todas estas teorías. Tras dejar claro que los únicos culpables de la masacre son los autores, Llamazares no dudó en decir que hay "responsabilidades" del anterior Gobierno por inacción y por omisión. En concreto, acusó al Ejecutivo de Aznar de "imprevisión política" frente a la amenaza islamista, especialmente después del apoyo de España a la guerra de Irak. "Aznar apoyó la guerra pero no adoptó las medidas adecuadas en la retaguardia", resumió.El portavoz del Grupo Mixto en la comisión de investigación del 11-M, José Antonio Labordeta, también acusó al Gobierno de Aznar de "negligencia preventiva" y de actuar con "falsedad" los días previos a la jornada electoral del 14 de marzo. A su juicio, se trata de hechos en los que "las responsabilidades políticas subyacen". El diputado de la Chunta Aragonesista (CHA) aseguró que España estaba inmersa en la fecha de la masacre en una campaña electoral pero afirmó que los comicios no fueron "el objetivo central de los terroristas". Destacó que los atentados del 11-M resultaron "fatídicamente dramáticos", no sólo por el elevado número de víctimas, sino por la facilidad operativa con que se llevaron a cabo y añadió que los jueces deben seguir investigando la autoría.
El portavoz del PNV en la comisión, Emilio Olabarría, también pidió establecer responsabilidades políticas por la "negligencia" con la que, a su juicio, actuó el Gobierno de Aznar en el ámbito preventivo y de la coordinación policial. Además, propuso la creación de un pacto "plural" contra todo tipo de terrorismo para hacer frente a este fenómeno. Olabarría dijo que en la coordinación y la prevención policial "falló todo". Para Olabarría, la investigación ha dejado claro que hay que mejorar el control de explosivos y de los confidentes policiales. Así, definió como "propio de un país tercermundista que todas las personas que proporcionaron los explosivos a los terroristas del 11-M eran confidentes" y denunció que la dinamita puede obtenerse "en régimen de autoservicio".
