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El Gobierno camufla las concesiones a Polanco con una reforma del sector audiovisual

Un día después de confirmar a los perjudicados la concesión de Canal+ en abierto, y a falta de un trámite de Industria para que sea efectiva, el Gobierno ha aprobado un Plan de Reforma del Sector Audiovisual, que incluye a RTVE. El ente público dependerá de un Consejo Audiovisual y la elección de director general quedará en manos del Consejo de Administración elegido por el Parlamento. Para justificar las medidas a favor de Prisa, el Ejecutivo ha autorizado la concesión de otro canal analógico.

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De La Vega, portavoz del Gobierno.
(Libertad Digital) El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Plan de Reforma del Sector Audiovisual, que contiene tres anteproyectos de ley y dos decretos, y propone un modelo de “estabilidad económica e independencia” para RTVE, así como la creación de un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales a cuyo control estará sujeta la televisión pública.
 
Además, el plan de reforma contempla la creación de un nuevo canal privado nacional en analógico, junto a los tres que hay ya, así como los medios para que antes de fin de año los telespectadores tengan un mínimo de 17 canales digitales a su disposición.
 
Una de las dos empresas que ha obtenido la licencia para emitir en digital, Veo TV –participada por El Mundo y Recoletos–, ha anunciado que recurrirá en todas las instancias la concesión de esta nueva licencia de televisión analógica.
 
El plan del Gobierno también incluye la derogación de la Ley de Acontecimientos de Interés General, que obligaba a emitir determinados eventos en abierto. En su lugar establece garantías para que las emisiones de interés general sean difundidas gratuitamente, ya sean de carácter deportivo, cultural o social. Según se afirma en el anteproyecto de ley, la “competencia sancionadora” podrá aplicar multas coercitivas y sanciones para hacer que se cumplan dichas garantías.
 
De la Vega dice “acabar con la TV de partido”
 
Según explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, Maria Teresa Fernández de la Vega, el Gobierno acometerá una importante transferencia de competencias a un nuevo órgano independiente y de extracción parlamentaria, el consejo audiovisual, que asumirá todas las competencias en la materia. Este órgano estará formado por siete miembros, elegidos por el Congreso mediante mayoría de dos tercios y para un periodo de seis años (superior a la legislatura).
 
El consejo audiovisual tendrá entre sus atribuciones la de hacer cumplir la Ley General Audiovisual así como la legislación europea en esta materia, y tendrá capacidad sancionadora. También supervisará el cumplimiento de la misión de servicio público y tendrá poder para otorgar licencias de radio y televisión de ámbito estatal, previa convocatoria y resolución de concursos. Las Comunidades Autónomas también podrán crear sus propias autoridades supervisoras.
 
Sobre RTVE, De la Vega dijo que el anteproyecto acaba con la TV de partido, y destacó que el director general "nunca más será nombrado por el Gobierno". Además, afirmó, RTVE pasará de ser ente público a una Sociedad Anónima (SA), que no tendrá capacidad de financiación por endeudamiento. El nuevo modelo de Corporación de RTVE tendrá un Consejo con diez miembros de los que cuatro serán elegidos por el Congreso, otros cuatro por el Senado, y dos serán propuestos por las organizaciones sindicales más representativas en España y elegidos por el Congreso. Todos los candidatos requerirán mayoría de dos tercios para ser elegidos por un mandato de seis años. El director general será designado por el Consejo de Administración.
 
El nuevo modelo de financiación de RTVE seguirá siendo mixto, es decir que estará financiada con impuestos y con publicidad, sin embargo, el Ejecutivo afirma que será compatible con la normativa comunitaria, ya que elimina el aval ilimitado del Estado y acaba con la financiación vía endeudamiento. Así, la financiación se canalizará a través de una subvención pública fijada en el contrato-programa y de los ingresos comerciales por publicidad, que será inferior a la que emitan los canales comerciales, así como por la venta de productos.

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