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Piden el cese del director general de la Guardia Civil para que la responsabilidad no recaiga en Bono y Alonso

La gestión del caso Roquetas que ha llevado el Gobierno recibe las críticas de distintas asociaciaciones de la Guardia Civil. Por un lado, la AUGC ha exigido el cese del director general del Cuerpo, Carlos Gómez Arruche, "por su silencio vergonzoso" y los intentos de minimizar la muerte del vecino de Roquetas. Para ellos, si no se cesa al director, "la responsabilidad radicará en el ministro de Defensa y en el de Interior". También critican al ministro Alonso por decir que la Guardia Civil se ha resistido a la investigación, todo en el día en el que declara el Teniente al cargo de la Comandancia de Roquetas.

La gestión del caso Roquetas que ha llevado el Gobierno recibe las críticas de distintas asociaciaciones de la Guardia Civil. Por un lado, la AUGC ha exigido el cese del director general del Cuerpo, Carlos Gómez Arruche, "por su silencio vergonzoso" y los intentos de minimizar la muerte del vecino de Roquetas. Para ellos, si no se cesa al director, "la responsabilidad radicará en el ministro de Defensa y en el de Interior". También critican al ministro Alonso por decir que la Guardia Civil se ha resistido a la investigación, todo en el día en el que declara el Teniente al cargo de la Comandancia de Roquetas.
L D (Agencias) El presidente de la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC), Fernando Carrillo, ha pedido al ministro del Interior, José Antonio Alonso, que anuncie "la dimisión o el cese" de Carlos Gómez Arruche en su comparecencia ante el Congreso del jueves o si no “la responsabilidad radicará en el ministro de Defensa, José Bono y en el de Interior”, informó Europa Press.
 
En términos similares se han expresado responsables del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y de la Confederación Española de Policía (CEP). Para el secretario de Organización del SUP, José María Benito, Gómez Arruche no debe permanecer "ni un minuto más en la Dirección General" del Instituto Armado, máxime cuando el propio ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha reconocido que el Cuerpo "no fue diligente en la investigación". "Tiene que dimitir por no llevar a cabo diligentemente la investigación y por calificar un hecho tan grave como incidente", remarcó.
 
De forma coincidente, el secretario de Organización Nacional del CEP, Lorenzo Nebreda, resaltó que si Alonso ha admitido "que ha habido trabas a la hora de facilitar la investigación, el máximo responsable es Arruche y como tal debe asumir su responsabilidad política".
 
Asimismo, según informa EFE,  el abogado de la defensa de los nueve guardias civiles imputados en la muerte de Juan Martínez Galdeano en el cuartel de Roquetas, Gustavo Arduán, dijo que el ministro del Interior "está diciendo muchas tonterías y además sin ninguna base". El letrado se refería a las declaraciones realizadas el sábado pasado por el ministro, quien manifestó que había existido "cierta resistencia a la investigación". "No tenemos que defendernos en absoluto de lo que diga el ministro, tenemos que defendernos de lo que ocurra en el juzgado", agregó el abogado tras subrayar que argumentará su defensa en que fue una actuación "legítima, necesaria y proporcionada a los acontecimientos".
 
Mientras, el presidente de la Asociación de la Magistratura y magistrado del Tribunal Supremo, José Ramón Ferrándiz Gabriel, afirmó, al ser preguntado por las declaraciones del ministro del Interior, José Antonio Alonso, que apuntaban que "ha habido una cierta resistencia a la investigación" por parte de la Unidad del cuartel de Roquetas, que se mostraba "convencido" de que la Guardia Civil "no ofrece ningún tipo de resistencia". "En todo caso –continuó, en declaraciones a Europa Press–, cualquier resistencia que se presente puede eliminarse tranquilamente con la aplicación de las normas".
 
"Al Gobierno no le interesa la verdad"
 
Asimismo, la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC) asegura en un comunicado que "al Gobierno no le interesa la verdad sobre el fallecimiento" en el cuartel de Roquetas de Mar (Almería) y mantiene que al fallecido le constaban dos detenciones, uno por la Policía local y otra por la Guardia Civil.
 
En el comunicado, esta asociación, que defiende la presunción de inocencia de los agentes imputados en la supuesta agresión al fallecido, señala que los últimos tres guardias civiles que quedan por declarar ante el Juzgado informarán de que requirieron los servicios médicos para atender al fallecido "hasta cuatro veces". Por otra parte, y respecto al uso de "defensas eléctricas", la asociación sostiene que la Guardia Civil tiene entre su dotación dos tipos de defensas eléctricas "autorizadas" para su uso por el Ministerio del Interior.
 
"El Gobierno miente. No sólo respecto a la autorización de defensas eléctricas, sino además cuando afirma haber sancionado a los agentes, pues sólo ha adoptado una medida cautelar, en base a la apertura de un expediente gubernativo", afirman desde ASIGC. "Le decimos desde ASIGC a la vicepresidenta del Gobierno que aplicaremos con el Gobierno la tolerancia cero, cuando vulnere los derechos fundamentales de los guardias civiles", añaden.
 
Por otra parte, el teniente suspendido de funciones imputado en el caso presta este lunes declaración ante la jueza. Además, se ha sabido que miembros del cuartel rechazaron la ayuda de un psicólogo.

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