L D (EFE) La resolución dictada el pasado 4 de julio por la Agencia Catalana del Consumo (ACC), organismo que depende del departamento de Comercio, Turismo y Consumo, del que es consejero el republicano Josep Huguet, establece que "Para tener derecho a percibir la ayuda será requisito que la lengua que se utilice en las actividades de información y formación sea el catalán".
La AT considera que este requisito introducido en esta resolución, que destina 500.000 euros a subvencionar las actividades de organizaciones de consumidores catalanas, "vulnera la libertad de actuación" de las citadas organizaciones "y el contenido de la Ley de Política Lingüística". "En concreto -recuerda la AT-, el artículo 3 (de esta ley) reconoce que el catalán y el castellano, como lenguas oficiales, pueden ser utilizadas indistintamente por los ciudadanos y ciudadanas en todas las actividades públicas y privadas sin discriminación".
Asimismo, "el artículo 4 declara que en Cataluña todas las personas tienen derecho a utilizar libremente cualquiera de las dos lenguas oficiales en todos los ámbitos y no ser discriminados por razón de la lengua oficial que utilizan, todo ello de acuerdo con el artículo 3 del Estatuto de autonomía, y en el marco de una política activa de la Generalidad para crear las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena en cuanto a los derechos y deberes lingüísticos".
La Asociación Tolerancia recuerda que la mayoría de las organizaciones de consumidores dependen de las subvenciones y subraya, además, que la resolución de la ACC "vulnera de plano los artículos 3, 14 y 51 de la Constitución española, "que consagran el principio de igualdad de todos los españoles, la cooficialidad lingüística y el derecho a la información de los consumidores y usuarios". La AT expresa su preocupación por "el sectarismo" del presidente de la ACC y consejero de Comercio, Josep Huguet, que a su juicio "está llevando a cabo una política sancionadora basada en el amedrentamiento y en el miedo en la que únicamente se vigila la presencia del catalán, despreciando los derechos lingüísticos de las personas de lengua castellana".
Ante esta situación, la Asociación por la Tolerancia reclama a la Generalidad de Cataluña que "se preocupe fundamentalmente del consumidor y usuario como persona, atendiendo a aquellas situaciones que puedan afectar a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad y que no priorice el uso de la lengua catalana a una política de información generalizada y a los intereses individuales del consumidor".
La AT considera que este requisito introducido en esta resolución, que destina 500.000 euros a subvencionar las actividades de organizaciones de consumidores catalanas, "vulnera la libertad de actuación" de las citadas organizaciones "y el contenido de la Ley de Política Lingüística". "En concreto -recuerda la AT-, el artículo 3 (de esta ley) reconoce que el catalán y el castellano, como lenguas oficiales, pueden ser utilizadas indistintamente por los ciudadanos y ciudadanas en todas las actividades públicas y privadas sin discriminación".
Asimismo, "el artículo 4 declara que en Cataluña todas las personas tienen derecho a utilizar libremente cualquiera de las dos lenguas oficiales en todos los ámbitos y no ser discriminados por razón de la lengua oficial que utilizan, todo ello de acuerdo con el artículo 3 del Estatuto de autonomía, y en el marco de una política activa de la Generalidad para crear las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena en cuanto a los derechos y deberes lingüísticos".
La Asociación Tolerancia recuerda que la mayoría de las organizaciones de consumidores dependen de las subvenciones y subraya, además, que la resolución de la ACC "vulnera de plano los artículos 3, 14 y 51 de la Constitución española, "que consagran el principio de igualdad de todos los españoles, la cooficialidad lingüística y el derecho a la información de los consumidores y usuarios". La AT expresa su preocupación por "el sectarismo" del presidente de la ACC y consejero de Comercio, Josep Huguet, que a su juicio "está llevando a cabo una política sancionadora basada en el amedrentamiento y en el miedo en la que únicamente se vigila la presencia del catalán, despreciando los derechos lingüísticos de las personas de lengua castellana".
Ante esta situación, la Asociación por la Tolerancia reclama a la Generalidad de Cataluña que "se preocupe fundamentalmente del consumidor y usuario como persona, atendiendo a aquellas situaciones que puedan afectar a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad y que no priorice el uso de la lengua catalana a una política de información generalizada y a los intereses individuales del consumidor".