L D (Europa Press) Pedro J. Ramírez, director del diario "El Mundo", ha dicho que tiene la sensación de que, "a instancias fiscales se inventa un tipo delictivo expresamente dirigido contra mí. ¿Por qué a los demás no y a mí sí?. ¿Porque teníamos la exclusiva y nos adelantamos 24 horas a los demás o por la línea crítica de El Mundo?".
En cualquier caso, considera que "el mero hecho de ser imputado constituye un acto de recorte a la libertad de expresión y un elemento de poder", ya que interpreta que, dado que la decisión no es del juez sino del fiscal, constituye un "acto de coacción política que tiene que ver con la línea crítica de "El Mundo" con la investigación del 11-M, ya que a ningún otro periódico se le ha hecho requerimiento alguno", insiste.
El director de "El Mundo" no duda en vincular su imputación con la entrada de un grupo de personas en su domicilio, encabezadas por el diputado de ERC Joan Puig, para bañarse en su piscina, envuelta en la polémica por estar situada en suelo público. "Fue un asalto protagonizado por un socio parlamentario del Gobierno, ante la pasividad del Delegado del Gobierno y de las Fuerzas de Orden Público y ningún dirigente del PSOE lo ha condenado e incluso algunos lo han justificado. Todos son datos objetivos y es inevitable que vincule ambas cuestiones".
Pedro J.: "Quiero pensar que el presidente del Gobierno no está detrás de la persecución"
Así, a su juicio, "es evidente que hay elementos objetivos para que en 'El Mundo' nos sintamos víctimas de una persecución política. Pero quiero pensar que el presidente del Gobierno no está detrás de la persecución y tampoco está de acuerdo con lo que sucede, pero la realidad es que en esto está quedando la democracia ejemplar de Zapatero: que el fiscal general del Estado, porque el ministerio público no actúa por casualidades y la fiscal del 11-M sigue el principio de jerarquía, es quien, en el procedimiento penal, instiga que yo pueda ser imputado, y que se intente meter en la cárcel al director de un periódico crítico".
En cualquier caso, Pedro J. adelantó quee acudirá a la citación, "como a todas", y volverá a acogerse al secreto profesional en los términos en que está protegido por la Constitución y no relevará las fuentes que le suministraron el sumario ni entregará ningún documento, "porque el secreto profesional no sólo es un derecho de los periodistas sino también un deber, porque defiende a los ciudadanos, que tienen derecho a conocer informaciones que de otro modo no serían reveladas a los periodistas".
No obstante, admitió que el secreto profesional "no es un derecho absoluto ya que si estuviera en juego la vida de una persona o sirviera para detener a los autores del 11-M buscaría la manera de dar la información. Pero si de lo único que se trata es de satisfacer el prurito arbitrario y profesional del juez Del Olmo de saber qué letrado se le ha desmadrado, el valor de la libertad de expresión está muy por encima".