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Noticia publicada el 14-10-2005
L D (EFE) La Generalidad reclama al Gobierno la devolución de diversos objetos personales del ex presidente catalán Lluís Companys, fusilado hace 65 años, y que permanecen en dependencias oficiales de Madrid.
La devolución de dichos objetos, que la Generalidad enmarca dentro de los compromisos adquiridos por el gobierno central en materia de recuperación de la memoria histórica, ha sido este mediodía reclamada tanto por el "consejero primero", Josep Bargalló, como por el historiador Josep Benet.
Benet ha presentado este viernes su nuevo libro, "El presidente Companys, fusilado" (Edicions 62, 2005), que supone una actualización de otro escrito en 1998 ("La muerte del presidente Companys"). Durante la presentación, Benet ha dicho que esos objetos son el pañuelo que llevaba cuando fue fusilado y las últimas fotos que existen de él, tomadas cuando estaba preso en el Castillo de Montjuic de Barcelona y en el consejo de guerra.
Respecto a este consejo de guerra, Benet revela en su libro que, según se ha podido demostrar recientemente, el acta del fiscal estaba escrita en la misma máquina de escribir que el acta de la defensa lo que, "además de hacernos sospechar que ambos documentos podían haber sido escritos por la misma persona, representa una evidencia más de la farsa jurídica que constituyó el proceso".
En el prólogo del libro, Benet afirma que "durante la Guerra Civil y la inmediata postguerra, Franco cometió miles de crímenes contra los derechos humanos y la humanidad y fue, por tanto, un criminal de guerra, con lo que tendría que haber sido juzgado por un tribunal penal internacional una vez acabada la guerra mundial". Para este historiador, "no resulta procedente revisar la causa contra Companys ni las decenas de miles que existieron contra otras personas, porque –se pregunta–¿quién tendría que formar parte de los tribunales que las revisen, y bajo qué legislación se haría dicha revisión?"
"Tampoco tiene ningún sentido reclamar la anulación de sentencias –afirma Benet– y en cambio, sí que es posible crear una comisión de juristas y de historiadores de reconocido prestigio que elaboren un informe riguroso sobre la realidad de esta represión".
Josep Bargalló no sólo ha coincidido con la propuesta de Benet sino que ha dicho que su departamento ya se ha puesto en marcha para hacerla realidad. Bargalló se ha mostrado convencido de que el gobierno de Zapatero tirará adelante la ley de recuperación de la memoria histórica prometida y ha dicho que, a demás de la ley, "la mejor forma de recuperar la memoria es poner a disposición de la sociedad toda la información disponible sobre lo que sucedió".
"Consideramos fundamental, además, recuperar las vivencias, aquello que tienen de humano los hechos sucedidos y por ello hay que recordar que, junto al presidente de la Generalitat fusilado, también está la persona, los objetos personales, los recuerdos". Por tanto, ha recalcado, "creemos tan importante que una ley recupere la memoria histórica como poder recuperar los objetos personales de Companys, que sabemos que existen y que estamos tratando de localizar para que sean devueltos a Cataluña", aunque se desconoce en qué dependencias oficiales se encuentran.
La devolución de dichos objetos, que la Generalidad enmarca dentro de los compromisos adquiridos por el gobierno central en materia de recuperación de la memoria histórica, ha sido este mediodía reclamada tanto por el "consejero primero", Josep Bargalló, como por el historiador Josep Benet.
Benet ha presentado este viernes su nuevo libro, "El presidente Companys, fusilado" (Edicions 62, 2005), que supone una actualización de otro escrito en 1998 ("La muerte del presidente Companys"). Durante la presentación, Benet ha dicho que esos objetos son el pañuelo que llevaba cuando fue fusilado y las últimas fotos que existen de él, tomadas cuando estaba preso en el Castillo de Montjuic de Barcelona y en el consejo de guerra.
Respecto a este consejo de guerra, Benet revela en su libro que, según se ha podido demostrar recientemente, el acta del fiscal estaba escrita en la misma máquina de escribir que el acta de la defensa lo que, "además de hacernos sospechar que ambos documentos podían haber sido escritos por la misma persona, representa una evidencia más de la farsa jurídica que constituyó el proceso".
En el prólogo del libro, Benet afirma que "durante la Guerra Civil y la inmediata postguerra, Franco cometió miles de crímenes contra los derechos humanos y la humanidad y fue, por tanto, un criminal de guerra, con lo que tendría que haber sido juzgado por un tribunal penal internacional una vez acabada la guerra mundial". Para este historiador, "no resulta procedente revisar la causa contra Companys ni las decenas de miles que existieron contra otras personas, porque –se pregunta–¿quién tendría que formar parte de los tribunales que las revisen, y bajo qué legislación se haría dicha revisión?"
"Tampoco tiene ningún sentido reclamar la anulación de sentencias –afirma Benet– y en cambio, sí que es posible crear una comisión de juristas y de historiadores de reconocido prestigio que elaboren un informe riguroso sobre la realidad de esta represión".
Josep Bargalló no sólo ha coincidido con la propuesta de Benet sino que ha dicho que su departamento ya se ha puesto en marcha para hacerla realidad. Bargalló se ha mostrado convencido de que el gobierno de Zapatero tirará adelante la ley de recuperación de la memoria histórica prometida y ha dicho que, a demás de la ley, "la mejor forma de recuperar la memoria es poner a disposición de la sociedad toda la información disponible sobre lo que sucedió".
"Consideramos fundamental, además, recuperar las vivencias, aquello que tienen de humano los hechos sucedidos y por ello hay que recordar que, junto al presidente de la Generalitat fusilado, también está la persona, los objetos personales, los recuerdos". Por tanto, ha recalcado, "creemos tan importante que una ley recupere la memoria histórica como poder recuperar los objetos personales de Companys, que sabemos que existen y que estamos tratando de localizar para que sean devueltos a Cataluña", aunque se desconoce en qué dependencias oficiales se encuentran.
