1. Definen a España como Estado plurinacional (Cambian la definición de España. Desde la parte no se puede definir al todo).
2. Definen a sus comunidades Autónomas como nación.
3. La única legitimidad que reconocen es la del pueblo vasco o la del pueblo catalán.
4. Uno habla de "determinar libremente su futuro" y el otro de "derecho a decidir su propio futuro" amparándose en el "derecho de autodeterminación".
5. Rompen la Caja Única de la Seguridad Social.
6. Regulan su relación con España de tú a tú a través de una Comisión Bilateral.
7. Ambos textos suponen de facto la ruptura de la unidad de mercado consagrada en la Constitución.
8. Asumen unilateralmente todas las competencias no transferidas o exclusivas del Estado.
9. Eliminan el papel del Gobierno Central como regulador del marco legal básico.
10. Reforman el Tribunal Constitucional.
11. Reforman el Poder Judicial y ponen en riesgo la igualdad ante la ley.
12. Reforman la Ley Electoral para establecer su circunscripción electoral para las elecciones europeas.
13. La regulación financiera es la misma: el cupo.
14. Se arrogan competencias en la política exterior.
15. La reserva de derechos históricos de la Disposición adicional es casi idéntica.
16. Los dos convierten a dichas comunidades autónomas en una suerte de Estados libres asociados a España. En el Plan Ibarretxe se dice explícitamente y en el Estatuto catalán implícitamente.
17. En ambos casos, aunque de modos diferentes, las Comunidades autónomas asumen competencias con relación al Ministerio fiscal que no están previstas ni son compatibles con la Constitución.
18. Se arrogan la competencia de convocar consultas populares.
19. Asumen unilateralmente las competencias en materia de inmigración.
20. Sólo reconocen los símbolos autonómicos, que en el Estatuto Catalán son “símbolos nacionales”.
21. El Estatuto catalán va más allá en el uso de las lenguas, al obligar al conocimiento del catalán y negar la posibilidad de que se pueda alegar desconocimiento de dicha lengua en relación a los actos jurídicos.
22. Extienden las competencias del Ararteko y del Sindic de Greuges a ámbitos competenciales propios del Defensor del Pueblo.
23. Blindan otras posibles reformas de sus Estatutos, sobre todo rebajando el papel que correspondería a las Cortes Generales.
24. Se incrementan las competencias del tribunal de cuentas autonómico, invadiendo el ámbito competencia del Tribunal de Cuentas Nacional.
25. Niegan el principio de supletoriedad del Derecho estatal.