L D (EFE) García Calderón informó este lunes de que el dictamen fue remitido sobre las 13.00 horas al Juzgado de Instrucción 8 de Granada, encargado del caso, y subrayó que se ha emitido en el mismo día en el que la Fiscalía tuvo conocimiento de la existencia de diligencias previas y de denuncias. Por su parte, en rueda de prensa, el subdelegado del Gobierno, Antonio Cruz, aseguró que, de forma inminente, se restituirá la legalidad en Jun, donde, según el alcalde, José Antonio Rodríguez, 24 familias se han visto obligadas a abandonar sus viviendas, bien porque han sido directamente expulsados de ellas por su actuales inquilinos o bien por miedo a sus nuevos vecinos.
Las diligencias, dijo el fiscal, fueron abiertas tras una denuncia registrada el 17 de octubre por ocupación de viviendas vacías y que fue ampliada el 21 de octubre al ser identificados los presuntos okupas. El 31 de octubre se registró otra denuncia, en la que, señaló García Calderón, se hacía constar que todas las viviendas estaban vacías y que no existía violencia ni intimidación.
Añadió que este lunes tuvo entrada una tercera denuncia, la interpuesta por tres propietarios y el alcalde, y en ellas ya se considera la posible existencia de violencia e intimidación, así como de viviendas que constituyen morada, es decir en las que vivía gente antes de ser ocupadas. Tras conocer los hechos, apuntó García Calderón, se ha emitido un dictamen en el que se pide que se acumulen todas las denuncias, a lo que añadió que la Fiscalía distingue entre el caso de las viviendas que estaban vacías y las que tenían inquilino.
Las diligencias, dijo el fiscal, fueron abiertas tras una denuncia registrada el 17 de octubre por ocupación de viviendas vacías y que fue ampliada el 21 de octubre al ser identificados los presuntos okupas. El 31 de octubre se registró otra denuncia, en la que, señaló García Calderón, se hacía constar que todas las viviendas estaban vacías y que no existía violencia ni intimidación.
Añadió que este lunes tuvo entrada una tercera denuncia, la interpuesta por tres propietarios y el alcalde, y en ellas ya se considera la posible existencia de violencia e intimidación, así como de viviendas que constituyen morada, es decir en las que vivía gente antes de ser ocupadas. Tras conocer los hechos, apuntó García Calderón, se ha emitido un dictamen en el que se pide que se acumulen todas las denuncias, a lo que añadió que la Fiscalía distingue entre el caso de las viviendas que estaban vacías y las que tenían inquilino.
Usurpación o allanamiento
"En el caso de que no tuvieran inquilinos podría tratarse de un delito de usurpación de bien inmueble o de daños, mientras que en el de las que sí tenían morador se trataría de un delito de allanamiento de morada y daños", añadió García Calderón. Al margen de éstos, apuntó el fiscal, podrían existir otros delitos como amenazas a personas que no son inquilinos, "como es el caso del alcalde", y defraudación de fluido eléctrico, "porque, al parecer, hay viviendas que se conectan a una instalación que no es la propia".
"Sobre esa base, pedimos que se proceda al desalojo de estas personas por la Guardia Civil" y que si se logra identificar a las personas responsables de allanamientos de morada con violencia o intimidación que sean detenidas y puestas a disposición judicial. Las casas ocupadas forman parte de un edificio de tres bloques de viviendas que suman 47 pisos, que, salvo tres, son propiedad de tres hermanos que aún no han interpuesto ninguna denuncia y a los que Cruz animó a denunciar, al igual que al resto de los afectados, a los que pidió que no tengan miedo porque les ampara el Estado de Derecho.
El alcalde, amenazado
"Hacemos todo lo que nos permite la ley para restituir la legalidad", aseguró el subdelegado, que dijo que la Guardia Civil está lista para actuar en cuanto lo ordene el juez y apuntó que una vez se restablezca el orden habrá que investigar por qué se ha producido la avalancha de okupas, que suman unas treinta familias. El alcalde aseguró que tanto los vecinos que se han ido como los que aún resisten en sus casas no han denunciado los hechos por miedo y explicó que él denunció el sábado que fue amenazado con una pistola para dar ejemplo.
Relató que el pasado lunes, un hombre, de unos 40 años, tras cargar la pistola que blandía, le amenazó con darle dos tiros si cortaban el agua. En declaraciones a los medios, los okupas aseguraron este lunes que están dispuestos a alquilar o comprar las casas y explicaron que, en la mayoría de los casos, se metieron a vivir en ellas porque estaban vacías y los propietarios no querían arrendárselas.
Mientras, los inquilinos "legales", como Carlos o María, en cuyas puertas se pueden ver carteles con lemas como "Este piso está ocupado, aquí hay familia" u "Ocupado, aquí se paga el alquiler", explicaron que no han presenciado ni amenazas ni coacciones y aseguraron no tener miedo. Sin embargo, apuntaron que el viernes, cuando se produjo la llegada masiva de okupas, éstos dieron patadas a las puertas para ver qué viviendas estaban ya habitadas y ocupar sólo las vacías.
"Hacemos todo lo que nos permite la ley para restituir la legalidad", aseguró el subdelegado, que dijo que la Guardia Civil está lista para actuar en cuanto lo ordene el juez y apuntó que una vez se restablezca el orden habrá que investigar por qué se ha producido la avalancha de okupas, que suman unas treinta familias. El alcalde aseguró que tanto los vecinos que se han ido como los que aún resisten en sus casas no han denunciado los hechos por miedo y explicó que él denunció el sábado que fue amenazado con una pistola para dar ejemplo.
Relató que el pasado lunes, un hombre, de unos 40 años, tras cargar la pistola que blandía, le amenazó con darle dos tiros si cortaban el agua. En declaraciones a los medios, los okupas aseguraron este lunes que están dispuestos a alquilar o comprar las casas y explicaron que, en la mayoría de los casos, se metieron a vivir en ellas porque estaban vacías y los propietarios no querían arrendárselas.
Mientras, los inquilinos "legales", como Carlos o María, en cuyas puertas se pueden ver carteles con lemas como "Este piso está ocupado, aquí hay familia" u "Ocupado, aquí se paga el alquiler", explicaron que no han presenciado ni amenazas ni coacciones y aseguraron no tener miedo. Sin embargo, apuntaron que el viernes, cuando se produjo la llegada masiva de okupas, éstos dieron patadas a las puertas para ver qué viviendas estaban ya habitadas y ocupar sólo las vacías.