L D (Agencias) Las medidas judiciales las explicó el alcalde de la localidad, José Antonio Rodríguez Salas (PSOE), que acudió a los bloques donde viven los ocupas, que están custodiados por agentes del instituto armado equipados con material antidisturbios. Ante la amenaza de que el desalojo sea forzoso si no dejan las casas este jueves con luz diurna, algunos de los ocupas han empezado a abandonar las viviendas con sus enseres metidos en bolsas de plástico no sin antes protestar por el poco tiempo de que disponen para buscar un nuevo alojamiento.
Los ocupantes ilegales de los tres bloques de viviendas de Jun habían advertido este mismo jueves de que no se irían hasta que la orden de desalojo dictada por la juez les llegara por escrito, y mantienen que cuando los echen se irán a la puerta del Ayuntamiento de la localidad para protestar. Así lo han hecho los primeros en dejar las casas, instalándose frente al consistorio con sus enseres para reclamar un piso.
Los primeros en llevarse sus colchones a la puerta del Ayuntamiento fueron Mari Carmen y Alvaro, quienes indicaron que vivían ilegalmente en uno de los pisos desde hace dos años y que "nunca" habían tenido ningún problema, por lo que la mujer achacó su actual situación al "racismo del pueblo". Mari Carmen dijo que ambos están empadronados en Jun y que se quedarán en la puerta del Consistorio hasta que le den un techo bajo el que cobijarse, porque con el desalojo se quedan "en la calle".
Algunos pequeños gritaron que les echan de las casas por "racismo". Otra ocupa aseguraba que su intención es instalarse "en casa del alcalde, que seguro que está muy buen amueblada". Entre tanto, el resto permanece aún en el interior de las viviendas, asomados a las ventanas para contemplar el despliegue de seguridad y periodístico que rodea los bloques que deben abandonar.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, explicó en conferencia de prensa que "prácticamente la mitad de las personas que estaban en el interior de estas viviendas ocupadas comunicaron a la Guardia Civil su decisión de abandonarlas", mientras que, en otros casos, los agentes se encontraron con las casas ya vacías y las puertas abiertas. Aunque la Benemérita da prácticamente por concluida la operación, López Garzón indicó que "oficialmente hay cuatro o cinco viviendas que tienen un candado en la puerta", por lo que los agentes están intentando localizar a sus ocupantes para instarles al desalojo o, de lo contrario, "se procederá a la retirada de los candados y cumplir el auto de la juez".
No constan denuncias de desalojos por la fuerza
López Garzón señaló que a la Delegación del Gobierno las únicas denuncias que le constan son "las de personas que, ante el clima de inseguridad creado por la ocupación ilegal, decidieron abandonar el bloque, pero no de nadie que haya sido desalojado a la fuerza", en alusión a versiones en este sentido del alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez Salas (PSOE). El delegado del Gobierno en la comunidad defendió la "absoluta corrección" con la que el subdelegado, Antonio Cruz, ha actuado en este suceso, ante la petición de dimisión formulada por el PP, por el "vacío judicial" creada entorno a esta ocupación ilegal de viviendas.
Aseguró que Cruz ha actuado "consciente de que un presunto delito como éste tiene que ser denunciado a instancias de parte para actuar judicialmente", y subrayó que mientras el auto judicial llegaba "ha garantizado en todo momento la presencia de la Guardia Civil", por lo que consideró injustificada esta petición de dimisión.
Mientras, el alcalde ha anunciado que serán los vecinos quienes decidan el destino de los tres bloques de pisos que serán desalojados. Rodríguez Salas aclaró que el consistorio compró por un millón de euros dos solares –uno contiguo al Consistorio y otro a los bloques– para iniciar la construcción de una plaza, nuevas dependencias municipales, un espacio escénico y aparcamientos, y que aunque el equipo de Gobierno municipal "nunca tuvo interés en tirar los edificios", tras lo ocurrido considera necesario adoptar alguna medida "para que no vuelvan a ser ocupados".
Apuntó que hay "un abanico de posibilidades inmenso", entre las que citó instar a los propietarios de los tres bloques de viviendas a que "las alquilen o vendan para que se ocupen legalmente", o la expropiación, si bien apuntó que no cree que los vecinos de Jun sean partidarios de esta última medida por el desembolso económico que acarrearía.
Los vecinos aportarán su opinión por medio de su firma electrónica en un pleno en el que se debatirán las distintas soluciones. En ese mismo pleno se informará a los ciudadanos de que el Ayuntamiento se ha personado en la causa abierta por la ocupación ilegal de las 20 viviendas. El alcalde agradeció a sus conciudadanos el apoyo recibido durante esta crisis y se mostró convencido de que el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente se desarrollará "sin problemas".
"Delito de usurpación"
La salida de los ocupas se estableció después de que la juez del Juzgado de Instrucción 8 de Granada decretara a última hora de este miércoles el desalojo de las personas que habitan veinte de las viviendas ocupadas de Jun y que no pudieron acreditar ningún derecho sobre las casas, como ser propietario de las mismas o vivir en ellas de alquiler, tras comparecer ante el Juzgado.
En su auto, la juez, que menciona la existencia de un posible delito de usurpación, acuerda la restitución de la posesión de las veinte viviendas "dejándolas vacuas y expeditas y si fuera preciso con desalojo de las personas que las ocupan ilegalmente, lo que se llevará a efecto inmediatamente por la policía judicial de la Guardia Civil".