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España cree en ese proyecto, "y por tanto si no se deroga esa excepción, no aceptará una directiva que permita trabajar hasta 65 horas a la semana", añadió. Por ello el Gobierno español "se mantendrá firme junto con otros países en la exigencia de la desaparición del opting out, que es la excepción que permite trabajar hasta 65 horas a la semana, siendo flexible con la situación de otros países pero indicando que es incompatible con un modelo de crecimiento económico con protección social".
Según el ministro, "crecimiento económico y aumento de la protección social son compatibles", como demuestra el caso de España, donde "hemos creado un millón de empleos en un año y un millón medio en lo que va de legislatura" aumentando a la vez la protección social. Sobre las guardias laborales, otro de los puntos controvertidos de la propuesta de directiva, indicó que "es un problema serio", y añadió que "España está dispuesta a ser flexible, pero defendiendo los derechos de los trabajadores a la conciliación de la vida laboral y familiar y de los pacientes.
El Ejecutivo español defiende "que el tiempo de guardia que sea inactivo no se puede computar en modo alguno como tiempo de descanso", al contrario de lo que plantea la propuesta presentada recientemente por la presidencia británica de turno de la UE, que Caldera consideró "inaceptable". "El considerar que una persona si está en una guardia doce horas y durante esa guardia sólo ha tenido actividad durante seis horas, las otras seis horas deban considerarse como tiempo de descanso es inadmisible", señaló el ministro. Esa posibilidad conduciría "a una situación en la que habría sanitarios que estarían prácticamente toda la semana metidos en su hospital", añadió. En su lugar, España plantea que el tiempo inactivo de las guardias se calcule " por un promedio de horas y con la garantía de un descanso posterior".
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