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Noticia publicada el 23-12-2005
(Libertad Digital) Según informa "El País", el ministro de Industria prepara una ley para crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que imita a la de Cataluña. Este Consejo, cuyos miembros serán elegidos por el Parlamento y cuyo mandato será de seis años, tendrá competencias para "controlar, inspeccionar y sancionar a los operadores de radio y de televisión" que no defiendan "el pluralismo (incluido el lingüístico)" o vulneren "los principios de objetividad y veracidad de las informaciones, la no separación entre informaciones y opiniones, la vulneración del derecho al honor, la fama, la intimidad personal y familiar y la protección de la infancia y la juventud". La multas serán de hasta un millón de euros y la revocación de la concesión.
Serán faltas muy graves los mensajes o escenas que "fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social" y se sancionará al operador que incumpla las circulares y resoluciones dictadas por los órganos de control y supervisión.
Según "El País", la ley prevé la suspensión "temporal –de hasta tres días- mediante la emisión de una imagen en negro que ocupe toda la pantalla en los casos en los que las televisiones cometan infracciones muy graves". "La ley penalizará la emisión de mensajes cifrados o subliminales o aquellas señales de identificación que sean falsas o engañosas". Además, penalizará "la negativa, resistencia u obstrucción" a difundir "los comunicados o declaraciones" que el Gobierno "considere necesario difundir". El Consejo podrá, incluso, precintar los equipos y los aparatos de emisión.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mostró su apoyo a la ley Montilla. Según ella, tendrá como función "defender los derechos de los ciudadanos, no socavarlos" y se escuda en que las sanciones "son recurribles ante los tribunales". Según De la Vega, que se define como "defensora a ultranza de la libertad de expresión", considera que "la Ley fija los criterios a la hora de regular el sector, respetando algo tan sagrado como la libertad de expresión, pero si se ejerce un derecho de manera determinada... Hay una normas que hay que cumplir".
En declaraciones a la COPE, Enrique López, portavoz del CGPJ, ha explicado que "un órgano administrativo no puede tener competencias para tomar decisiones sancionadoras respecto a medios de comunicación por posibles vulneraciones o infracciones en el ejercicio de la libertad de prensa". Además, ha recordado que "estamos ante un derecho fundamental de la democracia" y que por esto confía en que el máximo órgano de los jueces sea consultado por el Gobierno para determinar las competencias del futuro órgano.
Desde el PP, su secretario general, Ángel Acebes, acusó al Gobierno de recuperar la censura para vigilar a los medios de comunicación a través de un órgano político. "No se trata –dijo Acebes– de un proyecto aislado, sino que se produce en todos los ámbitos", según Acebes, quién resaltó que diariamente medios de comunicación y periodistas sufren ataques por criticar a los socialistas, una situación "muy grave" al enmarcarse en la "Europa de las libertades".
Además, en rueda de prensa en la sede nacional del PP, se refirió a la "manipulación" y "purgas" que, a su juicio, están sufriendo los trabajadores de RTVE que "por no tener la fidelidad con el Gobierno, están menospreciados, infravalorados y se mantienen cruzados de brazos". Aseguró que esto es una realidad que no se producía desde hace mucho tiempo, por lo que manifestó su completo apoyo a estos empleados, ya que se trata de una situación difícilmente sostenible.
