Primero: Ustedes conocen ya la posición que mantuvo el Partido Popular en el debate que se produjo en el Parlamento de Cataluña, y por tanto excuso recordársela.
Segundo: Esa misma posición de los populares catalanes fue la que manifesté yo en el Debate de admisión a trámite de este Estatuto en las Cortes Generales.
En aquel debate me ceñí a lo fundamental. No entré, como es natural, en el análisis del articulado. Hubiera necesitado días (eso se hará a partir de ahora). Era la mía una intervención política sobre el conjunto. Y expliqué entonces las razones básicas de nuestra posición.
Para nosotros lo importante es que quedara claro, y no quedaba, que —tal y como reflejan la Constitución Española de 1978 y el Estatuto de Sau del 79—, la soberanía radica en el conjunto del pueblo español (y no en diferentes sectores de la población española).
Esto es lo más importante. Este es el asunto capital. Y en consecuencia, debía quedar claro: Que España era una nación; que debemos conservar un Estado viable, con capacidad para cumplir eficazmente las funciones de un estado moderno; que todos los ciudadanos son iguales en derechos, deberes y oportunidades; y que la cohesión social y la solidaridad son objetivos irrenunciables. Esa era y esa es mi posición.
Añadí que si se quiere cambiar esa idea, que es la que se plasma como he dicho en la C.E del 78 y en el Estatuto del 79, lo que habría que hacer era plantear una reforma de la Constitución, reforma que el Parlamento catalán puede promover. De esta suerte seguiríamos el procedimiento establecido en la propia Constitución y se respetaría el principio capital de que la soberanía radica en el conjunto de los ciudadanos, mientras éstos, todos, no dispongan otra cosa. Esa fue, pues, nuestra posición en el debate de totalidad.
Sinceramente creo que el tiempo ha dado la razón a estos planteamientos. Porque hoy ya son muchas las voces que reclaman, antes que nada, que el nuevo Estatuto se ajuste a la Constitución, lo que significa que hoy no se ajusta... y que lo que se planteó no fue una reforma estatutaria, sino una reforma constitucional, que exige un procedimiento distinto de la reforma de un estatuto y, fundamentalmente, la opinión del conjunto de los ciudadanos, de todos.
Saben ustedes que nosotros pedimos que se solicitara un informe previo del Consejo de Estado, del C.G.P.J. y del Tribunal de Cuentas, para que dijeran si la reforma se adecuaba o no a la Constitución —y en consecuencia si debía o no tramitarse como reforma de la misma— pero la mayoría parlamentaria se negó a pedir esos informes. Después, como también saben, recurrimos al Tribunal Constitucional, que aún no ha resuelto.
Pues bien, hoy ya estamos en otro momento procesal. Quiero explicarles nuestra posición. Voy a intentar resumirla con la mayor claridad posible.
Nosotros, aunque creemos que el procedimiento que se sigue no es el adecuado —y esto puede tener consecuencias graves— vamos a participar en el debate. vamos a presentar enmiendas.
Defenderemos unas posiciones que son, en nuestra opinión, las más adecuadas al interés general, y desde luego, al espíritu de la Constitución del 78 y del Estatuto del 79.
Nuestras enmiendas responden a cuatro grandes principios. Con arreglo a ellos hemos analizado todos los títulos y artículos de la propuesta y suprimido o modificado todo aquello que podría vulnerarlos. Estos principios son los siguientes: La soberanía corresponde al pueblo español; el estatuto debe respetar la Constitución; ha de ser preservada la igualdad entre los ciudadanos; debe garantizarse la libertad de los ciudadanos frente a los poderes públicos y eliminar el intervencionismo que impregna todo el texto.
PRIMERO.- La enmienda más importante coincide, como no podía ser de otra manera, con lo expresado por mí, en nombre de mi Grupo, en el Debate del día 2 de noviembre en Las Cortes. Es decir, la soberanía corresponde al conjunto del pueblo español mientras éste no disponga otra cosa,.
España es una nación, que se articula en nacionalidades y regiones. Nuestro Estado debe ser viable y tener capacidad y recursos para ejercer sus funciones, como cualquiera de los Estados de nuestro entorno.
Los españoles son iguales en derechos, deberes y oportunidades. La cohesión social es un objetivo básico de la Nación Española. Esta es la enmienda más importante, y jurídicamente se concreta en la petición de mantener el Preámbulo y el Título Preliminar del Estatuto de Sau.
De este modo, además, evitaremos la contradicción de que el Estatuto de Cataluña afirmara hace 25 años que la soberanía corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles y ahora no. Que España era una nación, y ahora no lo sea. Que Cataluña era entonces una nacionalidad y ahora una nación u otra cosa. Y así podíamos seguir. En cualquier caso, si esto es lo que se quiere, la decisión únicamente corresponde al conjunto de todos los españoles que tengan derecho al voto.
SEGUNDO.- En segundo lugar, presentaremos un conjunto de enmiendas para adaptar el Estatuto a la Constitución. La razón es evidente: si se quiere reformar la Constitución, debe seguirse el trámite establecido en la misma. En este sentido, hay que señalar que el Parlamento Catalán tiene derecho a promover una reforma constitucional siguiendo los trámites previstos en la Carta Magna. Lo que no podemos admitir es que se pretenda reformar de hecho la Constitución eludiendo el procedimiento establecido en la misma. Y, menos aún, que se niegue al conjunto de los ciudadanos su derecho a opinar sobre ello en referéndum. Hay muchas enmiendas, además de la ya antes citada, que responden a este principio.
Uno de los aspectos más importantes es el que hace referencia a la pretendida relación bilateral, es decir, de igual a igual, entre la Generalidad y el Estado. Según el proyecto, la Generalidad se atribuye competencia exclusiva para decidir prácticamente todos los asuntos que afectan a los catalanes y, a su vez, una posición privilegiada para codecidir lo que afecta al resto de los españoles, lo que evidentemente contraviene el propio texto constitucional y el sentido común.
El reparto de competencias que fija la Constitución debe ser respetado. En particular, lo que se refiere a la legislación básica, que corresponde establecer a las Cortes Generales e interpretar al Tribunal Constitucional. De igual manera, un Estatuto de Autonomía no puede asumir competencias exclusivas del Estado por la vía del artículo 150.2, puesto que esto sólo corresponde a las Cortes Generales. Asimismo, ningún estatuto puede imponer al Estado la modificación de leyes generales. Por lo que propondremos la supresión de todos los artículos que vulneren estos principios constitucionales.
Por el mismo motivo, enmendaremos el título relativo al Poder Judicial, manteniendo el texto de 1979, porque supone la ruptura de la unidad jurisdiccional y pone en entredicho la independencia de los jueces y magistrados.
Además, y por esta misma razón, propondremos la modificación de los Títulos de “Relación con el Estado” y con la Unión Europea y de ámbito internacional, para adaptarlos a la Constitución.
TERCERO.- En tercer lugar presentaremos un amplio paquete de enmiendas para preservar el principio de igualdad entre ciudadanos. Voy a referirme a las más significativas:
Propondremos la supresión del Título I relativo a los Derechos y Deberes, porque reconoce derechos que, ya existen —y que figuran donde deben figurar, es decir, en la Constitución— y, sobre todo, porque discrimina a los ciudadanos de Cataluña imponiéndoles deberes distintos al de los restantes españoles.
Fíjense lo tajante y acertado que fue el Estatuto de Nuria de 1932 al respecto que expresamente señaló que “Los derechos individuales son los fijados en la Constitución de la República Española. La Generalidad de Cataluña no podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y el resto de españoles. Estos no tendrán en Cataluña menos derechos que los que tengan los catalanes en el resto del territorio de la República”. Por eso, siguiendo la línea marcada por el Estatuto de Nuria, lo razonable es suprimir este título I, que ni siquiera existe en el estatuto de 1979,
Pretende el proyecto de Estatuto que la Lengua se convierta en un factor de discriminación. El catalán se configura como la lengua vehicular de aprendizaje en las enseñanzas universitarias y no universitarias, esto es, la lengua en que se enseña las matemáticas, física, geografía, historia… Ello implica que el castellano quede reducido a una asignatura que se enseñará como se hace con un idioma extranjero.
Los jueces, fiscales y demás funcionarios de justicia tendrán la obligación de conocer este idioma para poder ejercer en Cataluña. Los establecimientos abiertos al público tendrán que tener dependientes que conozcan el catalán – lo que no se exige en ningún lugar de España para el castellano- y los productos se etiquetarán en catalán. La lengua catalana será la prioritaria en la vida administrativa y comercial. Por eso, mantendremos la redacción de 1979 en el Título Preliminar que compatibiliza la defensa y la promoción de la lengua catalana que defendemos con la igualdad de trato que se deriva de un auténtico bilingüismo.
Financiación.- Según el Proyecto, la Generalidad se atribuye la capacidad normativa y la recaudación todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña. Se reserva el derecho a decidir bilateralmente su aportación al Estado por el ejercicio de sus competencias y su cuota de solidaridad. En nuestra opinión, cualquier modificación del modelo de financiación debe hacerse de forma multilateral, negociada entre todos y atendiendo a las peculiaridades de cada comunidad, y plasmarse en un Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiero, y en su caso en Ley Orgánica aprobada en Cortes Generales. Por eso, proponemos la supresión del Título VI y el mantenimiento de la regulación del Estatuto de 1979.
CUARTO.- Y por último presentaremos otro grupo de enmiendas para defender la libertad de los ciudadanos, frente a los poderes públicos y para suprimir el intervencionismo que impregna todo el texto de una manera abusiva, demostrando una clara desconfianza hacia el libre mercado, la sociedad civil y la igualdad de oportunidades.
La propuesta estatutaria está cargada de un fuerte componente ideológico, cosa inédita en un texto normativo que debe ser, al margen de la ideología de los proponentes, un marco neutral.
Así, la Propuesta recurre a fórmulas económicas obsoletas que conceden a la Administración pública un papel un papel desmesuradamente interventor en la economía y en la sociedad. Promueve el incremento del peso del sector público en la economía, lo que traerá mayores trabas y burocracia para los ciudadanos. En definitiva, un modelo económico inútil para la sociedad globalizada del S.XXI en la que vivimos.
Se pretende eliminar el principio de unidad de mercado imponiendo trabas y barreras a la libre circulación de personas y bienes. Esto es contrario a la prohibición constitucional de adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas, y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
Los términos promover, fomentar, intervenir y planificar que aparecen 20 veces en la Constitución española se usan 127 veces en esta propuesta de estatuto. La expresión “intervenir” se usa dos veces en la Constitución y 22 veces en el Estatuto. “Planificar” aparece 3 veces en la Constitución y 50 veces en el Estatuto.
Las enmiendas formuladas por el Partido Popular proponen eliminar de raíz todos los supuestos de intervencionismo que se contienen tanto en el Título I relativo a derechos y deberes como en el Título IV que afecta a competencias. Por poner algunos ejemplos en aspectos muy diversos:
· El Estatut permite la elección de los órganos rectores de las Cajas de ahorro por parte de la Generalitat, lo cual no es admisible, por lo que defendemos la redacción de 1979.
· En materia de medios de comunicación, supone una intromisión en los derechos a la libertad de expresión en el artículo 20 de la Constitución. Estos no pueden tener más límites que los allí establecidos —como la protección de la juventud y de la infancia al ser valores de especial protección pública— y, especialmente en el caso de los medios de comunicación privados, esas limitaciones sólo pueden ser desarrolladas por Leyes Orgánicas y controladas exclusivamente por los Tribunales. Mantenemos la redacción de 1979.
· Se crea un espacio catalán de relaciones laborales que abre la puerta a la interferencia de la Generalidad en las decisiones internas de gestión de los empresarios y las organizaciones representativas de los trabajadores y, a la imposición de nuevas cargas sobre los emprendedores.
· La Generalidad podrá determinar los requisitos y las condiciones de ejercicio de las profesiones tituladas y el acceso al ejercicio profesional, lo que supone la introducción de nuevas trabas e impide que profesionales de otras Comunidades Autónomas ejerzan su actividad en Cataluña, con los mismos efectos negativos sobre la economía catalana. Por eso, proponemos la eliminación de más de medio centenar de preceptos por incurrir en intervencionismo en la vida económica y social de Cataluña.
En resumen: Esta es nuestra posición. Se trata de afirmar algo que hasta hoy era tan obvio como que la soberanía corresponde al conjunto de los ciudadanos; que España es una nación; y que todos somos iguales. Esto es lo que queremos que quede claro porque estos principios, que defenderemos con nuestras enmiendas, defienden el respeto del texto a la Constitución, la igualdad de los españoles y la libertad de la sociedad civil frente al desmesurado intervencionismo que destila el texto de la propuesta.
Estamos ante una propuesta de Estatuto contraria al devenir de los tiempos. Es un texto para el pasado; no es un texto para el futuro. Perjudica a todos, especialmente a la sociedad civil catalana y a los agentes económicos.
Una última consideración. Nosotros hemos defendido nuestra posición. Como lo hicieron los demás. Seguiremos haciéndolo. Pero desde que se celebró en las Cortes el pasado 2 de noviembre el Debate de Totalidad del Estatuto, nadie ha querido hablar con este partido. Quiero dejar claro nuestra disposición a hablar de modelos económicos y sociales, pero desde el respeto a las reglas del juego y en especial a la Constitución.
Esa política del Gobierno que consiste en dejar al PP al margen de todas las decisiones, no es buena. No lo es ni para el Gobierno ni para la Nación. Significa excluir a muchos millones de españoles en asuntos que les competen y que son tan importantes como el que nos ocupa. Nunca se ha hecho desde que recuperamos la democracia. Jamás se ha aprobado en España un estatuto sin, al menos, el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales.
Es responsabilidad del señor Rodríguez Zapatero que este modo de actuar haya desaparecido de nuestros usos parlamentarios. Es responsabilidad del señor Zapatero haber quebrado y condenado al olvido el consenso constitucional que era un valor convenido, inapreciable y la mejor garantía de estabilidad política y de concordia cívica. Constituye un triste mal paso sin ninguna duda, tanto si se ha dado por iniciativa del señor Rodríguez Zapatero, como si se ha dado por exigencias de sus socios.
Yo reitero al PSOE mi disposición para hablar en los mismos términos en los que lo hice el pasado 14 de enero, cuando le ofrecí al Presidente del Gobierno un Acuerdo de Estado que abarcara todo el acervo constitucional. Se trata de continuar lo que ha sido la principal característica de la política española desde 1978. No excluyo a nadie de esta disposición al diálogo.