L D (Agencias) En esta comparecencia, en la que las acusaciones y la defensa presentarán sus alegaciones, el juez decidirá si renueva la suspensión de actividades de Batasuna, que fue ordenada por tres años el 26 de agosto del 2002 y que tenía que haberse prorrogado el pasado verano, lo que no se hizo bajo el argumento de que no era necesario al haber sido ilegalizada por el Tribunal Supremo, en marzo del 2003.
Precisamente, en su escrito, que abarca ocho folios, la Fiscalía General asegura tener "serias dudas" acerca de la posibilidad de aplicar ahora el artículo 129 del CP, teniendo en cuenta que desde que se decretó la suspensión de actividades de Batasuna "media la sentencia de fecha 27 de marzo de la Sala Especial del Tribunal Supremo" por la que se ilegalizó esta formación.
Para la Fiscalía, la disolución de los partidos HB-EH-Batasuna, ordenada por el Supremo, implica el cese definitivo de toda actividad del partido disuelto o de cualquier otro que le dé continuidad o lo suceda, por lo que estima "contradictoria" la adopción, "en el marco del proceso penal, de una medida suspensiva de naturaleza cautelar".
Precisamente, en su escrito, que abarca ocho folios, la Fiscalía General asegura tener "serias dudas" acerca de la posibilidad de aplicar ahora el artículo 129 del CP, teniendo en cuenta que desde que se decretó la suspensión de actividades de Batasuna "media la sentencia de fecha 27 de marzo de la Sala Especial del Tribunal Supremo" por la que se ilegalizó esta formación.
Para la Fiscalía, la disolución de los partidos HB-EH-Batasuna, ordenada por el Supremo, implica el cese definitivo de toda actividad del partido disuelto o de cualquier otro que le dé continuidad o lo suceda, por lo que estima "contradictoria" la adopción, "en el marco del proceso penal, de una medida suspensiva de naturaleza cautelar".
Se basa en los informes policiales
No obstante, añade el escrito, si el juez entiende que en cualquier caso cabe "reactivar en el proceso penal las medidas cautelares dirigidas a la suspensión de la actividad" de Batasuna, "procede en consecuencia analizar si en el caso de la convocatoria" de Batasuna "nos hallamos efectivamente ante una actuación del extinto partido político". De los informes policiales pedidos por el juez, destaca el Ministerio Público, se llega a la conclusión de que dicho acto puede calificarse de orgánico, "propio del funcionamiento y organización -como es obvio clandestinos- del partido político disuelto".
Por ello, "siempre y cuando pudieran salvarse las objeciones de aplicabilidad de la norma invocada (artículo 129 del CP)" y el juez ordenase la suspensión de actividades de Batasuna, "el Ministerio Fiscal considera que dicha suspensión sería aplicable y por tanto debería producir su efecto en el concreto supuesto analizado" la convocatoria del Congreso del próximo sábado, concluye.
Este mismo lunes, el Tribunal Supremo rechazó el escrito presentado por el sindicato Manos Limpias en el que solicitaba que se impida la celebración del acto ya que el Supremo no puede actuar si no se lo pide la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el Alto Tribunal señala que esta decisión no "prejuzga" los hechos y comportamientos delictivos denunciados y añade que del escrito de esta organización "se desprende la existencia de una 'notticia criminis'", por lo que da traslado al Ministerio Fiscal de esta resolución y del citado escrito "a los efectos oportunos".
El Supremo en su auto recuerda otro dictado el pasado mes de abril que señaló que la Ley de Partidos "en su artículo 11 establece con claridad (y con exclusión de cualesquiera otros) los sujetos legitimados para comparecer en el procedimiento de ilegalización. Estos son el Gobierno de la Nación y el Ministerio Fiscal".
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró que corresponde al juez Grande-Marlaska decidir sobre la celebración de este acto si existe riesgo de comisión de delitos y recordó que esta formación "está muerta civilmente" desde que fue ilegalizada por el Supremo. El titular de justicia recordó que si se acuerda la prohibición de esta convocatoria, el Gobierno Vasco debe acatarla e impedir su celebración.
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró que corresponde al juez Grande-Marlaska decidir sobre la celebración de este acto si existe riesgo de comisión de delitos y recordó que esta formación "está muerta civilmente" desde que fue ilegalizada por el Supremo. El titular de justicia recordó que si se acuerda la prohibición de esta convocatoria, el Gobierno Vasco debe acatarla e impedir su celebración.