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Pumpido impone su criterio y la Junta de Fiscales informará en contra del recurso del PP al Estatuto

La Junta de Fiscales de Sala ha decidido por quince votos a favor y cuatro en contra que el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional informe en contra de la admisión a trámite del recurso del PP contra la tramitación de la reforma del Estatuto de Cataluña. La Junta ha tomado esta decisión en contra de lo que apoyó por mayoría la Fiscalía del Tribunal Constitucional, partidaria de admitir a trámite el recurso del Partido Popular.

La Junta de Fiscales de Sala ha decidido por quince votos a favor y cuatro en contra que el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional informe en contra de la admisión a trámite del recurso del PP contra la tramitación de la reforma del Estatuto de Cataluña. La Junta ha tomado esta decisión en contra de lo que apoyó por mayoría la Fiscalía del Tribunal Constitucional, partidaria de admitir a trámite el recurso del Partido Popular.
L D (Agencias) Quince de los veinte miembros de la Junta de Fiscales se mostraron en contra de la admisión a trámite, al entender que no es el momento de analizar si se trata de una reforma encubierta de la Constitución, ya que todavía no ha sido aprobado como tal el Estatuto y aún se encuentra en fase de tramitación parlamentaria.
 
En rueda de prensa, la jefa de la Secretaría Técnica, Elvira Tejada, y el jefe de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General, José Luis Bueren, indicaron que una vez que el Estatuto entre en vigor sería el momento en el que se podría recurrir alguno de sus puntos si se considerara inconstitucional.
  
La Junta debatió tres informes: el del fiscal jefe del TC, Juan Ortiz Úrculo, favorable a la admisión al considerar que la reforma del Estatuto se está tramitando como una reforma de la Constitución; el de la minoría de la Junta de Fiscales del TC que firmó el teniente fiscal de esta institución, Olayo González Soler, y que es contrario a la admisión; y el de la Secretaría Técnica, que se inclina también por la inadmisión y que lo firma Elvira Tejada.
  
Tras el resultado de la votación, la Junta de Fiscales ordenó al teniente fiscal del Tribunal Constitucional, Olayo González Soler, la elaboración de un informe acorde con las pautas fijadas en la reunión, que son "sustancialmente las mismas" que las señaladas en el informe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General. El anterior informe, partidario de la admisión a trámite, contó con cinco votos a favor, tres en contra y una abstención.
  
Ortiz Úrculo mantuvo en la reunión que en la tramitación de la reforma del Estatuto podía haber una vulneración de la Constitución, por lo que entendía procedente esperar un pronunciamiento del TC y no abortar de entrada esta posibilidad de resolución por parte del alto tribunal. A su juicio, al encubrir una reforma tácita de la Constitución se altera el régimen de las mayorías que deberían entrar en juego en el supuesto de que la cuestión no se tramitara como una reforma del Estatuto.
 
En cambio, la mayoría de los miembros de la Junta de Fiscales de Sala consideraron que los planteamientos que se hacen en la demanda de amparo del PP "pueden tener su justificación desde el punto de vista político" pero carecían de "soporte alguno desde el punto de vista jurídico", con afirmaciones como que se pretendía "encubrir una reforma tácita de la Constitución".
  
José Luis Bueren explicó en rueda de prensa que la petición de que el Congreso de los Diputados "recalifique la iniciativa" del Parlamento catalán "excede con mucho de las competencias de la Mesa de la Cámara que únicamente puede examinar si se cumplen los requisitos constitucionales formales que pueden dar lugar a la tramitación".
  
Asimismo, la mayoría de los miembros de la Junta de Fiscales entendió que en el momento en el que se apruebe el Estatuto es cuando podrá ser revisado por el TC para valorar si su contenido se ajusta o no a la Carta Magna. En cualquier caso, estimaron que el TC va a entrar a valorar en este trámite de inadmisión el fondo del asunto "en la forma que estime procedente".
  
Bueren explicó que la decisión del fiscal general para convocar esta Junta respondía a que era "necesario" que la postura del Ministerio Público en este caso estuviera "sustentada en estrictos criterios jurídicos, firmes y solventes que pudieran defenderse con toda rotundidad". De igual modo, indicó que la decisión que adoptara el Ministerio Público es trascendente "porque con la cuestión planteada se está debatiendo el equilibrio de las instituciones en la configuración de nuestro sistema jurídico: el papel que debe desempeñar el TC y el que debe tener el Parlamento".
  
El informe de la Secretaría Técnica, en el que se basará el informe que se presente ante el TC, no acepta la conclusión a la que llegan tanto el recurso del Grupo Popular como el informe de la Junta de Fiscales del TC, referida a que se trata de una reforma encubierta de la Constitución. Así, sostiene que cuando una iniciativa legislativa es incompatible con la Constitución no estamos ante una reforma encubierta de la Carta Magna, sino, en todo caso, ante una ley inconstitucional.
  
Asimismo, el escrito considera que el TC no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de una proposición de reforma de Estatuto de Autonomía, como exige el PP en su recurso. En cuanto a las facultades de la Mesa del Congreso, indica que ésta no puede "variar la voluntad" del Parlamento catalán recalificando la iniciativa como reforma constitucional. En este sentido, señala que la Mesa se sitúa en un territorio "mucho más limitado que el que los recurrentes pretenden".
  
Este informe no da ninguna relevancia a la afirmación que contiene el recurso del PP sobre que la iniciativa del Parlamento catalán contiene un Estatuto de Autonomía "nuevo" y no una reforma del vigente. "La cuestión es irrelevante no sólo por su alcance meramente semántico", señala el texto, que añade que la demanda "no explica cómo y por qué ese hecho podría afectar al derecho fundamental invocado".

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