LD (Europa Press) De aprobarse el nuevo reglamento, las actas de disconformidad más importantes o conflictivas de las grandes empresas se resolverían por una Comisión Consultiva que dependería directamente del Ministerio. Los inspectores denuncian que la medida no tiene ninguna explicación técnica, por lo que sólo puede justificarse por "motivos políticos". Los inspectores afirman que de aprobarse esta norma, se adoptarían decisiones sobre determinados expedientes que podrían ir en contra del criterio del inspector jefe, siempre que así lo decidiera la Comisión Consultiva.
Los inspectores denuncian que “de esta forma, la decisión en los expedientes más importantes y delicados va a estar en manos del Director General de Tributos, nombrado directamente por el secretario de Estado Hacienda". Continúan señalando que "no hay motivos técnicos que justifiquen la adopción de dicha medida, ya que existen suficientes órganos consultivos a los que la Inspección de Hacienda se puede dirigir en los casos más complejos o complicados, y así lo ha hecho hasta ahora, solicitando los informes que estime convenientes".
No hay antecedentes
Para los inspectores, la intervención obligatoria de esta Comisión supone trasladar las decisiones en los expedientes de las grandes empresas o de los temas más delicados o conflictivos a un órgano ajeno a la Inspección de Hacienda. Inciden en que "no existe antecedente de este tipo en nuestro sistema fiscal". Además, indican que cuando la Ley General Tributaria ha querido regular la obligatoriedad de la emisión de un informe, lo ha reflejado expresamente en su articulado, como ocurre en los supuestos de conflicto en la aplicación de la norma (artículo 159) o en todas las actas de disconformidad (artículo 157).
Por todo ello, concluyen que, de aprobarse este reglamento tal y como figura en el proyecto, se estarían "eliminando" las competencias que actualmente tiene la Inspección de Hacienda para regularizar los expedientes más delicados, ya que deja dicha decisión en manos de un órgano "ajeno" a la misma. En este sentido y dada la "gravedad" que supondría la aprobación de este reglamento, desde la Organización de Inspectores de Hacienda proponen que se elimine dicho precepto, y aseguran que de no ser así, se considerará la posibilidad de recurrirlo ante los tribunales.