L D (Agencias) En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Joan Saura (ICV) dijo que "no es correcto que la misma persona que en el Gobierno tiene responsabilidades de contratación haga la carta del partido". "No sé si es incompatible legalmente, pero moral y políticamente sí", añadió. Saura cree que "hace falta que ERC informe al Gobierno de cómo ha ido esto", porque, si bien es "práctica generalizada" que los partidos cobren parte de los sueldos de cargos electos militantes, "parece que no es exactamente esto" en el caso de Esquerra.
Sin embargo, el portavoz del Gobierno, Joaquim Nadal (PSC), ha informado de que el Ejecutivo "no hará ningún tipo de investigación" sobre el asunto y dio por buenas las explicaciones de Vendrell. En declaraciones a Com Ràdio, el conseller añadió que si alguien se siente presionado "lo debe plantear donde crea conveniente", y se mostró favorable a aclarar "los casos puntuales que pudieran aparecer, si los hubiera, de aplicación dudosa".
Desde la oposición, el presidente de CiU, Artur Mas, acusó a ERC de "intentar controlar y patrimonializar la administración pública" catalana y "hacer la suya" mediante "irregularidades flagrantes y que son demostrables", en alusión a las cartas enviadas por ERC a empleados de sus consejerías exigiendo el pago de cuotas al partido para mantenerse en el cargo. Mas apuntó que, si la Fiscalía ha actuado contra CiU "sin ningún tipo de base o fundamento", en este asunto de ERC "hay pruebas evidentes y no se trata de una simple acusación o calumnia". Por ello, consideró que la Fiscalía debería "empezar a mirarse esto".
Mas explicó que los altos cargos de CiU en la administración –durante los gobiernos de Jordi Pujol– también pagaban una cuota al partido, igual que los diputados, senadores y otros militantes del partido. No obstante, diferenció este sistema de financiación de la actuación de ERC, que calificó como "una forma de extorsión" a los empleados de la administración. En su opinión, las cartas enviadas por Vendrell son "una forma de extorsión" y una "actuación absolutamente sectaria e irregular", al amenazar a trabajadores con que "si no pagan les quitan el trabajo". Sobre posibles incompatibilidades en los dos cargos de Vendrell, Mas no vio problema "si se comportase correctamente", dado que "legalmente es compatible".
El portavoz del PP catalán, Daniel Sirera, reclamó a la Fiscalía que "actúe inmediatamente" sobre la "extorsión" de Vendrell y recordó que el PP ya ha pedido su dimisión. Sirera consideró "ilegal" que Vendrell "haya utilizado datos personales protegidos legalmente obtenidos por su condición de miembro del Gobierno, para darlas a ERC para que pudiera enviar cartas". Además, pidió a ICV-EA que "no mire a otro lado, como el PSC", y "ayude a depurar responsabilidades" desde el Ejecutivo por "extorsionar a trabajadores de la administración de la Generalitat con la amenaza de echarlos si no pagaban", una actitud "claramente mafiosa" que el Gobierno debe explicar en el Parlament; en caso contrario, los populares pedirán que el 'conseller primer', Josep Bargalló, "comparezca en el próximo pleno".
Daniel Sirera explicó en rueda de prensa que al PP "no acostumbra a ir a la Fiscalía para que actúe" frente a un tema, porque "confía en la vía política", pero no descartó nada, incluido acudir al fiscal, si la mayoría parlamentaria "impide" llevar el asunto "hasta el final". Sin embargo, admitió que el PP no tiene fuerza parlamentaria suficiente para propiciar una comisión de investigación, además de que CiU "no está por la labor de investigar" porque "a la hora de la verdad, cuando han hecho falta sus votos para hacer una comisión de investigación, no ha respondido".