L D (Agencias) El presidente del tribunal, Manuel Hidalgo, que juzga a los tres policías acusados de detención ilegal de dos militantes del PP por una supuesta agresión al ex ministro de Defensa, José Bono, puso de manifiesto, en la primera sesión del juicio graves irregularidades en la investigación.
El magistrado destacó el hecho de que los policías presentes en la manifestación declararan "compareciendo ante sí mismos" como instructor y secretario en las diligencias, error que fue subsanado tres días más tarde aunque utilizando la fecha de los incidentes.
Al ser interrogado por el juez, el tercero de los acusados, un funcionario del grupo de investigación de los GRAPO que actuó como secretario de las declaraciones de los militantes del PP, admitió estas irregularidades. Dijo que los militantes del PP fueron citados como imputados no detenidos y que en la diligencia repetida para subsanar el error de los "comparecientes ante sí mismos" se puso la fecha del 22 de enero en vez del 25, ya que de otro modo "no se entendería" la secuencia de las actuaciones.
Ésto explica que la supuesta agresión al escolta del ex ministro aparezca en las diligencias con fecha del 22 de enero cuando el parte médico se realizó el día 24, dos días después de la manifestación, y no fue conocido por los policías hasta un día después, el 25, precisamente el día que corregieron el error de "comparecientes ante sí mismos". El magistrado, Manuel Hidalgo recordó también que este hecho –la supuesta agresión al escolta de Bono– no volvió a aparecer en las diligencias. El PP ya denunció en su momento las irregularidades en el parte médico del escolta.
Los tres funcionarios de la policía que se sientan en el banquillo de los acusados comenzaron a ser juzgados ante la sección decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid por la detención ilegal de los militantes populares, y se enfrentan a penas de 10, 8 y 4 años de prisión respectivamente por parte de la acusación que ejerce el PP. La Fiscalía de Madrid no acusa a ninguno de los tres agentes imputados al considerar que los hechos que ocurrieron en el transcurso de la manifestación no son constitutivos de delito. Sin embargo, el PP ejerce la acusación en nombre de los dos militantes de Las Rozas (Madrid) Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, y del secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.
La acusación del PP pide 10 años de cárcel menos un día para el comisario jefe, Rodolfo Ruiz por detención ilegal, falsedad en documento público y coacciones, además de 11 años de inhabilitación; 8 años menos un día para el inspector que llevó el peso de las actuaciones por los dos primeros delitos y cuatro años de cárcel para tercer acusado únicamente por la falsedad. Rodolfo Ruiz era el comisario de Puente de Vallecas, comisaría donde apareció, según la versión oficial, la mochila del 11-M, y fue ascendido a comisario jefe de la Brigada Provincial de Información tras la llegada del PSOE al gobierno.
En su interrogatorio el comisario jefe, Rodolfo Ruiz, dijo que él no intervino en la investigación ni en las citaciones y se limitó a informar a sus superiores. Además, negó haber recibido instrucción alguna de la Delegación del Gobierno o haber coaccionado a los citados, si bien reconoció haber pasado "tangencialmente" por la sala en la que éstos habían prestado declaración.
Explicó el comisario el hecho de que el primer instructor de las diligencias fuera apartado de la investigación por estar en desacuerdo con el hecho de que les fueran leídos sus derechos a los militantes detenidos. Dijo que ya tenía pensado cesarle como jefe de grupo porque era una persona "gastada" si bien había manifestado "falta de colaboración e interés" en este asunto concreto.
El inspector, que reconoce que no hubo agresión, dice que su actuación fue legal
La más extensa de las declaraciones –durante una sesión maratoniana de siete horas en la que el tribunal apenas concedió dos breves recesos–, fue la del inspector jefe encargado de incoar las diligencias contra los militantes populares. Insistió en que en ningún documento abierto durante las diligencias constó agresión alguna al ministro Bono pero sí otras presuntas figuras delictivas (zarandeos, empujones e insultos) al mandatario que, a su juicio, justificaron su actuación. Afirmó también que los militantes declararon como "imputados no detenidos", se les facilitó un vehículo para acceder y salir de la comisaría y nunca se les fotografió, se les tomó huellas o se les retiró el teléfono móvil, como ocurre habitualmente cuando la policía detiene a un sospechoso. Versión que contradice absolutamente el relato de los militantes detenidos ilegalmente. (Ver más)
La más extensa de las declaraciones –durante una sesión maratoniana de siete horas en la que el tribunal apenas concedió dos breves recesos–, fue la del inspector jefe encargado de incoar las diligencias contra los militantes populares. Insistió en que en ningún documento abierto durante las diligencias constó agresión alguna al ministro Bono pero sí otras presuntas figuras delictivas (zarandeos, empujones e insultos) al mandatario que, a su juicio, justificaron su actuación. Afirmó también que los militantes declararon como "imputados no detenidos", se les facilitó un vehículo para acceder y salir de la comisaría y nunca se les fotografió, se les tomó huellas o se les retiró el teléfono móvil, como ocurre habitualmente cuando la policía detiene a un sospechoso. Versión que contradice absolutamente el relato de los militantes detenidos ilegalmente. (Ver más)
A preguntas del abogado José Ramón Montero, que ejerce la acusación del PP en nombre de los militantes arrestados y del secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, el inspector acusado concretó los posibles delitos investigados sin tener en cuenta la posible agresión a Bono. Enumeró los de atentado a la persona del ministro (por los empujones y zarandeos que sufrió) insultos en la modalidad de injurias y un delito contra sus libertades y los derechos públicos, puesto que tuvo que abandonar la manifestación. Sobre la posible agresión sufrida por Bono con el mástil de una bandera, el funcionario reconoció que el mismo día de los hechos sí se planteó su existencia, "según manifestó el propio ministro", aunque este extremo nunca se concretó ni figuró en las diligencias. También negó que su superior, Rodolfo Ruiz, le dijera "si Bono dice que le han pegado es que le han pegado", tal y como se señala en el escrito de acusación.
Al inicio de la sesión, presidida por el magistrado Miguel Hidalgo, se procedió al visionado de seis grabaciones de la manifestación aportadas por diferentes medios informativos. Sólo en una de ellas se aprecia cómo uno de los integrantes de la "cápsula de seguridad" que rodea a Bono aparta del ministro un palo, aunque no se ve bien quien lo esgrime.
E inspector aseguró haber sido informado de los hechos por la emisora de la policía y por un funcionario presente, que fue el que redactó la primera nota informativa. "De su simple lectura vio a las claras que había indicios racionales de delito", afirmó. Preguntado por el modo en el que fueron identificados Barrios y De la Cruz, explicó que conoció sus nombres por el diario El País, ratificando esta información por la foto que apareció al día siguiente en la portada del diario ABC. El inspector aseguró que citó telefónicamente a Barrios, a quien mandó un vehículo para acercarle a la comisaría, y que fue éste quien le dijo que acudiría acompañado de De la Cruz.
Del primero dijo que en las grabaciones se le identificó como el portador del mástil incautado y autor de un "manotazo" junto a Bono. Preguntado si esta acción no podría haber sido realizada por otra persona manifestó que no, "porque una ley física señala que cada persona tiene dos manos", y una de las del militante fue la que realizó dicha acción.