L D (Europa Press) La condena dictada este jueves por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal es la segunda que suma Arnaldo Otegi, después de que el Tribunal Supremo lo condenara el 4 de noviembre de 2005 a un año de cárcel por un delito de injurias graves al Rey, al que había llamado en febrero de 2003 "responsable de los torturadores". Puesto que la condena del Supremo es ya firme, la sentencia de este jueves de la Audiencia podría suponer, según fuentes jurídicas, el ingreso en prisión de Otegi si así lo solicita la Fiscalía, aunque es susceptible de ser recurrida ante el Supremo.
Para condenar ahora a Otegi –que además se encuentra en libertad bajo fianza por su procesamiento en el sumario en el que se investiga el grado de relación de Batasuna con ETA– la sala considera probado que éste tuvo un "participación muy activa" en el homenaje al dirigente etarra "Argala" con motivo del 25 aniversario de su fallecimiento, el 21 de diciembre de 2003 en Arrigorriaga (Vizcaya). El tribunal esgrime como principal prueba de cargo "sobre la realidad del acto de homenaje celebrado, las informaciones periodísticas obrantes en la causa". Aunque "Argala" fue amnistiado en 1977, "el ensalzamiento de sus actos o de su persona no dejaría de constituir delito de terrorismo", en concreto el de enaltecimiento, "a pesar del perdón por sus acciones" que esta amnistía supuso, añade la Audiencia.
El terrorista "Argala", fallecido en 1978, participó en el atentado contra el almirante Luis Carrero Blanco. El homenaje de 2003 se celebró en una plaza que lleva su nombre en la localidad de Arrigorriaga.
Imaz: "Los jueces deben tener en cuenta las circunstancias"
Horas antes de que se conociese la noticia de la condena de 15 meses de prisión al batasuno Arnaldo Otegi dictada por la Audiencia Nacional, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, aseguraba que los jueces deben tener en cuenta, en la aplicación de la Ley, "las circunstancias del entorno social y de la sociedad en la que uno vive". El dirigente nacionalista labanzaba también duras críticas contra el presidente del Supremo y del CGPJ, Francisco José Hernando, del que dijo su actitud es "absolutamente partidista" y ha hecho política más que ningún representante político, por lo que, en su opinión "se ha violentado el Estado de Derecho".