En la tarde de hoy, probablemente, se publicara un manifiesto suscrito por el resto de organizaciones sindicales, en el que se mostrará el apoyo, la confianza en los tres funcionarios enjuiciados, reflejará un alegato en contra de la instrumentalización, mostrando esperanza en cuanto a que la sentencia no sea política.
CEP desea lo mejor a estos funcionarios y está convencido de que la sentencia, sea cual sea, no será politizada pues confiamos en la independencia de los Jueces que sustancian el caso. Por el contrario, la posición mantenida por el Fiscal del caso, a priori, no supone ninguna garantía, pues en numerosas ocasiones las sentencias son contrarias a las posiciones mantenidas por el Ministerio Público, aparte de mencionar que éste, en sus posiciones, está sujeto a jerarquía y el Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno de la Nación.
Ciertamente, la petición máxima de diez años de condena resulta exagerada si argumentan, tal como se hace en determinadas publicaciones y manifiestos, que en cualquier caso se trata de una detención de carácter técnico que dura media hora. Esto, aparte de ser un reconocimiento implícito a la irregularidad de la detención, resulta tendencioso, pues no nos debemos olvidar la relevancia que adquiere esta detención, pues para ajustarla a derecho, se manipularon o falsearon, presuntamente, Diligencias Policiales. Esto es lo que se enjuicia y sobre esto se pronunciará el Tribunal.
También hemos de tener en cuenta lo que subyace detrás del procedimiento judicial, esto es la lapidación profesional que han sufrido dos funcionarios por no acatar instrucciones relativas a la conveniencia de la detención. Se negaron porque para ellos, no existían indicios suficientes para efectuar ninguna detención, lo dijera quién lo dijera, y lo mantuvieron, siendo conscientes de que se jugaban el puesto de trabajo y probablemente su carrera profesional, aunque por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid, anunciaran identificaciones y detenciones presionándoles en ese sentido. No sabemos si esto es o no es instrumentalización política, que cada uno saque sus conclusiones. A CEP le parece que sí. Por eso, la posición mantenida por los dos profesionales cesados y marginados, a CEP cuando menos, le parece un ejercicio de dignidad profesional merecedora de todo encomio.
Repetimos que no deseamos ninguna condena a esos tres funcionarios, pero este caso ha puesto en tela de juicio la rigurosidad y profesionalidad del Cuerpo Nacional de Policía, y lo mejor que podemos hacer todos para restaurarla, es acatar y respetar la independencia judicial y una vez que exista sentencia, si esta es condenatoria hacia los tres imputados, seremos los primeros en solicitar su indulto.
Madrid, a 28 de abril de 2006
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL