L D (Europa Press) La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó este lunes en Lisboa, donde se encuentra de visita oficial, que el Ejecutivo central "respeta y acata" la sentencia judicial del caso Bono pero, no obstante, anunció que la recurrirá. Además, consideró que la dimisión del Delegado del Gobierno de Madrid, Constantino Méndez, demuestra que "el Gobierno asume sus responsabilidades".
En la residencia oficial del primer ministro de Portugal, José Sócrates, la ministra de Presidencia aseguró que aunque el Gobierno respeta y acata la decisión judicial la va a recurrir porque "discordamos de su contenido", pero también porque "respeta y apoya a los Cuerpos de Seguridad del Estado" que, según dijo, "han demostrado en todo momento su seguridad y eficacia al servicio del Estado". Además, consideró que la dimisión de Méndez –"a pesar de que la sentencia deja meridianamente claro que no hubo instrucción política", matizó– "pone de manifiesto que este Gobierno tiene otra forma de hacer política y asume sus responsabilidades".
Sin embargo, dijo, "no es razonable que se utilice a los Cuerpos de Seguridad del Estado para desgastar al Gobierno", en referencia a las críticas del PP, aunque sin citarlo. "Es algo que no tiene precedentes y que espero que no se siga insistiendo" en este sentido, concluyó De la Vega.
En declaraciones a los periodistas momentos antes de asistir a una conferencia en el Club Siglo XXI de la presidenta del Tribunal Supremo, María Emilia Casas, el titular de Justicia señaló que "en la medida que exista margen de un recurso se planteará ante la Sala Segunda del Supremo". Añadió que el inspector Javier Fernández, condenado a 5 años de cárcel y 8 de inhabilitación por los delitos de detención ilegal y falsedad, confió su representación legal en la Abogacía del Estado, por lo que "tiene derecho a hacerla valer como todos los funcionarios que resultan encausados". El ministro, que trasmitió un mensaje de respeto y reconocimiento al trabajo que efectúan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, señaló que "la lectura rápida" de la sentencia efectuada por la Abogacía del Estado constata que "no sólo no despeja la cuestión de la agresión a un ministro, que debería ser investigada", sino que "no menciona el delito de atentado contra la autoridad, que habla de amenazas, coacciones y agresiones verbales a un ministro".
López Aguilar también se pronunció respecto a la dimisión del hasta ahora delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, lo que definió como "un ejercicio limpio y honesto de responsabilidad en estado puro". De esta manera, rechazó que la condena le haya obligado a dimitir, sino que "asume las consecuencias de una situación". "El delegado del Gobierno ha presentado su dimisión en un ejercicio de responsabilidad impecable y con gran dignidad y estatuto moral. Es un gesto que le honra".
Asimismo, el responsable de Justicia insistió en que la sentencia, que condena a los acusados a penas de entre 3 y 5 años de cárcel, deja claro que "no existió ningún tipo de instrucción política ni ningún tipo de presión en la actuación policial", que calificó de "correcta". Además, afirmó que la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid "pone en su sitio al PP", quien, a su juicio, "ha estado todo el tiempo buscando politizar este asunto". López Aguilar sostuvo que el ex ministro de Defensa José Bono, quien mantiene que fue agredido durante la manifestación, "no mintió" porque que "toda España tuvo conocimiento de los incidentes" al estar filmado. "El ministro vivió una situación indeseable en ninguna sociedad democrática y merecía ser investigado", agregó.
El PSOE ve la sentencia "desmesurada"
En una rueda de prensa en el Congreso, el dirigente socialista López Garrido envió un "saludo" a Méndez y recalcó que ha dejado su cargo "por "solidaridad con los policías" y que ha mantenido un "comportamiento impecable". "Ha dimitido por razones de responsabilidad y solidaridad personal a pesar de que no hay ninguna imputación a Méndez", sentenció, subrayando que el fallo no habla de "instrucciones ni nada parecido para que se detuviera a personas concretas". Respecto a la sentencia, López Garrido recalcó que su grupo "acata", aunque no la comparte. Así, calificó de "injusto" el fallo y de "muy desmesuradas" las penas impuestas a tres policías por la Audiencia Provincial de Madrid, que suman trece años y medio de prisión. Para los socialistas la decisión del tribunal no es "acertada" y puede "contribuir al mal funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
En este sentido, hizo hincapié en que los agentes condenados se limitaron a "cumplir con su obligación" al "investigar unos hechos de extrema violencia" contra el entonces ministro de Defensa, José Bono, y que es "perfectamente natural" que tomaran declaración a los militantes del PP que la prestaron, destacó, "libremente". Por ello, explicó que es previsible que el Abogado del Estado recurra el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, habida cuenta de que los condenados son "funcionarios públicos", y mostró su deseo de que finalmente los agentes sean "absueltos" porque "no cometieron delito alguno".
El portavoz del Grupo Socialista resaltó que, al dejar claro que "no hubo ningún tipo de instrucción política por parte de ninguna autoridad" para que se detuviera a los dos afiliados al PP, el tribunal "despolitiza" el caso y "desautoriza expresamente" las tesis que ha venido manteniendo el PP. En este punto, acusó a los 'populares', encabezados por su secretario general, Angel Acebes, de "mentir" y "engañar a la opinión pública" cuando afirman que la sentencia demuestra que se dieron órdenes políticas a los policías. "El PP no sólo no se retracta, sino que insiste con toda desfachatez", censuró el dirigente socialista.
Por el contrario, según López Garrido, con el fallo conocido hoy "queda claro que en España no se persigue a nadie por pertenecer a un partido político". En este contexto, considera "totalmente inaceptable e ilógica en términos democráticos" la reacción del PP, al que acusó de actuar como un "partido antisistema" en un "nuevo intento de desprestigio al Estado de Derecho". Preguntado sobre la posibilidad de que, como han pedido los 'populares', el Congreso celebre un Pleno extraordinario sobre este asunto, el portavoz socialista reiteró que esta cuestión pertenece al "ámbito judicial" y que es el PP el que se empeña en "repolitizarla".