(Libertad Digital) El control del Poder Judicial se ha convertido en un elemento esencial de la política de José Luis Rodríguez Zapatero. El último movimiento, desvelado este lunes por el diario El Mundo, busca la toma de control del Consejo General del Consejo Judicial quitándose de en medio a su actual presidente, Francisco Hernando, por medio de una "jubilación anticipada".
Hasta el momento, el presidente de la institución mantenía su cargo hasta que un nuevo Consejo eligiera a su sucesor. Izquierda Unida ha presentado una enmienda (aunque El Mundo apunta que en el CGPJ "no hay dudas de su inspiración gubernamental") que exige que el presidente del Poder Judicial "cesará cuando, por jubilación u otras razones, deje de pertenecer a la carrera judicial". La jubilación se produce cuando se cumplen 70 años, precisamente los que cumplirá Hernando el próximo 4 de junio, por lo que será apartado de su actual cargo. Tal como recuerda el diario madrileño, el CGPJ es la última institución del Estado en la que el PP conservaba la mayoría. El puesto que abandonará Hernando será ocupado por el vicepresidente, Fernando Salinas, que fue propuesto por el PSOE. Ello ocurrirá gracias a otra enmienda de Izquierda Unida, que prevé que cuando sea cesado el presidente, el CGPJ será presidido por quien ocupe la vicepresidencia.
No es el primer movimiento promovido desde el Gobierno para intentar minimizar la mayoría popular en el CGPJ. Nada más ocupar el Ejecutivo, se puso en marcha una reforma que elevaba a 13 los votos necesarios para designar a los altos cargos judiciales, como los magistrados del Supremo, en lugar de los 11 anteriores. Con esta ampliación de la mayoría necesaria se diluía la influencia que tenían los miembros del Consejo propuestos por el PP, que aún mantiene una mayoría en la institución.
Pero la enmienda de Izquierda Unida tiene más implicaciones que el mero hecho de quitarse de en medio a Francisco Hernando, ya que cuando concluya el mandato del actual Consejo, pasados cinco años de su elección, la institución se mantendrá por medio de los cinco miembros que ocupan su Comisión Permanente, en la que el PP mantendría su mayoría. Dicha Comisión Permanente no puede hacer nombramientos, lo que paralizaría las pretensiones del Gobierno, que han motivado las dos enmiendas propuestas por Izquierda Unida.
En el caso de que los populares intentaran bloquear la sustitución de Francisco Hernando por Salinas, propuesto por el PSOE, sólo podrían retrasar la decisión hasta el próximo 22 de febrero, dado que en esa fecha cumple 70 años otro de los vocales propuestos por el PP, Enrique Míguez. Ese día, los vocales propuestos por los populares, inicialmente 10, se quedarán en ocho por la salida de Míguez y tras el fallecimiento de Fernando Martín, acaecido el pasado verano. Este número de ocho vocales es relevante, ya que se enfrentarán a otros ocho vocales, seis propuestos por el PSOE, y otros dos por Izquierda Unida y CiU. En caso de que haya empate, la decisión recaería en el independiente Agustín Azparren, pero en caso de abstención la decisión recaería en el actual vicepresidente, Fernando Salinas. No obstante, las enmiendas de IU no entrarían en vigor antes del cumpleaños de Francisco Hernando, que se producirá el próximo 4 de junio, por lo que habría de ser aplicado con retroactividad.