L D (Europa Press) Otegi debía pronunciar una conferencia bajo el título 'Por un proceso democrático y nacional', actuando como presentador el presidente de la Asociación Europea de Abogados Demócratas, August Gil Matamala.
El juez Grande-Marlaska dictó este viernes un auto en el que ordena a la Policía Nacional y a la autonómica que impidan la conferencia Otegi, que iba a celebrarse en el hotel Palace de la Ciudad Condal, a pesar de que la Fiscalía la Audiencia se manifestó en contra de la prohibición de la charla.
En la resolución, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 señala que la participación de Otegi en representación de la organización ilegalizada incurre en una de las causas de prohibición previstas en el auto dictado el pasado 17 de enero en el que el magistrado acordó la suspensión de actividades de Batasuna durante dos años.
El juez remite el auto a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, a la Dirección General de Seguridad de la Generalidad y a la Delegación del Gobierno en Cataluña, y concreta que la medida de prohibición sólo afecta a la intervención de Otegi y no al resto de actos previstos ese mismo día por el mencionado Foro.
Grande-Marlaska subraya que la conferencia de Otegi se refiere "expresamente" a que lo hace "en su condición de portavoz de la izquierda abertzale", lo que pone de manifiesto que el dirigente de Batasuna "no ejercerá sus derechos civiles y políticos como persona individual, sino que se constituye en altavoz del frente político-institucional de la organización terrorista ETA-KAS-Ekin-Batasuna".
El secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, denunció que la Fiscalía General del Estado es "un apéndice" del Ministerio del Interior y que los fiscales, a través del Fiscal general del Estado, "cumplen las órdenes que da Rubalcaba". El dirigente popular afirmó que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska "ha hecho lo que tenía que hacer" y consideró que "lo que es demencial es que los fiscales se pongan en contra de este criterio de que se cumpla la ley y que se aplique".
La responsabilidad del Ejecutivo
Por su parte, la ilegalizada Batasuna ha emitido un comunicado en el que responsabiliza de esta prohibición al Gobierno del PSOE "en cuanto mantiene activa la estrategia represiva" que hace posible que "agresiones como ésta se den". Para el brazo político de ETA constituye "una nueva agresión que, aunque judicial, tiene un claro móvil político: obstaculizar e imposibilitar la actividad política de Batasuna".