L D (EFE) En el discurso de apertura en el Congreso de los Diputados de la jornada "La laicidad como marco para la libertad" organizada por el PSOE, Cuesta remarcó que la asignación tributaria a la Iglesia Católica contemplada en el IRPF es inconstitucional ya que "rompe el principio de neutralidad del Estado" y beneficia a unas confesiones sobre otras.
Según el documento de conclusiones, que serán elevadas al Gobierno, el PSOE apuesta por un periodo transitorio de tres años, en el que la Iglesia seguiría recibiendo la asignación tributaria con recaudación mínima garantizada. En una segunda fase, de una duración de 3 a 5 ejercicios, se eliminaría la recaudación mínima garantizada por el Estado, es decir, "desapareciendo el mecanismo de la dotación presupuestaria encubierta".
La tercera etapa consistiría en la adopción de un mecanismo de plena autofinanciación de la Iglesia Católica en el que el Estado se limitaría a incentivar las donaciones de los fieles por medio de deducciones fiscales que podrían alcanzar hasta un 15 por ciento.
Según los cálculos de los socialistas, de los 144 millones de euros que recibiría la Iglesia, el desembolso por católico practicante ascendería a 16 euros con 36 céntimos al año, "poco más de 31 céntimos de euro por cada domingo del año que asista a los oficios religiosos". Además, para evitar fraudes de Ley, el PSOE propone que estas donaciones se hagan a través de cuentas restringidas abiertas en el Banco de España a favor de los órganos rectores de cada confesión religiosa beneficiaria de las mismas.
Álvaro Cuesta dejó bien claro que con este modelo el futuro de la acción social y caritativa de la Iglesia "no está en peligro", ya que se seguiría financiando a través de otras subvenciones y ayudas. En este sentido, el dirigente socialista recordó que la asignación tributaria a la Iglesia Católica se emplea básicamente para pagar los sueldos del clero y también para "aminorar los gastos de la COPE, la emisora de la Conferencia Episcopal".
El pasado mes de mayo, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró que la financiación que recibe la Iglesia del Estado "no es sostenible y habrá que revisarla" y recordó que los acuerdos entre el Gobierno y la Santa Sede de 1979 prevén que el objetivo debe ser la autofinanciación de la Iglesia. López Aguilar también expresó su confianza en que las negociaciones con la Iglesia permitan que los presupuestos de 2007 reflejen "un ajuste y una actualización" de su financiación.
Junto a Álvaro Cuesta participaron en la jornada sobre laicidad del Estado, el portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido; Dionisio Llamazares, Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense y Alfonso Pérez-Agote, Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense.
Según el documento de conclusiones, que serán elevadas al Gobierno, el PSOE apuesta por un periodo transitorio de tres años, en el que la Iglesia seguiría recibiendo la asignación tributaria con recaudación mínima garantizada. En una segunda fase, de una duración de 3 a 5 ejercicios, se eliminaría la recaudación mínima garantizada por el Estado, es decir, "desapareciendo el mecanismo de la dotación presupuestaria encubierta".
La tercera etapa consistiría en la adopción de un mecanismo de plena autofinanciación de la Iglesia Católica en el que el Estado se limitaría a incentivar las donaciones de los fieles por medio de deducciones fiscales que podrían alcanzar hasta un 15 por ciento.
Según los cálculos de los socialistas, de los 144 millones de euros que recibiría la Iglesia, el desembolso por católico practicante ascendería a 16 euros con 36 céntimos al año, "poco más de 31 céntimos de euro por cada domingo del año que asista a los oficios religiosos". Además, para evitar fraudes de Ley, el PSOE propone que estas donaciones se hagan a través de cuentas restringidas abiertas en el Banco de España a favor de los órganos rectores de cada confesión religiosa beneficiaria de las mismas.
Álvaro Cuesta dejó bien claro que con este modelo el futuro de la acción social y caritativa de la Iglesia "no está en peligro", ya que se seguiría financiando a través de otras subvenciones y ayudas. En este sentido, el dirigente socialista recordó que la asignación tributaria a la Iglesia Católica se emplea básicamente para pagar los sueldos del clero y también para "aminorar los gastos de la COPE, la emisora de la Conferencia Episcopal".
El pasado mes de mayo, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró que la financiación que recibe la Iglesia del Estado "no es sostenible y habrá que revisarla" y recordó que los acuerdos entre el Gobierno y la Santa Sede de 1979 prevén que el objetivo debe ser la autofinanciación de la Iglesia. López Aguilar también expresó su confianza en que las negociaciones con la Iglesia permitan que los presupuestos de 2007 reflejen "un ajuste y una actualización" de su financiación.
Junto a Álvaro Cuesta participaron en la jornada sobre laicidad del Estado, el portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido; Dionisio Llamazares, Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense y Alfonso Pérez-Agote, Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense.