La juez ha comenzado a investigar las responsabilidades de los participantes en la huelga y en los próximos días pedirá informes sobre el desarrollo de la protesta de los trabajadores de Iberia. Próximamente tomará declaración a los nueve trabajadores que fueron detenidos el pasado viernes por la Guardia Civil presuntamente por negarse a abandonar las pistas de aterrizaje, y que quedaron en libertad con cargos a la espera de ser citados. Los detenidos participaron presuntamente en el bloqueo de las pistas de rodadura cruzando autobuses de transporte de pasajeros y otro tipo de vehículos, por lo que la Guardia Civil los acusó de los delitos de desórdenes públicos, atentados y daños.
Aunque la Guardia Civil no actuó contra los huelguistas –para evitar una "batalla campal", según el ministro del Interior-, desplegó una unidad completa de intervención de antidisturbios para instar a los trabajadores a abandonar las pistas de aterrizaje, han informado fuentes de este cuerpo de seguridad.
Iberia abrirá una investigación interna
Por su parte, Iberia, que ha calificado de "salvaje" la huelga, ha anunciado que abrirá "una investigación interna para determinar las responsabilidades" por ella. La aerolínea ha pedido disculpas en un comunicado donde informaba además que todas las maletas –se perdieron más de 60.000- ya han salido hacia su destino final en España y en Europa. Los equipajes con destinos intercontinentales que quedaron abandonados en diferentes zonas de El Prat saldrán, vía Madrid, entre este lunes y el martes, según el compromiso de Iberia, que considera que el aeropuerto "funciona con normalidad".
Además, han informado de que desde las 14.00 horas del domingo, han reforzado su personal en El Prat con más de cien empleados que se han desplazado desde otros aeropuertos, medida que mantendrán durante los próximos dos días.
Según los expertos preguntados por Efe, a Iberia le corresponde imponer las sanciones laborales pertinentes a los huelguistas. Entre estas sanciones podría estar desde el pago de indemnizaciones por los daños causados, un proceso penal por poner en peligro la seguridad del tráfico aéreo hasta el despido. El profesor del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Barcelona, Fernando Barbancho, ha dicho que "hacer una huelga ilegal supone trasgresión de la buena fe contractual y, por lo tanto, puede constituir una infracción grave motivo de despido", aunque ha admitido que la legislación laboral actual prohíbe imponer sanciones económicas a los trabajadores.
Para que los trabajadores paguen indemnizaciones, sería necesario que los afectados –tanto pasajeros como otras compañías aéreas perjudicadas- o la propia administración interpusiera una demanda contra el personal que invadió las pistas de El Prat, amparándose en la responsabilidad extra-contractual que prevé el artículo 1.902 del Código Civil. Barbancho reconoce la dificultad que supone la presentación de una demanda de ese tipo, ya que, al no existir sindicato convocante ni organización que se haga responsable de la huelga, sería necesario identificar a los trabajadores que secundaron la protesta para exigirles las correspondientes indemnizaciones.
Las compañías aéreas reclamarán ante AENA por daños y perjuicios
La Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA) ya ha anunciado que presentarán una reclamación ante AENA por los daños y perjuicios sufridos durante el fin de semana. El presidente de la asociación calificó a los acontecimientos del aeropuerto de Barcelona de "una situación absolutamente inadmisible, propia de un país no europeo", y subrayó la pérdida de imagen turística que conlleva.
Explicó que en estos momentos se evalúan los costes extras en los que han incurrido las compañías debido a la huelga, ya que "aún se están recuperando aviones y tripulaciones que estaban desperdigados en diferentes lugares", a la vez que se trabaja para recobrar la normalidad. El presidente de AECA criticó que el viernes "se tardó mucho en resolver la situación de huelga ilegal e invasión del aeropuerto, que estaba cerrado, y no se actuó con la urgencia que se debiera", y consideró "inadmisible cerrar un aeropuerto por una protesta laboral".