(Libertad Digital) El informe al que ha tenido acceso El País es un duro golpe para Marruecos, cuyas autoridades han puesto ahora un segundo plan de autonomía para el Sáhara, más ambicioso que el primero de 2003. Un plan que la diplomacia marroquí se dispone a entregarlo a Naciones Unidas. Pero antes ha conseguido bajo cuerda el apoyo de varios Gobiernos europeos. El informe del Alto Comisionado cuyos miembros visitaron en mayo Rabat, El Aaiún, la capital del Sáhara, y los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en el suroeste de Argelia pone en apuros a Marruecos a tres semanas de que el Consejo de Seguridad de la ONU vuelva a debatir del asunto.
"Es indispensable que se vigile de cerca la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados", recalca también el documento de la institución. También invita a la Minurso, la fuerza de Naciones Unidas desplegada en el territorio desde 1991, a asumir competencias en ese ámbito, algo que Rabat siempre rechazó.
"Los funcionarios marroquíes utilizaron la fuerza de manera indiscriminada y desproporcionada cuando ejercieron su responsabilidad de mantener el orden público", sostienen los autores del informe. La delegación da crédito a la acusación de saqueos de viviendas particulares por las fuerzas de seguridad, a los testimonios de tortura tras las detenciones, durante el traslado entre cárceles e incluso en un cuarto de la sede del Tribunal de Apelación de El Aaiún antes del juicio.
Tanto la estadística de las averiguaciones efectuadas como las explicaciones de la fiscalía a la delegación "no demuestran si se han investigado, o no, las alegaciones de tortura formuladas por las víctimas", prosigue el documento. En consecuencia "se deben tomar medidas urgentes para garantizar la plena aplicación por Marruecos de sus obligaciones" como Estado firmante del Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos.
Los funcionarios de la ONU muestran también "su preocupación ante las serias deficiencias a la hora de celebrar un juicio justo e imparcial". El informe señala, por último, que "los obstáculos administrativos erigidos por las autoridades entorpecen la capacidad de la población del Sáhara a ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión". Recuerda además la disolución o las trabas puestas a ONG de derechos humanos y el cierre de páginas web de carácter independentista. Aunque han sido formuladas en un lenguaje más cauto, las denuncias del Alto Comisionado concuerdan con las esgrimidas por varias ONG como Amnistía Internacional.