L D (Agencias) El Pleno, compuesto por la presidenta, María Emilia Casas, el vicepresidente, Guillermo Jiménez Sánchez, y los magistrados Vicente Conde, Javier Delgado, Elisa Pérez Vera, Eugenio Gay, Jorge Rodríguez-Zapata, Ramón Rodríguez Arribas, Pascual Sala y Manuel Aragón, ha decidido admitir a trámite la recusación presentada contra Pérez Trens.
Como instructor del incidente ha sido designado Javier Delgado y como ponente, Jorge Rodríguez-Zapata. Mientras se resuelve la recusación presentada por el Partido Popular, el procedimiento para resolver el recurso de inconstitucionalidad presentado queda paralizado.
El pasado jueves, el Pleno del alto tribunal, en una reunión que se prolongó por espacio de siete horas, acordó rechazar por unanimidad, con un voto concurrente, la recusación interpuesta esa misma mañana por el PP contra su presidenta, argumentando que su marido, el catedrático Jesús Leguina Villa, había colaborado en la elaboración de un dictamen sobre la constitucionalidad del Estatuto. Sin embargo, no llegó a acuerdo respecto a las otras dos recusaciones presentadas con anterioridad.
Tras volverse a reunir, el Pleno ha decidido admitir a trámite la recusación que el PP interpuso contra el magistrado Pablo Pérez Tremps el pasado 27 de septiembre, junto con su recurso contra el Estatuto. Los populares alegaron que había perdido la "imparcialidad" para resolver el recurso por haber participado, junto a otros expertos, en un libro titulado 'Estudios sobre la reforma del Estatuto', encargado y pagado por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalidad.
Se trata de la segunda vez que el primer partido de la oposición proponía la recusación de este magistrado. Ya lo hizo cuando presentó recurso de amparo contra la tramitación en el Congreso del proyecto de reforma estatutaria. Entonces, el alto tribunal lo rechazó por ocho votos a tres.
En cambio, el Pleno del TC decidió inadmitir la recusación contra García Calvo, solicitada por la Mesa y Junta de Portavoces de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña el pasado 11 de octubre, y la Generalidad catalana, que consideró que las opiniones expresadas por el magistrado no garantizan su imparcialidad frente al texto estatutario, respecto al que ya había manifestado su "oposición".