(Libertad Digital) La editorial de la Fundación FAES, Gota a Gota ha contado para la presentación del libro La discriminación positiva en el mundo, de Thomas Sowell, con las intervenciones de José María Marco, escritor y profesor de Literatura en la Universidad Pontificia de Comillas, Rafael Rubio, profesor titular de Derecho Constitucional, y Alberto Recarte, economista del Estado y patrono de FAES; todos ellos colaboradores habituales de Libertad Digital.
José María Marco ha destacado la trayectoria vital de Thomas Sowell y ha subrayado cómo el autor "es una figura muy importante en el pensamiento liberal-conservador en Estados Unidos, que ha tenido gran repercusión en el debate sobre la discriminación positiva en su país". En este sentido, ha indicado que "Sowell explica perfectamente cómo se pervierte el sentido de los derechos civiles mediante la aplicación de la discriminación positiva".
Marco ha explicado que Sowell pertenece a un grupo de afroamericanos liberal-conservadores –entre los que se encuentran el político Alan Keyes, el activista Ward Connerly y el juez Clarence Thomas– a los que se califica de traidores dentro de los lobbys de los derechos civiles de los negros norteamericanos por haberse alejado de las tesis de éstos y haber apoyado la idea de que sólo pueden avanzar posiciones si se alejan del victimismo y se olvidan de las políticas de discriminación positiva. Recordó que el pensador estadounidense nació en el Sur en 1930 completamente aislado de la comunidad blanca, estudió en Nueva York hasta que tuvo que abandonarlo por falta de dinero y que a pesar de todo ello logró salir adelante sin ayuda de discriminación de ningún tipo.
El profesor Rafael Rubio ha destacado la importancia de la obra en el momento actual que se vive en España. En su opinión de jurista, los dos aspectos más gravemente afectados por la aplicación de la discriminación positiva son "la igualdad y la representación política". Del primero ha afirmado que "la creación del derecho colectivo trae consigo un igualitarismo progre del que beben muchos de los movimientos nacionalistas en nuestro país". En cuanto a la representación, Rafael Rubio ha puesto como ejemplo las cuotas de representación femenina que se están aplicando en España y denunció que " no se va a las raíces que generan las desigualdades, como promover un mayor apoyo a la maternidad o la flexibilización de los horarios laborales".
La discriminación positiva en España
Por su parte, Alberto Recarte ha recordado que, aunque lo más frecuente es que la discriminación positiva se emplee para apoyar a minorías, "una de las tendencias actuales consiste en aplicarla a mayorías que se consideran atacadas por las minorías, así ocurre en Cataluña con la política lingüística". Recarte se ha mostrado de acuerdo con el análisis de Sowell de considerar que estas medidas muestran unos "malos resultados" debido principalmente a que se reducen los incentivos de la mayoría al considerar que no tendrán éxito debido a los impedimentos legales, los beneficiados piensan que tienen todo hecho gracias a la ley y fracasan porque creen que el esfuerzo no sirve de nada, se produce resentimiento entre beneficiados y perjudicados y resulta en muchos casos complicado definir un grupo al que aplicar estas políticas y que no se beneficie de ellas personas que no lo necesitan.
Como alternativa a estos resultados, el presidente de Libertad Digital ha apoyado "la igualdad ante la ley y la política de igualdad de oportunidades", que son políticas "que han tenido éxito". Considera que quienes prefieren utilizar la discriminación positiva son aquellos que se creen capaces de crear un "hombre nuevo" a través del Estado y que, en último término, "no creen en las personas" ni en su capacidad de salir adelante por sí mismas.
Por último, Alberto Recarte ha destacado varios ejemplos de aplicación de políticas que, si bien en muchos casos no se han calificado de discriminación positiva, resultan equivalentes tanto en sus intenciones, como en las medidas tomadas y sus resultados. Está el caso de los ciegos, que ha devenido en cierta corrupción dentro de la ONCE y dependencia del Estado; los mineros, cuyo mantenimiento nos cuesta unos 1.200 millones de euros anuales; los agricultores andaluces y extremeños que cobran el PER y que no han prosperado en todos los años que llevan beneficiándose de él; los mayores sin recursos que cobran pensiones no contributivas; la imposición del catalán y, en menor medida, del vascuence; las mujeres, asunto que con la Ley de Igualdad cobra gran relevancia; los cupos reservados en la administración a funcionarios y otorgados por antigüedad y no por capacidad; y, casi el mayor fracaso, la política europea de apoyo a regiones atrasadas.