L D (Europa Press) Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que participó en San Sebastián en las VI Jornadas Víctimas del Terrorismo y Violencia Terrorista organizadas por el colectivo de víctimas del País Vasco, Covite, reivindicó la independencia de los tres poderes del Estado. "Igual que exijo que no haya invasión de la política en la Justicia, también exijo que los jueces no hagan política", destacó.
El magistrado expuso las formas con las que "se podría articular legalmente un pacto sobre el cumplimiento de las condenas impuestas a los etarras y sobre la responsabilidad criminal de aquellos otros preventivos o con procesos pendientes". Citó dos fórmulas: la modificación del Código Penal y la Ley Orgánica Penitenciaria, por un lado, y la interpretación flexible de la ley, por otro, a la que se sumó la concesión del indulto por parte del Gobierno.
En el primer caso, aludió al "inconveniente" de que la rebaja de las penas afectaría también a todos los condenados por delitos de terrorismo, lo que "no sería asumible". El indulto, según dijo, no podría darse de manera general, ya que "la amnistía no es posible con la Constitución", pero sí de forma individualizada, aunque precisó que en estos casos existe un control "doble y reforzado" por parte de los tribunales.
En cuanto a la interpretación flexible de la ley, destacó que el papel de los jueces no es la reinterpretación de los delitos de terrorismo según el momento y advirtió de que, además, "invocar a la realidad social" para ello no es "un enfoque correcto". Insistió en que "no cabe" una interpretación para ETA y una distinta para otras organizaciones terroristas porque vulneraría el artículo 14 de la Constitución, por lo que opinó que "técnicamente es imposible una interpretación flexible".
Una salida a esta situación sería, a su juicio, la aprobación de una ley "ad hoc" para "una determinada situación", "un traje a la medida de las circunstancias" que, por ejemplo, ha aplicado el Reino Unido en el caso del IRA, si bien recordó que, en este caso, el "control absoluto" de conceder y revocar la libertad de los presos recae sobre el ministro del Interior. Gómez Bermúdez afirmó que en ninguna de estas alternativas tendrían intervención las víctimas del terrorismo y él considera imprescindible que se les de voz.
El magistrado expuso las formas con las que "se podría articular legalmente un pacto sobre el cumplimiento de las condenas impuestas a los etarras y sobre la responsabilidad criminal de aquellos otros preventivos o con procesos pendientes". Citó dos fórmulas: la modificación del Código Penal y la Ley Orgánica Penitenciaria, por un lado, y la interpretación flexible de la ley, por otro, a la que se sumó la concesión del indulto por parte del Gobierno.
En el primer caso, aludió al "inconveniente" de que la rebaja de las penas afectaría también a todos los condenados por delitos de terrorismo, lo que "no sería asumible". El indulto, según dijo, no podría darse de manera general, ya que "la amnistía no es posible con la Constitución", pero sí de forma individualizada, aunque precisó que en estos casos existe un control "doble y reforzado" por parte de los tribunales.
En cuanto a la interpretación flexible de la ley, destacó que el papel de los jueces no es la reinterpretación de los delitos de terrorismo según el momento y advirtió de que, además, "invocar a la realidad social" para ello no es "un enfoque correcto". Insistió en que "no cabe" una interpretación para ETA y una distinta para otras organizaciones terroristas porque vulneraría el artículo 14 de la Constitución, por lo que opinó que "técnicamente es imposible una interpretación flexible".
Una salida a esta situación sería, a su juicio, la aprobación de una ley "ad hoc" para "una determinada situación", "un traje a la medida de las circunstancias" que, por ejemplo, ha aplicado el Reino Unido en el caso del IRA, si bien recordó que, en este caso, el "control absoluto" de conceder y revocar la libertad de los presos recae sobre el ministro del Interior. Gómez Bermúdez afirmó que en ninguna de estas alternativas tendrían intervención las víctimas del terrorismo y él considera imprescindible que se les de voz.
El perdón de las víctimas
El presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, aseguró que desde el punto de vista moral, el perdón "es algo privativo de la víctima, que lo puede dar o no" por lo que "ningún Gobierno tiene el derecho a perdonar en nombre de las víctimas". "Es más, ninguna víctima que haya muerto podrá jamás perdonar el delito que se ha cometido sobre ella", agregó.
A su juicio, "si se diera una política del perdón nos encontraríamos con que un Gobierno ejercería ilegítimamente ese perdón porque le privaría de esa exclusividad a la víctima del delito".
Según explicó el presidente del Foro Ermua, la ley de indulto no es aplicable en este caso porque no se da ninguno de los dos requisitos que prevé la ley, ya que el primero de ellos se refiere a que las penas sean excesivas "y en el año 2003 se hizo una reforma penal para aumentarlas".
Asimismo, matizó que el segundo requisito que exige la ley del indulto es el del arrepentimiento que, en su opinión, "brilla por su ausencia" en estos casos, al tiempo que consideró que "nunca podríamos interpretar que un acuerdo político es expresión del arrepentimiento".
Por su parte, el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero de la Torre, versó su intervención sobre el 'Macro Juicio sumario 18/98'. En declaraciones previas a su intervención, destacó la "gran importancia" que tiene el desarrollo de el actual alto el fuego, porque "junto con el sumario de Jarrai, Haika y Segi, que ahora mismo está en recurso de casación en el Tribunal Supremo, van a sentar jurisprudencia para lo que es el entramado etarra y las bases para acabar verdaderamente con toda la trama civil de ETA, que nosotros entendemos que es la clave de la subsistencia de la banda terrorista".