(Libertad Digital) El secretario general de la CEP, Ignacio López, manifestó la "enorme gratitud del sindicato a los miles de donantes que han ayudado a conseguir la libertad de estos dos buenos policías, injustamente encarcelados".
A la una en punto de la tarde de este domingo de Nochebuena, el juez de guardia en la Audiencia Nacional autorizó la puesta en libertad de Antonio Jesús Parrilla y Celestino Rivera, tras depositarse las dos fianzas de 150.000 euros estipuladas por el juez Juan del Olmo. En un controvertido auto, el juez les imputa un delito de revelación de secretos.
Se refiere a hipotéticas conversaciones con el diario El Mundo que ayudaron a esclarecer una trama de tráfico de Goma 2 en el interior de la Policía, encabezada por funcionarios que estuvieron destinados en la Comisaría de Vallecas donde, la noche del 11 de marzo de 2004, apareció una mochila con Goma 2 desactivada, considerada la prueba clave de la investigación sobre los atentados de Madrid, y también el elemento que reorientó las pesquisas justo a tiempo de volcar el resultado electoral del 14 de marzo de 2004.
La investigación independiente de El Mundo desenmascaró una organización interna de la Policía dedicada al tráfico de explosivos, drogas y sospechosa, incluso, de un asesinato. A los agentes Antonio Jesús Parrilla y Celestino Rivera, el juez Del Olmo les acusa de haber ayudado a El Mundo a descubrir esta trama de corrupción, que ha permitido detener y encarcelar a sus presuntos autores.
La CEP puso en marcha una cuestación para reunir la fianza impuesta por Del Olmo a Parrilla y Rivera. 150.000 euros es una cantidad que rebasa el sueldo y la capacidad de un funcionario de policía, de ahí que la asociación policial, convencida de la inocencia de los agentes, les prestase todo el apoyo jurídico e impulsase la campaña de solidaridad, desde el principio.
Ninguno de los agentes quiso salir de prisión sin el otro. El pasado viernes, cuando ya se había llegado a 170.000 euros, Antonio Jesús Parrilla se negó a quedar en libertad hasta que no se llegase a los 300.000 euros necesarios para su salida junto a la de su compañero. La CEP intensificó la difusión de su campaña, con un seguimiento "minuto a minuto de las cuentas, en las que se han ido recibiendo donativos de toda España, de policías, funcionarios, profesionales liberales, incluso políticos", según explicó a LIBERTAD DIGITAL Rodrigo Gavilán, portavoz de la CEP. La asociación policial se ha sorprendido, además, de la respuesta procedente del extranjero. "Hemos recibido donaciones de países de la UE e incluso de Hispanoamérica", destacó Gavilán.
"El objetivo de su puesta en libertad ya está conseguido", celebró el portavoz de la CEP. "Para nosotros", añadió, "era una cuestión fundamental de justicia que estos dos buenos policías pasaran la Nochebuena en sus hogares".
A los dos funcionarios les espera, ahora, el reto de enfrentarse a la campaña de acoso que ha emprendido el Ministerio del Interior contra ellos. La Dirección de la Policía les ha impuesto la suspensión de empleo y sueldo, una medida que ni siquiera se ha aplicado con agentes condenados, como es el caso de los autores de la falsificación de documentos y la detención ilegal de dos afiliados del PP, en el llamado caso Bono.
El PP ha criticado esta medida, que considera "drástica" e "inadmisible", según la calificó este sábado la portavoz adjunta en materia de Seguridad, Alicia Sánchez-Camacho.
Peones Negros: "Flagrante injusticia"
Por su parte, el movimiento cívico Peones Negros, que postula una completa investigación de los enigmas, contradicciones y falsedades de la versión oficial del 11-M, ha denunciado este domingo "la flagrante injusticia" de la sanción administrativa impuesta a los agentes Parrilla y Rivera.
"Por su parte", continúa el comunicado de Peones Negros, "el Ministerio del Interior ha decidido suspender de empleo y sueldo a estos dos agentes, medida que no ha llegado a tomar con los policías condenados por detención ilegal de dos militantes del PP en el conocido como “caso Bono”, pese a que contra estos últimos existe ya una condena firme".