L D (Agencias) El sindicato de prisiones CSI-CSIF consideró que la posibilidad de reeducación y rehabilitación del etarra José Ignacio de Juana Chaos es totalmente irrealizable. El sindicato considera al etarra "malévolo, diabólico, y tarado mental desde al menos la adolescencia, y que se ha dedicado toda su vida a ejercer de célula cancerígena de la sociedad a la que pertenecemos", según un comunicado remitido a Efe.
"Parásito social que sólo ha aportado dolor y quebranto en multitud de hogares españoles, pústula virulenta que hemos de mantener entre todos mientras menoscaba la paz social y siembra el desasosiego entre quienes les tiembla el fiel de la brújula de la vida", dice la nota. "Este animal racional –supuestamente "racional"– ha manifestado hasta la saciedad por activa y por pasiva la psicopatología que padecía y ha ido desarrollando a lo largo de los años, por lo que penitenciariamente sólo queda mantenerlo a buen recaudo, mientras la ley lo permita, para proteger a los ciudadanos bien nacidos, de sus terribles zarpazos", finaliza el comunicado.
"Parásito social que sólo ha aportado dolor y quebranto en multitud de hogares españoles, pústula virulenta que hemos de mantener entre todos mientras menoscaba la paz social y siembra el desasosiego entre quienes les tiembla el fiel de la brújula de la vida", dice la nota. "Este animal racional –supuestamente "racional"– ha manifestado hasta la saciedad por activa y por pasiva la psicopatología que padecía y ha ido desarrollando a lo largo de los años, por lo que penitenciariamente sólo queda mantenerlo a buen recaudo, mientras la ley lo permita, para proteger a los ciudadanos bien nacidos, de sus terribles zarpazos", finaliza el comunicado.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, aseguró que el Gobierno y el PSOE "respetan y acatan en toda su extensión" la decisión de la Audiencia Nacional. En rueda de prensa celebrada en la Cámara Baja, remarcó que el tribunal ha actuado "con toda independencia" y por ello insistió en que "no hay que buscar motivaciones políticas" tras la resolución adoptada.
En este sentido, instó al PP a acatar todas las decisiones judiciales, sin excepción, en vez de buscar motivos políticos tras ellas, como a su juicio hacen los cargos de esta formación política cuando se ven implicados en casos de corrupción urbanística. La decisión de la Audiencia, según López Garrido, revela que en España "funciona el Estado de Derecho" y que los jueces que administran la justicia lo hacen de manera independiente.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) recibió con alivio la decisión de la Audiencia de mantener en prisión al etarra De Juana. Supone, según el colectivo, que el Estado de Derecho "no cede al chantaje de un asesino". Una decisión distinta, advierte, "podía haber supuesto una provocación sin precedentes" a las víctimas y a la sociedad. Ahora, con esta medida, se ha evitado que se "abrieran heridas". Recuerda la asociación las declaraciones "preocupantes" que se han escuchado en las últimas horas por parte de algunos "partidos y medios de comunicación".
En un comunicado, considera que la medida de mantener en prisión al terrorista "evita abrir las heridas, muchas de ellas de muerte, de las víctimas del terrorismo". "Se ha evitado que aumente ese dolor y sufrimiento", insiste. "Gracias a la Justicia, el sentimiento de orfandad de las víctimas ante el Estado de Derecho es menor a pesar de que el Gobierno sigue despreciándolas, poniendo por delante los intereses de los terroristas".
Además, alertó sobre la falta de sentido de Estado del Gobierno y sus socios parlamentarios, de quienescensuró las reacciones a la decisión de la Audiencia. "El Gobierno, en vez de apoyar y aplaudir la decisión tomada por la Justicia sobre la situación penitenciaria de De Juana, se ha limitado a acatar y respetar. Esto supone una cobardía en toda regla, que dice mucho de la pertinaz obcecación del Ejecutivo de favorecer la rendición del Estado de Derecho a través del diálogo. Una vez más se demuestra que Rodríguez Zapatero y su equipo de Gobierno están más por la labor de contentar a los lobos que a sus presas inocentes, que está más por entenderse con los asesinos que por defender a la sociedad española y al Estado de Derecho", afirmó.
La hermana de Alberto Jiménez Becerril, concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla asesinado junto a su esposa, Ascensión García, por ETA en la capital andaluza en 1998, Teresa Jiménez Becerril, expresó su "gran alegría" y "satisfacción" por la decisión de la Audiencia. Pero quiso dejar claro que las víctimas del terrorismo y la sociedad española nunca se tendrían que haber enfrentado a un planteamiento de este tipo, una "maniobra", en su opinión", que, como se ha demostrado, era "difícil que saliera adelante en el Pleno de la Audiencia Nacional".
El ex guardia civil Alfonso Sánchez, herido en el atentado de Madrid de 1982 en el que participó el etarra José Ignacio De Juana Chaos, consideró una "buena noticia" la decisión de la Audiencia Nacional de mantenerlo en prisión, y apuntó que el interés que éste ha suscitado debería volcarse más "a favor de sus víctimas". "En lugar de preocuparse de su prisión atenuada, habría que preocuparse más de la prisión atenuada de la silla de ruedas en la que se encuentran muchas de sus víctimas directas", manifestó Sánchez en declaraciones a Europa Press.
La Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo (FAVT) declaró a Europa Press que "ninguna decisión jurídica puede depender de la voluntad de un preso" y que apoya la decisión de la Audiencia de mantener la situación penitenciaria de Ignacio de Juana Chaos. Roberto Manrique opina que si hubiera sido de otra forma no sé sabría "la cantidad de asesinos, terroristas o delincuentes que podrían hacer lo mismo", dice refiriéndose a la huelga de hambre del preso etarra.
El presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, aplaudió la "muy acertada" decisión de la Audiencia de que Iñaki de Juana Chaos continúe en prisión, puesto que su situación "no cuadra con lo que prevén las leyes con los presos que están gravemente enfermos" al haber dejado de comer voluntariamente. En declaraciones a Europa Press Televisión, aseguró que De Juana Chaos debe "asumir" sus actos e indicó que es positivo que en España "ningún preso salga de la cárcel como consecuencia de una estrategia deliberada para producirse un daño sobre su propia salud".
La presidenta del PP vasco, María San Gil, afirmó que supone "una enorme satisfacción" tanto para "los familiares de las 25 personas que asesinó" como para todos los que "entendemos que somos una democracia consolidada y madura y que no tenemos que someternos al chantaje voluntario de quien ha optado libremente por ponerse en huelga de hambre para intentar así que se atenuase su pena". La dirigente popular insistió en que con esta decisión "el Estado de derecho demuestra que es fuerte, sólido y maduro y que no nos sometemos al chantaje de los terroristas".
El alcalde de San Sebastián, Odón Elorza (PSE), lamentó "profundamente" la decisión adoptada por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia. En un comunicado opinó que "por razones humanitarias era razonable aceptar la petición del fiscal para que mantuviera la situación de prisión preventiva en su domicilio, ante su deteriorado estado de salud". "Desde la política considero que es una decisión errónea, máxime teniendo en cuenta que cumple una pena preventiva de prisión, ya que el proceso judicial no está concluido y no hay sentencia en firme", concluyó. El secretario general del PSE de Guipúzcoa, Miguel Buen, expresó su "respeto" por la decisión, aunque consideró que "ha podido más" la "presión de algunos grupos políticos" y medios de comunicación que la opinión de los médicos y el fiscal.
El secretario general de Eusko Alkartasuna, Unai Ziarreta, opinó que detrás de la decisión de la Audiencia se esconde la intención de "condicionar" el proceso de paz. A través de un comunicado, opinó que con su decisión la AN ha obviado "los argumentos jurídicos en pos de una decisión política acorde con la línea dura del PP". Señaló que la resolución judicial "ha desechado los argumentos jurídicos que pedían la prisión atenuada en su domicilio, tal como apuntó la Fiscalía", y "ha primado la decisión política para así condicionar el proceso de normalización".
El vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, consideró "muy acertada" la decisión de los jueces y que prevalezca "el Estado de Derecho" sobre "cualquier planteamiento político o intento de extorsión". González "se felicitó", por tanto, de que "los Tribunales de Justicia, hayan antepuesto la ley y el Estado de Derecho a cualquier otro tipo de presión o intención de terceros de doblar la mano al Estado por intereses que nosotros no compartimos", afirmó
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, en declaraciones en el Congreso, expresó su respeto a la sentencia judicial, pero se mostró convencido de que hubiera sido "más adecuada" una decisión que combinara "Justicia y acción humanitaria" para evitar la muerte de un recluso que está en prisión preventiva "por un delito de opinión" y que ya cumplió su condena por delitos de sangre.
El portavoz de ERC en el Congreso, Agustí Cerdá, afirmó que "respeta pero no comparte" la decisión de la Audiencia y lamentó que el tribunal no haya tenido un "gesto humanitario" con este recluso permitiéndole la prisión atenuada. Dijo que "la extrema situación" del estado de salud de este etarra unido a que aún no es firme la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a 12 años de prisión por dos artículos publicados en Gara "hacía pensar que el Tribunal podría tener un gesto humanitario con el preso".
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, expresó su respeto a la decisión del pleno de la Sala de lo Penal de mantener en prisión al sanguinario De Juana Chaos, aunque precisó que "el Estado de Derecho no habría claudicado ni se habría puesto en cuestión" por haber dictado otra resolución como la concesión de la prisión atenuada. Tapia manifestó que es "razonable" la resolución adoptada por la mayoría del pleno, pero destacó que "también habrían sido compatibles con el Estado de Derecho otras decisiones judiciales".
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) mostraron su satisfacción después de que la Audiencia acordará mantener la prisión para De Juana y coincidieron en señalar que es una decisión "muy acertada". Así, el secretario de comunicación del SUP, Maximiano Correal, señaló que es "una decisión de sentido común" que ratifica que en España "hay un Estado de Derecho y que la Justicia se hace y se cumple". Por su parte, el secretario general del CEP, Ignacio López, consideró que atender la voluntad de De Juana habría supuesto "ceder a un chantaje de forma clara" y señaló que las medidas extraordinarias son "innecesarias" en este caso, ya que sólo se pueden conceder cuando "hay una situación sobrevenida o una enfermedad".