(Libertad Digital) Se trata del informe de la UCO con fecha del 6 de marzo de 2003, clave "MAL COM 016" y referencia "TK". Está dirigido a la Comandancia de Oviedo de la Guardia Civil y en el apartado "asunto" consta que es una "ampliación de información sobre depósitos de explosivos". Todos estos datos son los que desvela este lunes en El Mundo Antonio Rubio. Y explica que ese informe detalla "la llegada a Madrid, desde Asturias, de Antonio Toro y un tal Emilio con el fin de vender una importante cantidad de Goma2, comprar una pistola y dos fusiles de la marca rusa Kalasnikov, adquirir una importante cantidad de hachís y encargar la eliminación de una persona".
De este documento nada dijo el coronel Hernando durante su comparecencia en la comisión del 11-M. En su intervención se dedicó a desvincular a su unidad de Suárez Trashorras y Antonio Toro y descargó toda la responsabilidad en la Guardia Civil de Asturias. Sin embargo, el documento prueba que la UCO siguió controlando al ex minero y su ex cuñado pese a que la investigación ya estaba en manos de la Guardia Civil de Asturias.
Ante la comisión, Hernando sostuvo que el tráfico de explosivos que habían investigado "era de ámbito local, reducido a la Comunidad Autónoma de Asturias" y que por este motivo remitió sus informaciones "al coronel jefe de la zona de Asturias para que continuara con las investigaciones".
Entonces apuntó que "la competencia en la continuidad de la investigación es de la zona de Asturias y no de la UCO". Por eso explica que trasladó todos los datos al jefe de la zona de Asturias el 27 de febrero de 2003. "Y cerramos el documento", detalla en la comisión. Ahora ha trascendido que hay un informe posterior que, según apunta Antonio Rubio, "se explica que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras se movían con total impunidad por Madrid y que llegaron hasta la provincia de Cádiz. Es decir, que las fechorías que llevaban a cabo los asturianos eran de ámbito nacional y no comunitario o provincial".