L D (Agencias) La razón esgrimida por Garzón para solicitar este requisito es que "en la situación actual, y visto el contenido de sus estatutos", se estima que ASB podría ser continuación de Batasuna-ETA, cuyas actividades están suspendidas, "dejando al margen la decisión que, en su momento, pueda adoptar el Tribunal Supremo", en cumplimiento de la Ley de Partidos.
Las personas mencionadas por Garzón en su auto, entre las que se encuentran Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Pernando Barrena, Joseba Álvarez, Juan Cruz Aldasoro, Olatz Dañobeitia, Rufino Etxeberria, Jone Goiricelaia, Juana Regeiro y Marije Fullaondo son, según el magistrado, presuntos integrantes de la Mesa Nacional de Batasuna, promotores del nuevo partido y, algunos de ellos, están procesados en la causa en la que este magistrado investiga la posible sumisión de Batasuna a ETA mediante la actividad de sus herriko-tabernas.
En el caso de no acceder al requerimiento del juez y celebrar el acto, todos ellos podrían incurrir en un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial, les advierte Garzón, "sin perjuicio de otras responsabilidades penales" derivadas de la suspensión de actividades que pesa sobre la formación ilegalizada Batasuna.
En concreto, recuerda que Fullaondo fue imputada en la causa contra Batasuna-ETA el pasado 31 de octubre y que, si bien es cierto que aún no ha sido procesada en este sumario, su situación actual "hace ineludible tenerla presente y valorar esta situación como un indicio actual entre ambas formaciones políticas".
En el caso de que no conste el requerimiento firmado "por todas y cada una de las personas mencionadas" en el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, la Ertzaintza deberá adoptar las medidas necesarias para impedir que se celebre el acto o "la concentración de personas para ese fin".
De todos modos, y si el acto se llega a celebrar una vez realizadas las renuncias a utilizar las siglas ASB, Garzón previene a la Policía Autónoma Vasca, a la UCI de la Policía y a la Guardia Civil para que le informen del desarrollo y contenido del mismo, "para acreditar el cumplimiento de lo aquí ordenado y, en su caso, la exigencia de las responsabilidades a que hubiera lugar".
Sobre ASB y Batasuna-ETA, Garzón concreta que el propio nombre de la nueva formación política "resalta la voluntad identitaria de ambas formaciones" y de aquellos que postulan la celebración del acto, cuya prohibición le ha sido solicitada tanto por la Fiscalía como por el Foro de Ermua y la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ). Añade que no se trata "aquí y ahora" de decidir la suspensión de ASB, ya que ésta ni siquiera ha alcanzado todavía el estatus de legalidad que le debe conferir el Ministerio del Interior.
Antes al contrario, Garzón estima que desde el momento en que este departamento del Gobierno ha dado traslado al fiscal y al abogado del Estado para que soliciten lo que consideren oportuno a la Sala del 61 del Tribunal Supremo, "está dando por hecho que el nuevo partido es una posible continuación del ilegalizado y suspendido", ya que de no ser así "no lo habría sometido al trámite de la denominada Ley de Partidos".
Menciona igulamente que los informes policiales realizados sobre esta convocatoria indican que el acto en el BEC pretende ser una presentación "del instrumento con el que la izquierda abertzale pretende particpar en las elecciones municipales y forales de mayo ". Según comunicó la Ertzaintza al juez, los carteles anunciadores no contienen nombres o anagramas de organizaciones ilegalizadas, mientras que la Guardia Civil informó que de la convocatoria se infería "un apoyo claro de las estructuras de Batasuna" al acto convocado.
Criterio fiscal
En un escrito remitido esta misma mañana a Garzón por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, éste ya señalaba que "existen fundadas razones para sostener que tienen relación con la formación ilegalizada Batasuna y otras organizaciones ilícitas pertenencientes al entorno de la organización terrorista ETA". Añade que el acto ha sido convocado para la presentación de la formación política Abertzalen Sozialisten Batasuna (ASB).
En el escrito de una página entregada este viernes a Garzón, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional señalaba que la presunta vinculación del acto con la formación cuyas actividades fueron suspendidas por este magistrado "se desprende nítidamente" de la presencia en la convocatoria del mismo, celebrada el pasado 17 de marzo en el Hotel Tres Reyes de Pamplona (Navarra), de varios individuos "imputados, procesados y acusados en causas penales por delitos de integración en organización terrorista" que investiga Garzón en tres sumarios diferentes.
La Fiscalía insta también a acordar las medidas cautelares necesarias para impedir su celebración, que estaba prevista en el Bilbao Exhibition Center (BEC) a las 17.30 horas y cuya reserva fue efectuada por el miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Karmelo Landa. La asociación Dignidad y Justicia había pedido al juez Garzón el pasado 22 de marzo que prohibiera este acto, además de la clausura de la página web de la izquierda abertzale www.orain.info.
Un "gran atentado"
Antes de que se conociera esta medida, el dirigente de Batasuna-ETA Arnaldo Otegi aseguró en rueda de prensa que el "gran atentado contra las libertades democráticas" sería que su formación no se pueda presentar a las elecciones por la ilegalización de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), lo que, a su juicio, sería decir "no" al proceso de diálogo.
El batasuno sostuvo que ASB no es ningún "señuelo" porque han registrado "de cara" unas siglas en el Ministerio del Interior con el fin de poder participar en las elecciones y en el proceso democrático para lo que ellos llaman "la solución del conflicto". Además, acusó a PNV y PSOE de poner excusas para que no haya una representación legal de su sector político.