L D (EFE) Después de entrevistarse con el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, el premio Estocolmo del Agua 2002 Ignacio Rodríguez Iturbe afirmó que "no tiene sentido equiparar una posición política con una posición que se debe basar en el razonamiento lógico, la buen ciencia y conceptos de solidaridad".
Consideró también "un gravísimo error" que en España los partidos políticos polemicen entre trasvasistas y partidarios de la desalación, ya que ambas soluciones podrían ser válidas según cada caso. De la desalación dijo que a gran escala para el riego de cultivos "no la ha visto ni la voy a ver mientras esté vivo", y que su coste económico es alto a pesar de los grandes avances a los que se ha llegado en este campo.
Desalinizadoras, mala opción para el regadío
Señaló también que la vida útil de las plantas desalinizadoras no supera los veinte años, que el coste ecológico es importante, y que la fuente de energía que necesita para su funcionamiento es fuerte, "por lo que es bastante difícil de justificar para un riego a gran escala".
Apuntó que la desalación, de manera puntual, podría ser una buena solución, y puso como ejemplo los campos de golf, entre otros motivos, "porque hay gente que va a pagar por ello", además de que las plantas para este tipo de infraestructuras turísticas son de tamaño reducido.
Afección ambiental
Del trasvase del Ebro, recordó que el Plan Hidrológico Nacional recogía la recuperación del Delta, afectado por las presas de Mequinenza y Riba-roja, que, según dijo, impiden que los sedimentos lleguen a la desembocadura, con la consiguiente afección ambiental.
Respecto a ese impacto ecológico, remarcó que la toma del trasvase del Ebro se hacía en la parte final del río, por lo que aguas arriba no existía afección.
Remarcó que el Delta "no estaba en condiciones óptimas ecológicas" por falta de sedimentos, y que las obras del acueducto traían aparejada la recuperación del estuario mediante un canal entre los citadas presas y el Delta, con la idea de hacer prevalecer la mejora ambiental sobre el actual aprovechamiento hidráulico que realizan empresas privadas y que perjudica al río.
Advirtió a aquellos que niegan el trasvase por el coste económico que las obras estaban dispuestas a sufragarlas los gobiernos de Murcia y de Valencia, con lo que ese argumento queda anulado.