L D (EFE) En un mensaje al país por radio y televisión, y después de un consejo extraordinario de seguridad de casi cinco horas de duración, el gobernante advirtió de que ha sido la misma "organización criminal" la que informado de la muerte de los políticos.
Uribe afirmó que el 18 de junio y los días anteriores, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dicen que fueron atacados y los once diputados murieron en un "fuego cruzado", no hubo combates ni en ese departamento ni en el vecino del Cauca.
El mando de los terroristas en el suroeste del país sostuvo, en un comunicado divulgado este jueves, que los políticos que retenía desde abril de 2002 murieron en el "fuego cruzado" con "un grupo militar sin identificar". El gobernante negó tajantemente que se hayan realizado operaciones militares en esa zona en las fechas en las que según las FARC murieron los diputados secuestrados. "El asesinato de todos los secuestrados, sin sobrevivientes, salvo uno que estaría por fuera del grupo, muestra premeditación criminal que se quiere confundir con fuego cruzado con la fuerza pública que no existió", afirmó el presidente.
Según las versiones difundidas esta madrugada por la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), el único superviviente fue el diputado Sigifredo López, quien no estaba en el lugar y fue alcalde de Pradera (Valle), que junto con Florida es uno de los dos municipios que las FARC exigen que sean desmilitarizados para acordar un eventual intercambio humanitario.
Los políticos formaban parte del grupo de 56 rehenes, entre ellos la colombiano-francesa Íngrid Betancourt y tres estadounidenses, que los insurgentes han pretendido canjear por más de medio millar de rebeldes presos, incluidos dos que han sido extraditados a EEUU. "Los diputados habrían sido asesinados por las FARC, vilmente", subrayó Uribe, quien compareció en la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo en Bogotá, acompañado por los altos mandos militares y policiales, y todos los ministros de su gabinete.
El gobernante agregó que la Fuerza Pública no efectuaba ningún "operativo de rescate" porque no se sabía donde estaban los rehenes. "El gobierno y la Fuerza Pública habían acordado que, al localizar el lugar de cautiverio de los secuestrados, antes de lanzar una operación de rescate, ésta sería rigurosamente estudiada y necesitaría autorización específica", explicó luego.
Pero, continuó, también "se consideraría la opción de bloquear la zona y exigir a través de instituciones nacionales y la comunidad internacional que los terroristas procedieran a liberar a los secuestrados". Uribe resaltó que, al igual que con las familias de los colombianos, su gobierno se ha comprometido con los presidentes de EEUU, George W. Bush, y Francia, Nicolas Sarkozy, a que, de enterarse dónde están los nacionales de sus países, "antes de lanzar el operativo de rescate" de les informaría y "serían escuchados". "No han sido informados porque no ha habido localización del sitio de cautiverio", insistió Uribe.
El gobernante también reveló que los delegados de España, Francia y Suiza en el comité que busca facilitar la negociación de un acuerdo sobre rehenes, mantuvieron "en la tercera semana de junio", autorizados por el Ejecutivo, una reunión con "el terrorista Raúl Reyes", portavoz internacional de las FARC. "Los delegados de los tres países europeos (...) habían programado una reunión de evaluación mañana en Ginebra, que está vigente", anunció Uribe.
Uribe reiteró su rechazo, pese a las peticiones de los familiares de los secuestrados, a la desmilitarización de un territorio, como piden las FARC, para negociar el intercambio humanitario. Por último, Uribe pidió a la comunidad internacional "condenar con toda fortaleza a los terroristas de las FARC" y apoyar al pueblo colombiano, "que ha sido el pilar de la (política de) seguridad democrática".
Uribe afirmó que el 18 de junio y los días anteriores, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dicen que fueron atacados y los once diputados murieron en un "fuego cruzado", no hubo combates ni en ese departamento ni en el vecino del Cauca.
El mando de los terroristas en el suroeste del país sostuvo, en un comunicado divulgado este jueves, que los políticos que retenía desde abril de 2002 murieron en el "fuego cruzado" con "un grupo militar sin identificar". El gobernante negó tajantemente que se hayan realizado operaciones militares en esa zona en las fechas en las que según las FARC murieron los diputados secuestrados. "El asesinato de todos los secuestrados, sin sobrevivientes, salvo uno que estaría por fuera del grupo, muestra premeditación criminal que se quiere confundir con fuego cruzado con la fuerza pública que no existió", afirmó el presidente.
Según las versiones difundidas esta madrugada por la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), el único superviviente fue el diputado Sigifredo López, quien no estaba en el lugar y fue alcalde de Pradera (Valle), que junto con Florida es uno de los dos municipios que las FARC exigen que sean desmilitarizados para acordar un eventual intercambio humanitario.
Los políticos formaban parte del grupo de 56 rehenes, entre ellos la colombiano-francesa Íngrid Betancourt y tres estadounidenses, que los insurgentes han pretendido canjear por más de medio millar de rebeldes presos, incluidos dos que han sido extraditados a EEUU. "Los diputados habrían sido asesinados por las FARC, vilmente", subrayó Uribe, quien compareció en la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo en Bogotá, acompañado por los altos mandos militares y policiales, y todos los ministros de su gabinete.
El gobernante agregó que la Fuerza Pública no efectuaba ningún "operativo de rescate" porque no se sabía donde estaban los rehenes. "El gobierno y la Fuerza Pública habían acordado que, al localizar el lugar de cautiverio de los secuestrados, antes de lanzar una operación de rescate, ésta sería rigurosamente estudiada y necesitaría autorización específica", explicó luego.
Pero, continuó, también "se consideraría la opción de bloquear la zona y exigir a través de instituciones nacionales y la comunidad internacional que los terroristas procedieran a liberar a los secuestrados". Uribe resaltó que, al igual que con las familias de los colombianos, su gobierno se ha comprometido con los presidentes de EEUU, George W. Bush, y Francia, Nicolas Sarkozy, a que, de enterarse dónde están los nacionales de sus países, "antes de lanzar el operativo de rescate" de les informaría y "serían escuchados". "No han sido informados porque no ha habido localización del sitio de cautiverio", insistió Uribe.
El gobernante también reveló que los delegados de España, Francia y Suiza en el comité que busca facilitar la negociación de un acuerdo sobre rehenes, mantuvieron "en la tercera semana de junio", autorizados por el Ejecutivo, una reunión con "el terrorista Raúl Reyes", portavoz internacional de las FARC. "Los delegados de los tres países europeos (...) habían programado una reunión de evaluación mañana en Ginebra, que está vigente", anunció Uribe.
Uribe reiteró su rechazo, pese a las peticiones de los familiares de los secuestrados, a la desmilitarización de un territorio, como piden las FARC, para negociar el intercambio humanitario. Por último, Uribe pidió a la comunidad internacional "condenar con toda fortaleza a los terroristas de las FARC" y apoyar al pueblo colombiano, "que ha sido el pilar de la (política de) seguridad democrática".