LD (Europa Press) El Tribunal Supremo acordó este viernes por cuatro votos a uno anular la condena a cinco y tres años de cárcel de los tres policías implicados en la detención ilegal de dos militantes del Partido Popular durante una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en la que el entonces ministro de Defensa, José Bono, denunció falsamente haber sido agredido.
El tribunal compuesto por el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Enrique Bacigalupo, Luciano Varela, Manuel Marchena y Andrés Martínez Arrieta, ponente de la sentencia, comenzaron ayer sus deliberaciones en relación con la sentencia del que se llamó "caso Bono". De los magistrados citados, tres (Saavedra, Bacigalupo y Martínez Arrieta) tuvieron que ver en mayor o menor medida con la operación contra el juez Javier Gómez de Liaño que le costó la retirada de la carrera a raíz del caso Sogecable y que, por deseo de Polanco, bloqueó el indulto concedido por el Gobierno. Al final, Liaño recuperó su condición de juez aunque no le mereció la pena ejercerla.
Finalmente este viernes la Sala hizo público el fallo al llegar a un acuerdo cuatro de ellos. El magistrado discrepante, Manuel Marchena, dará a conocer su voto particular cuando se dicte la sentencia completa, que se espera en los próximos días.
Un juzgado de Madrid, el número 42 de Instrucción, archivó inmediatamente la denuncia del ex ministro por falta de pruebas. Y en la sentencia de la Audiencia Provincial, ahora revocada por el Supremo, se descarta que hubiera agresión alguna contra Bono.
La sala segunda del Tribunal Supremo acordó estimar los recursos de casación presentados por el fiscal, Abogacía del estado y los policías implicados y anular la condena de tres y cinco años de cárcel por los delitos de detención ilegal, falsificación de documento público y coacciones que se impuso, respectivamente, al inspector José Luis González y al ex comisario jefe de la Brigada Provincial de Información, Rodolfo Ruiz, y al inspector jefe Javier Fernández.
La Audiencia Provincial de Madrid les condenó al considerar que cometieron un delito de detención ilegal al arrestar a dos militantes del PP tras la falsa agresión sufrida por el ex ministro José Bono.
En los próximos días se hará pública la sentencia y el voto particular realizado por el magistrado que no consideraba necesario anular la condena.
La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que "a veces, el tiempo, en los tribunales, termina colocando las cosas en su sitio".