L D (Agencias) En los hechos probados de la sentencia se señala que entre agosto y septiembre de 2000 Olarra Guridi encomendó a los miembros del "grupo Andalucía" atentar contra el personal militar en Sevilla y para ello les facilitó información sobre las características del vehículo habitualmente utilizado por un funcionario civil, Emilio Pérez Osuna, que desarrollaba su labor en la ciudad hispalense.
El artefacto, compuesto por 1,2 kilogramos de una mezcla de nitroglicerina, nitroglicol, TNT, DNY y otros elementos explosivos contenidos en una fiambrera, estuvo colocado bajo el asiento del conductor desde el 5 de octubre hasta el día 16 de ese mismo mes, y cuya existencia fue revelada por el propio Solana tras ser detenido por la Policía.
El funcionario utilizó habitualmente su vehículo sin saber que contenía una bomba de ETA. A consecuencia de ello, sufre un cuadro ansioso-depresivo por el que ha estado incapacitado para sus ocupaciones habituales durante 512 días, quedándole como secuela un síndrome depresivo por estrés postraumático que "determina su incapacidad permanente absoluta para todo tipo de profesión u oficio".
Entre las pruebas de cargo, el tribunal destaca la pericial de explosivos, que concluyó que el artefacto colocado en el vehículo de Pérez Osuna "hubiera causado necesariamente la muerte del conductor y la de cuantas personas hubieran viajado con él en el vehículo".
El tribunal valora como prueba la declaración policial de Solana tras su detención, que "viene avalada por el hecho cierto de que fue ésta la que permitió descubrir y desactivar el artefacto instalado en el vehículo de Emilio Pérez Osuna, quien llevaba conduciendo con el artefacto bajo el asiento del conductor más de diez días sin percatarse de ello, elemento objetivo externo que avala la credibilidad de cuanto dice".
Por todo ello, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena a Olarra Guridi a 15 años de prisión como autor por inducción de un delito intentado de homicidio terrorista, concurriendo la agravante de alevosía. Deberá indemnizar a su víctima, de forma conjunta con Iragi y Solana, con un total de 101.200 euros, que se desglosan en 51.200 euros por las lesiones y 50.000 euros por las secuelas psíquicas.
Durante el juicio celebrado por estos hechos el pasado 27 de abril, el que fuera miembro del "grupo Andalucía" de ETA Harriet Iragi aludió este martes a un supuesto problema de "alzheimer" para justificar su falta de respuestas al ser preguntado, en calidad de testigo, por su participación en el atentado.
Ante las insistentes contestaciones de Iragi señalando que no recordaba nada de esta acción, que supuestamente le ordenó cometer Olarra Guridi, el representante del Ministerio Fiscal le preguntó si sufría de algún problema de memoria, a lo que Iragi respondió: "Sí, sufro alzheimer".