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El etarra Iurrebaso tenía los teléfonos de un diputado y un ex comisario

El Gobierno no reconoce que Jon Iurrebaso fuera un negociador en el llamado "proceso de paz", contrariamente a lo que el etarra declaró a la juez francesa Laurence Le Vert al ser detenido. El Mundo cita este jueves distintas fuentes al informar de la investigación de la agenda telefónica incautada al terrorista. Desde el Gobierno, se niega toda relación. Otras "fuentes de la investigación", en cambio, han indicado al mismo diario que los dos números de teléfono que Iurrebaso esgrimió como salvoconducto corresponden a "un parlamentario y un ex comisario".

El Gobierno no reconoce que Jon Iurrebaso fuera un negociador en el llamado "proceso de paz", contrariamente a lo que el etarra declaró a la juez francesa Laurence Le Vert al ser detenido. El Mundo cita este jueves distintas fuentes al informar de la investigación de la agenda telefónica incautada al terrorista. Desde el Gobierno, se niega toda relación. Otras "fuentes de la investigación", en cambio, han indicado al mismo diario que los dos números de teléfono que Iurrebaso esgrimió como salvoconducto corresponden a "un parlamentario y un ex comisario".
(Libertad Digital) El juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, no ha esperado a que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre el conflicto de competencias con Baltasar Garzón sobre la investigación de la agenda telefónica intervenida a Jon Iurrebaso al ser detenido el pasado 29 de marzo en Perigueaux (Francia).
 
El etarra declaró que dos de los números de teléfono anotados correspondían a corresponsales del Gobierno español que le facilitaban una movilidad sin trabas como negociador de la banda terrorista en un "proceso de paz" que el presidente del Gobierno, sin embargo, había declarado roto tras el atentado contra el aeropuerto de Madrid-Barajas del 30 de diciembre, con el que ETA asesinó a Carlos Palate y Diego Estacio.
 
Del Olmo ha enviado a la juez francesa Laurence Le Vert datos sobre la titularidad y el tráfico de llamadas de los números de teléfono, correspondientes a tarjetas pre-pago.
 
Según revela El Mundo este jueves, los números pertenecen "a un parlamentario y un ex comisario de Policía". El diario cita a "fuentes de la investigación".
 
También ha consultado a otras del Gobierno, que, según el diario de Unedisa, "negaron este extremo y añadieron que en la información remitida a la juez francesa Laurence Le Vert no reconocen que el etarra fuera un interlocutor en el proceso de paz".
 
A partir de estas escuetas orientaciones, El Mundo especula sobre la identidad del "parlamentario" y del "ex comisario" a los que sus propias fuentes han señalado como titulares de las tarjetas telefónicas pre-pago.
 
El mismo diario anota el nombre de Fernando Mariscal, ex comisario y ex responsable de la Seguridad del PSOE, implicado en el chivatazo a ETA del verano de 2006, que aún no ha sido esclarecido por el juez Baltasar Garzón en cuyas manos está el caso.
 
El País: 200 titulares de teléfonos
 
Con menos datos del caso de la agenda telefónica de Iurrebaso sale este jueves a la calle El País. Y eso que ha sido el diario que dio a conocer los pormenores de la Comisión Rogatoria enviada por Le Vert a la Audiencia Nacional.
 
Según publica el diario del grupo PRISA, Del Olmo ha enviado a su colega francesa datos de 200 titulares de teléfonos "que han tenido tráfico de llamadas con algunos de los quince o veinte teléfonos de los que la magistrada pedía información y que, a su vez, habrían tenido algún contacto con los etarras Jon Iurrebaso y Kepa Suárez, el primero de los cuales formaba parte del aparato de interlocución de ETA".
 
Como se observará, El País da por hecho que Iurrebaso era un negociador, algo que las "fuentes gubernamentales" niegan a El Mundo.
 
La Sala de lo Penal de la AN se pronuncia
 
Por otro lado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronuncia este jueves sobre el conflicto de competencias entre Garzón y Del Olmo sobre la investigación del caso. Una vez enviada por Del Olmo la información a Le Vert, el Pleno de lo Penal se debate entre dar carpetazo al asunto, por falta de contenido, o sentar doctrina para el futuro, según ha adelantado El País.

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