L D (EFE) Los querellantes son la asistente social peruana María Elena Loayza Tamayo y César Mamani, ambos ex presos políticos que estuvieron cinco años en prisión en Perú, tras lo cual llegaron a Chile en calidad de refugiados.
En declaraciones a los periodistas en los tribunales, ambos señalaron que durante 1992 y 1993 fueron víctimas de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, que les acusó de ser integrantes de Sendero Luminoso y que fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas.
La acción judicial pretende que Fujimori sea juzgado en Chile, si se confirma la decisión de no extraditarlo a Perú, donde es acusado de diez delitos de corrupción y dos de violaciones de derechos humanos, dictada por el juez Orlando Álvarez el 11 de julio pasado. La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema deberá analizar el fallo y emitir el veredicto definitivo en el caso de extradición.
En caso de que la sentencia sea favorable a la extradición, Fujimori será puesto a disposición del ministerio de Relaciones Exteriores para que lo entregue a las autoridades peruanas. Si la extradición es rechazada nuevamente, el ex presidente quedará en libertad.
En este contexto, la querella presentada este martes es considerada como una alternativa para retener a Fujimori en Chile. Al respecto, el abogado Gutiérrez dijo que "Chile está obligado a investigar y juzgar a Fujimori de acuerdo a los tratados internacionales suscritos por este país".
La extradición de Fujimori fue solicitada por el Estado peruano en enero pasado por delitos de violaciones de los derechos humanos y corrupción.
El ex presidente se encuentra bajo arresto domiciliario en Santiago a la espera de la resolución de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile.