(Libertad Digital) En el blog anónimo que ha dado pie a la investigación de Asuntos Internos y, finalmente, de la Fiscalía, la supuesta víctima del acoso sexual del comisario Mauricio Moya Lucendo describe algunos antecedentes, entre ellos, una condena a un año de cárcel.
Su historial se corresponde con el de un funcionario de estricta obediencia partidista.
Liberado por el SUP durante la etapa de Gobiernos del PP, se dedicó a la negociación sindical, e incluso escribió un libro sobre la corrupción policial [Los laberintos en la reciente historia de la Policía], a la espera de tiempos mejores.
Estos llegaron con el triunfo electoral del PSOE, que lo aupó inmediatamente a la cúpula policial.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero no desconocía, cuando lo nombró Jefe de la Unidad de Coordinación Internacional, que Mauricio Moya Lucendo arrastraba una condena a un año de cárcel, que fue ratificada por la Audiencia Provincial de Toledo el 15 de julio de 2004.
La inspectora que ha destapado los supuestos acosos sexuales y vejaciones morales de este alto cargo del Ministerio del Interior expone, en el blog que ha dado pie a la investigación contra el comisario, datos de su biografía como este relevante antecedente penal.
"He seguido un poco la trayectoria del Jefe y lo que más me sorprende es que tiene una Sentencia firme de un año de cárcel, y no precisamente por el bien de España –la sentencia es reciente, y cualquiera la puede encontrar en Internet–".
Libertad Digital ha podido verificar que, en efecto, el Tribunal Constitucional resolvió el 22 de junio de 2005 atender la solicitud de desistimiento que Mauricio Moya había elevado al Alto Tribunal para que revocase la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, del 15 de julio de 2004, que lo condenaba.
LEA AQUÍ el auto íntegro 277/2005, del Tribunal Constitucional, de 22 de junio de 2005.
Es decir, el comisario socialista había decidido recurrir su condena ante el Tribunal Constitucional el 11 de noviembre de 2004 –según la cronología incluida en el Auto de este órgano judicial–, para cambiar de opinión el 15 de abril siguiente y pedir al Constitucional que olvidase el recurso y archivase el asunto.