LD (Efe) La Ley de la Memoria Histórica enfrentó este jueves a PSOE y PP en un debate de la Universidad Menéndez Pelayo, donde el diputado socialista Mario Bedera la defendió como la norma de la "dignidad", mientras que el senador popular Ignacio Cosidó acusó al Gobierno de intentar "reabrir heridas".
Durante el debate "Ley de la memoria histórica versus reconciliación nacional", en el que también participó el hispanista Ian Gibson, Bedera explicó que esta ley está "hecha para las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil" y Cosidó le replicó que es "absolutamente parcial" y que su partido rechaza "radicalmente la existencia de una historia oficial".
El diputado socialista aseguró que este proyecto de ley "en ningún caso pretende imponer" el término 'memoria histórica', sino reconocer el derecho a la memoria personal y familiar de las víctimas, "por lo que la palabra que la definiría es la de dignidad".
Por su parte, el senador popular dijo que esta ley supone "uno de los errores más graves que ha cometido este Gobierno" porque centra el foco de atención político "sobre una de las páginas más negras de nuestra historia".
Esta ley, prosiguió, supone romper con el espíritu de la Transición, que se basaba en la conciliación y la concordia de las "dos españas" que se enfrentaron en la guerra civil, y generar una confrontación social buscada por el Gobierno porque "le interesaba en términos electorales".
Bedera afirmó que desconoce "cuál es el miedo" que tiene la "parte radicalizada" del PP –"que coincide por desgracia con la dirección"– a esta norma, pero aseguró que no todos sus miembros "piensan así".
El parlamentario popular confió en que este proyecto legislativo no llegue a la Cámara Alta.
Durante el debate "Ley de la memoria histórica versus reconciliación nacional", en el que también participó el hispanista Ian Gibson, Bedera explicó que esta ley está "hecha para las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil" y Cosidó le replicó que es "absolutamente parcial" y que su partido rechaza "radicalmente la existencia de una historia oficial".
El diputado socialista aseguró que este proyecto de ley "en ningún caso pretende imponer" el término 'memoria histórica', sino reconocer el derecho a la memoria personal y familiar de las víctimas, "por lo que la palabra que la definiría es la de dignidad".
Por su parte, el senador popular dijo que esta ley supone "uno de los errores más graves que ha cometido este Gobierno" porque centra el foco de atención político "sobre una de las páginas más negras de nuestra historia".
Esta ley, prosiguió, supone romper con el espíritu de la Transición, que se basaba en la conciliación y la concordia de las "dos españas" que se enfrentaron en la guerra civil, y generar una confrontación social buscada por el Gobierno porque "le interesaba en términos electorales".
Bedera afirmó que desconoce "cuál es el miedo" que tiene la "parte radicalizada" del PP –"que coincide por desgracia con la dirección"– a esta norma, pero aseguró que no todos sus miembros "piensan así".
El parlamentario popular confió en que este proyecto legislativo no llegue a la Cámara Alta.
"Ni está en el Senado ni sinceramente yo la espero", apostilló Cosidó, a lo que el diputado socialista le replicó que la norma se aprobará con un amplio consenso y vaticinó que el PP, cuando "le toque gobernar, no la va a mover".
Por su parte, el hispanista Ian Gibson sostuvo que es "de fundamental importancia" que se produzca este debate en España porque el país tiene que "dar ejemplo de una sociedad tranquila", pero esa meta no se alcanzará hasta que no "se restituyan los muertos".
"Es perfectamente normal que la gente que tenga abuelos o padres tirados como perros en una cuneta o fosa común –entre 30.000 y 40.000 según el historiador, que no citó ninguna fuente documental como origen de este dato– quieran localizar a sus seres queridos y darles un entierro digno", agregó, y eso es algo que la derecha moderada "puede entender".
Por su parte, el hispanista Ian Gibson sostuvo que es "de fundamental importancia" que se produzca este debate en España porque el país tiene que "dar ejemplo de una sociedad tranquila", pero esa meta no se alcanzará hasta que no "se restituyan los muertos".
"Es perfectamente normal que la gente que tenga abuelos o padres tirados como perros en una cuneta o fosa común –entre 30.000 y 40.000 según el historiador, que no citó ninguna fuente documental como origen de este dato– quieran localizar a sus seres queridos y darles un entierro digno", agregó, y eso es algo que la derecha moderada "puede entender".